Madrid avisa al TSJ que solo las restricciones evitarán medidas como las de la alarma

La Comunidad de Madrid ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la región que considere las nuevas restricciones de reunión y movilidad que fueron anunciadas el pasado viernes para que las ratifique. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso advierte de que estas medidas son necesarias para evitar que se llegue a otras "más restrictivas" y de "alcance general" como las que amparó el estado de alarma decretado el pasado marzo.

En sendos escritos remitidos a la sala de lo Contencioso Administrativo, a los que ha tenido acceso El Confidencial, Madrid argumenta que la situación epidemiológica en la comunidad hace inaplazable la toma de estas medidas, correspondientes a la orden con fecha del pasado viernes, 18 de septiembre, que recoge las medidas que fueron comunicadas públicamente y por las que se restringe la movilidad y el derecho de reunión a tan solo seis personas. Las solicitudes fueron realizadas el mismo lunes, cuando comenzaba la aplicación de la orden. Se enfatiza en todo momento que se "adoptan medidas específicas temporales y excepcionales".

"Las restricciones a la movilidad impuestas en estas 37 zonas suponen una restricción a los derechos a la libertad y la libre circulación", explica la CAM en el texto, en el que argumenta que la "incidencia resulta proporcionada y acorde a la finalidad perseguida". El Ejecutivo señala que considerando "los datos epidemiológicos, especialmente la alta transmisión" y "el incremento sustancial de los ingresos en UCI", las nuevas modificaciones "deben ser ratificadas".

Para que las medidas puedan seguir en vigor, es necesaria la ratificación del TSJ. Madrid, de hecho, estrena con esta petición una reforma legislativa realizada en los últimos días y por las que la decisión de avalar o no las medidas recae directamente en los tribunales superiores de cada comunidad. Antes de que el juez dé luz verde, la fiscalía deberá elaborar un informe sobre la solicitud. Este tipo de peticiones enmarcadas en la crisis sanitarias, de acuerdo a la reciente reforma, deben resolverse en un plazo máximo de tres días naturales. Si las medidas no fuesen avaladas por la Justicia, la Administración debería buscar otros mecanismos para su aplicación como el estado de alarma.

En el texto referido a las limitaciones de movilidad en las áreas de la región, se apunta a la relajación de las medidas preventivas y al "incremento de la movilidad" en las dos semanas previas como consecuencia del regreso de las vacaciones, así como de la 'vuelta al cole' y a la universidad. "Tiene como consecuencia directa un aumento de la transmisión", asegura en su argumentación de las nuevas restricciones que buscan "aliviar la presión sobre el sistema sanitario".

"Un mayor nivel de amenaza requiere una intervención de salud pública más enérgica en una zona concreta como la limitación" de accesos

"Un mayor nivel de amenaza (...) requiere una intervención de salud pública más enérgica en una zona concreta como la limitación de las entradas y salidas a lo estrictamente indispensable", reza el escrito, que recoge el número de personas ingresadas en UCI ("unas 380") como un "dato esencial a la hora de valorar la adopción" de lo ordenado.

La Abogacía madrileña precisa que "no estamos ante una suspensión general de estos derechos, sino ante una mera limitación" y añade que se "mantiene la total movilidad dentro de cada área". Además, enfatiza que la "suspensión de la libertad" de los ciudadanos solo es una recomendación, ya que "se desaconseja a la población los desplazamientos y realización de actividades no imprescindibles". La CAM explica que debe considerarse el carácter "prioritario y esencial" de la salud pública en las actuaciones orientadas al control de la salud "aun cuando pueda implicar el sacrificio de otros derechos e intereses, incluidos los económicos".

Las limitaciones de movilidad, las más polémicas por afectar a barrios populares mayormente y que estarán vigentes durante al menos 14 días, atañen a los municipios de Fuenlabrada, Humanes, Moraleja de Enmedio, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Getafe y Parla y a veinte zonas de la capital correspondientes a los distritos de Usera, Carabanchel, Villa y Puente de Vallecas y Ciudad Lineal.

El Gobierno regional queda, por tanto, a la espera de lo que decida el TSJ y lo hace con reveses judiciales en la retina. Uno de los más recientes afecta, precisamente, a Madrid, concretamente cuando un juez puso en duda una de las primeras acciones coordinadas, la que prohibía fumar en la calle entre otros aspectos. Aragón, Extremadura y Cataluña son algunas de las regiones que han visto como la Justicia ponía algún tipo de freno a sus medidas.