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El crematorio que nadie quiere y que podría acabar construyéndose por "mandato judicial"
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El crematorio que nadie quiere y que podría acabar construyéndose por "mandato judicial"

Tras dos sentencias, el Ayuntamiento de Valdemoro ha tramitado el expediente de ejecución que comenzó en 2013. Los vecinos se han opuesto durante estos años y ahora ven su futuro con cierto pesimismo

Foto: Protesta de los vecinos de Valdemoro contra el crematorio. (Cedida)
Protesta de los vecinos de Valdemoro contra el crematorio. (Cedida)
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Cercano a un colegio y a un instituto, a un par de guarderías y a decenas de viviendas. Sin embargo, todo indica que el crematorio de Valdemoro terminará construyéndose tal y como se planeó en 2013. Aquel fue el año en el que la UTE Plisa, entidad dedicada a las agrupaciones y uniones temporales de empresas y ubicada en Pontevedra, según sus datos en el registro mercantil, consiguió la adjudicación de la reforma del cementerio de la localidad. La sorpresa vendría después, cuando apareció una cláusula adicional que recogía la construcción de un crematorio en ese lugar.

Dos sentencias judiciales han terminado con el silencio que, desde entonces, guardaban en el Consistorio. Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado el proyecto básico y de ejecución. Si nada lo impide, cientos de vecinos de la localidad se verán obligados a respirar el aire contaminado, según denuncian, que emanará de la infraestructura. Todos los concejales justifican su voto en que se debe a un “mandato judicial de obligado cumplimiento”.

Foto: El extraño caso del alcalde de Valdemoro y los 40 contratos adjudicados a su mano derecha

Ese 23 de febrero, el único grupo político que votó a favor, y gracias al cual salió adelante el proyecto, fue Ciudadanos. Sergio Parra es el secretario general de esta formación en Valdemoro y alcalde de la localidad, y así comienza a relatar el inicio de toda esta historia: “En 2013, el Gobierno liderado por José Carlos Boza, del PP y detenido en su día por el Caso Púnica, adjudicó el contrato a la UTE. Cuando ya se estaban haciendo las gestiones sobre el necesario informe de impacto ambiental y su examen por parte de la Comunidad de Madrid, en 2016 entró en vigor una ley que establece que no es necesario en el caso de la construcción de crematorios”.

De esta forma, la empresa reclamó que ante esta nueva normativa deberían emitirse las licencias correspondientes y aportó su proyecto visado de construcción. “En 2017 se creó una comisión de seguimiento del contrato e incluso se incoan expedientes contra la empresa. Si mal no recuerdo, llegaron a la vía judicial pero quedaron en nada”, afirma el actual edil. Un año después llegó la primera sentencia judicial cuya resolución recogía que no había ningún motivo por los que no conceder la licencia de construcción del crematorio. Pese a que desde el Consistorio recurrieron, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo desestimó.

Llegan los mandatos judiciales

Parra señala el 27 de julio de 2020 como la fecha en que dicha sentencia se hace firme. Apenas cuatro meses después, la sala de lo Contencioso-Administrativo les obligó a hacer cumplir la resolución judicial. Hasta finales de enero del año siguiente, el Consistorio no tuvo una copia completa del expediente, pues parte de él aún estaba en la Comunidad de Madrid. “En abril del mismo año, en 2021, los servicios jurídicos del Ayuntamiento lo presentaron todo ante el Juzgado. No fue hasta septiembre cuando el propio Juzgado nos dio diez días para que aprobásemos el proyecto”, continúa el alcalde de Valdemoro.

Foto: Los enterramientos van perdiendo peso. (EFE)

Poco más de una semana hubiera sido suficiente para concretar el fin de la historia si no se hubiera producido una férrea negativa por parte de los grupos políticos de la oposición para no valorarlo en la comisión informativa ni incluirlo en el orden del día del siguiente Pleno: “Se amparan en el artículo 92 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento, que dice que un concejal podrá pedir la retirada de un punto y que así se hará si consigue la mayoría simple”, relata el actual alcalde. Eso fue lo que sucedió hasta este febrero de 2022, cuando un juez ha emitido la segunda resolución al respecto: en ella instaba al Consistorio a que le dieran nombres de funcionarios corporativos o personas que estuvieran oponiéndose al cumplimiento de la sentencia.

