Madrid recurrirá mañana la orden de Sanidad y pedirá medidas cauterales

La Comunidad de Madrid recurrirá en la Audiencia Nacional la orden del Ministerio de Sanidad que implica el cierre de Madrid y otros nueve municipios madrileños casi de forma inmediata. Isabel Díaz Ayuso ya avanzó en la Asamblea madrileña que, aunque cumpliría todas las órdenes, recurriría a los tribunales. Eso sí, el Gobierno autonómico solicitará medidas cauterales.

Ayuso dijo esta mañana que su Gobierno "no está en rebeldía" y afirmó que "cumplirá todas las órdenes de manera estricta". Sí avanzó como publicó este diario, que acudiría a los tribunales —como ya hizo en el cambio de fases de desescalada— "para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las normativas se ajusten a la realidad y sean justas". Ayuso se dirigió a la bancada de la izquierda para asegurar que Madrid "no es como sus socios independentistas" y, por eso, asumirá lo dictado por Sanidad mientras recurre ante la justicia a la espera de lo que el juez diga sobre las cauterales.

La presidenta afirmó que la orden escrita, “un ladrillo” (que fue debatida en el Consejo Interterritorial y apoyaron todas las comunidades socialistas mientras que las del PP, con la excepción de Castilla y León, y Cataluña se opusieron), “intenta imponer de manera unilateral un criterio que está publicado en el BOE de manera alegal”. La presidenta insistió en que su comunidad cumplirá con todos los dictámenes del Gobierno central —“por supuesto que voy a acatar las normas y las leyes, por supuesto que cumplimos la ley”, afirmó—, pero dejó claro que “recurrirá al Estado de derecho para reclamar lo que es justo para Madrid”.

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Las declaraciones de la presidenta autonómica se producen después de que el consejo de Sanidad madrileño explicara ayer que la orden anunciada por el ministro Illa “no se aprobó por consenso y, por tanto, no tiene validez jurídica”. Es decir, Enrique Ruiz Escudero dijo con todas las letras que Madrid no acataría la orden porque directamente no la consideraba válida. El consejero no escatimó en reproches al ministro y al Gobierno central, “que no ha tenido la más mínima actitud de ayudar a nuestra comunidad”, asegurando que el Ejecutivo “luchaba contra Madrid en vez de combatir el virus”.

Desde ese momento se generó un fuerte debate en torno a si Madrid podía o no incumplir la directriz, que finalmente apareció en el BOE esta mañana como resolución y no como orden ministerial. Pero la sangre no llegará al río y el debate en este momento está cerrado después de que Ayuso dejara claro que su Gobierno no está en rebeldía y cumplirá la orden mientras recurre a los tribunales.

Batalla legal

Como publicó este diario, el nuevo enfrentamiento entre Moncloa y la comunidad terminará ante la Justicia. El Gobierno madrileño empezó ayer mismo a armar la batalla legal.

Precisamente, una de las dudas era a qué instancia dirigirían el recurso. Pero esta misma mañana la Sala 3 de lo Contencioso-administrativo, del Tribunal Supremo dictó un auto en el que declara la competencia de la Audiencia Nacional a raíz de un recurso planteado por una asociación de consumidores contra un acuerdo del Consejo Interterritorial de Sanidad del 16 de julio sobre actuaciones coordinadas frente a la pandemia del coronavirus. El Supremo ahora sí deja claro que no se trata de actuaciones del Consejo de Ministros ni de comisiones delegadas del Gobierno en que sí sería competente este órgano judicial.

Por tanto, el órgano competente es la Audiencia Nacional, y también lo será para el recurso de la Comunidad de Madrid. Razona que en la conferencia sectorial participa un miembro del Gobierno, es decir, un ministro, así como representantes de todas las comunidades autónomas, por lo que lo adecuado es atribuir la competencia a la Audiencia Nacional (artículo 11 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

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Lo que quedó claro este miércoles es que la comunidad no aceptaba el encaje legal del acuerdo del Consejo Interterritorial de Sanidad y, por eso, ponía en duda que realmente la orden fuera de “obligado cumplimiento”. La orden supone el cierre de la capital y otros nueve municipios (Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas) en un máximo de 48 horas según consta en el BOE. Pero Ayuso ha decidido marcar distancia con las similitudes que desde anoche se dispararon con Madrid y el Gobierno independentista catalán, y evitará la batalla política. En la jurídica, el punto discordante está en las normas aplicadas. Para Madrid el anuncio de Illa no tiene validez porque los acuerdos del Consejo Interterritorial deben aprobarse por “consenso”.

Y mientras que para el Ministerio ese consenso se produjo en tanto a que la unanimidad no es requerida y una mayoría de comunidades aprobó la decisión, para Madrid el consenso implicaba un voto afirmativo de todos los presentes en la reunión. Cosa que no sucedió. Junto a la comunidad madrileña se posicionaron en el no Galicia, Andalucía, Murcia, Ceuta y Cataluña. Lo anunciado por Illa —y finalmente publicado en el BOE a primera hora de este jueves con formato de resolución— no es, sin embargo, una recomendación sino una imposición.

De hecho, no se trata de una orden ministerial, como anunció Illa, sino una orden comunicada a las comunidades autónomas, que ahora deberán desarrollar su propia disposición propia y publicarla en sus boletines. Eso sí, la resolución es igualmente "de obligado cumplimiento" y, a pesar de que la comunidad veía dudas jurídicas al respecto, ya ha quedado claro que la acatará.

Choque durante semanas

Después de semanas de desencuentros, intentos de acercamiento e incluso una reunión insólita en la sede de la Comunidad de Madrid, el martes ambas administraciones llegaban a un principio de acuerdo. La situación parecía enderezada cuando el miércoles al mediodía todo se revolvió. Madrid volvía a anunciar su desacuerdo sobre lo pactado previamente con Sanidad (el consejero Enrique Ruiz Escudero aseguraría después que “era rotundamente falso ese acuerdo”) y, finalmente, Illa anunciaba que impondría las restricciones vía orden ministerial (que al final fue una resolución).

En ese principio de acuerdo del martes, el Ministerio de Sanidad aceptaba la exigencia de Madrid de establecer un baremo común para aplicar a todas las ciudades con más de 100.000 habitantes. Los requisitos quedaban claros para esos municipios: que la incidencia acumulada superara los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que la tasa de positividad superara el 10% en toda la región y que la ocupación de las UCI fuera superior al 35%. Por su parte, la comunidad admitía las nuevas restricciones, dado que la capital llega al baremo pactado.

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Cuando Sanidad dio a conocer con más detalles el borrador que presentaría en el Consejo Interterritorial y los titulares apuntaron con claridad “al cierre de Madrid”, el Gobierno autonómico se apresuró a emitir un comunicado en el que volvía al desacuerdo, asegurando que esos tres requisitos no eran suficientes. Exigía más criterios a tener en cuenta (como la capacidad asistencial de Madrid) para decidir sobre las zonas restringidas. Fue la postura mantenida durante el Consejo Interterritorial que terminó con un voto contrario a la propuesta del Ministerio, una comparecencia muy dura por parte del consejero después… y la noticia, ya este jueves por la mañana, de que aun así la comunidad de que sí acatará.