A finales del pasado febrero, por fin, se produjo la votación en el Pleno. “El asunto quedó aprobado con los votos a favor de Ciudadanos, en contra del concejal de Más Madrid y las abstenciones del resto”, relata el propio Parra, quien recuerda aquella sesión como “muy complicada”, pues algunos concejales llegaron a abandonar la sala. Esta última sentencia, mucho más contundente que la primera, también establecía unas multas que oscilaban entre los 150 y 1.500 euros cada 20 días a aquellos que se opusieran a su ejecución, tal y como refiere el propio alcalde. Al final, desde el Ayuntamiento se ha remitido la resolución afirmativa del Pleno sin llegar a ofrecer ningún nombre en cuestión.

Movimiento contrario

Jesús Paniagua es el presidente de la Asociación de consumidores y usuarios de Valdemoro (Acusval), integrante a su vez de la Plataforma contra el crematorio. Este activista incide en que la segunda sentencia judicial “establece que hay que resolver el expediente, no si hay que hacerlo de forma aprobatoria o denegatoria de la licencia”. Según su punto de vista, aún hay tiempo para poder frenar la construcción del crematorio, aunque Parra admite que no será fácil. “Todo fue muy raro, porque en los pliegos de condiciones para ampliar el cementerio municipal no se decía nada sobre un crematorio. Apareció en unas cláusulas adicionales y, para más inri, la empresa que se llevó la contrata no se dedicaba a esto ni tenía experiencia alguna”, desarrolla el valdemoreño.

Foto: El exconsejero madrileño Francisco Granados en una fotografía de archivo. (Emilio Naranjo/EFE)

Al fin y al cabo, ha sido casi una década “en la que todos han ido dejando este tema en los cajones, olvidado, hasta que ha explotado”. En este punto, Paniagua aporta un nombre propio: Montserrat Pacheco. Según aduce, ella es la técnico de Urbanismo encargada de redactar los informes y que también ha terminado imputada en el caso Púnica: “Es quien demoraba y dilataba la información que el juez pedía al Ayuntamiento, o simplemente la ocultaba”. Parra, por su parte, afirma que la Audiencia Nacional ha exigido muchos contratos al Ayuntamiento de Valdemoro, pero no éste en concreto. Pacheco, actualmente, sigue siendo trabajadora del Consistorio.

El presidente de Acusval considera que “el alcalde teme que, si deniega la licencia, pueda suponerle una sanción por si estuviera cometiendo algún delito”, y recuerda que en el programa electoral de Ciudadanos se recogía el compromiso de “aprobar una ordenanza que estableciera una distancia mínima entre viviendas y otras infraestructuras públicas de las instalaciones molestas e insalubres”. Parra, por su parte, añade que de efectuarse dicha ordenanza sería “legislar a posterior en el caso del crematorio”.

Perjudicial para la salud

Nada de eso ha ocurrido, por lo que la zona afectada, en pleno crecimiento urbanístico, lleva años movilizándose contra la construcción del crematorio al entender que su salud se verá gravemente afectada. “Además, justo esa parte del municipio está en vaguada, así que ahí se acumularán los humos y las toxinas de una instalación que ni siquiera las corrientes de aire limpiarán”, expresa Paniagua.

placeholder Una pancarta contraria al crematorio cuelga en Valdemoro. (Cedida)
Una pancarta contraria al crematorio cuelga en Valdemoro. (Cedida)

Su asociación, en sintonía con el pensamiento del barrio, considera que “durante todos estos años se han dado situaciones sobrevenidas que deben hacer cambiar los planes de ejecución con la construcción de todas esas viviendas y escuelas para los chavales de alrededor, sobre todo teniendo un crematorio a diez minutos en coche, en Ciempozuelos”. No duda en afirmar que “se trata de otro pelotazo más como los tantos que se hicieron durante la Púnica y la Gürtel basados en construir instalaciones innecesarias”.

Por el momento, Parra determina que desde el Ayuntamiento presentarán diversos recursos para evitar o, al menos, paralizar una construcción que nadie quiere en la ciudad. Asimismo, Paniagua exige que se realice una “revisión de oficio” del contrato: “Lo vemos todo con pesimismo. Al final, el vecindario siempre es el que se tiene que tragar, y nunca mejor dicho, algo que nunca hemos necesitado y que encima es peligroso para nuestra salud por la dejadez de los políticos y su corrupción”, finaliza.

Cercano a un colegio y a un instituto, a un par de guarderías y a decenas de viviendas. Sin embargo, todo indica que el crematorio de Valdemoro terminará construyéndose tal y como se planeó en 2013. Aquel fue el año en el que la UTE Plisa, entidad dedicada a las agrupaciones y uniones temporales de empresas y ubicada en Pontevedra, según sus datos en el registro mercantil, consiguió la adjudicación de la reforma del cementerio de la localidad. La sorpresa vendría después, cuando apareció una cláusula adicional que recogía la construcción de un crematorio en ese lugar.

Tribunal Superior de Justicia de Madrid