La Justicia acaba con el exclusivo corralito del club náutico de Ibiza al anular la concesión

El Club Náutico de Ibiza, como el FC Barcelona, era 'más que un club'. Ese fue uno de los argumentos que utilizó la Autoridad Portuaria de Baleares durante el proceso para renovarle la concesión, que ostenta desde 1970. El argumento sirvió para justificar que "el arraigo" del club en Ibiza, habían defendido todas las fuerzas políticas, lo ayudara a renovar la concesión frente a otras empresas. Ahora, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares anula la concesión y condena en costas al puerto, dependiente de Transportes, por insistir en un procedimiento viciado después de que una sentencia ya fallase en ese sentido hace dos años.

Las concesiones en los puertos deportivos son un lucrativo negocio que, en teoría, deberían empezar a tocar a su fin. Pero cuando no son las comunidades autónomas las que alargan las concesiones, lo hacen las autoridades portuarias cuando dependen de ellas. Uno de los casos más conflictivos es el del Club Náutico de Ibiza, una institución en las islas y a la vez un negocio muy codiciado por la cantidad de atraques de lujo que tiene casi todo el año.

Este club gestiona la concesión desde el 16 de octubre de 1970. Fue recibiendo permisos de un año desde 2010 y el 13 de marzo de 2015 solicitó otra concesión. El problema es que dos empresas habían echado el ojo al negocio y acudieron al proceso. El sistema elegido por la Autoridad Portuaria de Baleares, dependiente del ministerio pero cuyo presidente lo designa la comunidad autónoma, estableció que "los criterios que se tendrán en cuenta en la selección serán: viabilidad, oportunidad y bondad del proyecto, así como la cuantía de la inversión, memoria económico financiera y tarifas máximas, propuesta de organización de los servicios y memoria de explotación, programa de actividades culturales y deportivas de interés social".

Un club local gestiona la concesión desde 1970. Aunque caducó en 2010 ha ido teniendo 10 años de gracia y ahora hay una pelea por la nueva concesión

En mayo de 2015, el Club Deportivo Básico Doce Millas, la entidad que más ha competido para entrar en un negocio cerrado, solicitó a la APB la publicación del baremo de dicho procedimiento concursal competitivo, de forma que pudiera conocerse con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de proyectos "la valoración de los aspectos y elementos de los proyectos a presentar".

La Autoridad Portuaria se negó a publicitarlos. Solo los entregó después de que hubieran presentado las ofertas el Club Náutico de Ibiza, Doce Millas y una tercera empresa, Portocolom. Allí incluía un criterio que solo cumplían los actuales explotadores. "Se valorará el arraigo y la proyección que el club tenga dentro de la sociedad donde se desarrolla y a la que va destinado el proyecto social, cultural y deportivo, para lo que serán importantes indicadores tales como el número de socios con que cuenta el club y que se beneficiarán del mismo". En ese momento, una intensa campaña en Baleares promovió mantener el club en las actuales manos, sin empresas de fuera. En 2017, y tras declaraciones públicas a favor de la continuidad del club náutico, recibió la prórroga.

La empresa Doce Millas comenzó entonces varios contenciosos. Uno contra los criterios de baremación, por incluir el arraigo como un punto clave, lo que limitaba el acceso de nuevos competidores, algo que la Justicia europea ha promovido. Bajo la dirección letrada del catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid Francisco Jiménez de Cisneros, logró en 2018 anular el criterio del arraigo. Aun así, tres meses después, el club náutico obtenía la concesión nuevamente. El cambio en las puntuaciones no perjudicó al club náutico y siguió superando a empresas con mejor oferta económica para la Autoridad Portuaria.

La Autoridad Portuaria incluyó que "se valorará el arraigo y la proyección que el club tenga dentro de la sociedad", lo que daba ventaja al club náutico

El recurso explicaba que era imposible que tras eliminar el arraigo en el nuevo baremo el club náutico perdiera 5,2 puntos y la empresa de fuera, que carecía de implantación en la isla, cayera los mismo puntos.

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Rafael Méndez

En una sentencia notificada el pasado viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares da la razón a los demandantes. La resolución explica que el trámite elegido, el de competencia de proyectos, aunque esté menos regulado que el concurso, "se rige por los principios de publicidad, transparencia y concurrencia" y que "no deja de ser un proceso competitivo". Y añade que no permite "obviar los elementos básicos que aseguran el respeto de los citados principios. Es más, el riesgo de que dicha falta de regulación sea campo abonado para actuaciones que se desvíen del interés público obliga a acentuar el control que nos corresponde".

Por todo, señala que "la convocatoria o anuncio público para que los interesados presenten sus ofertas/proyectos debe realizarse en términos claros y precisos", pues "únicamente de este modo se podrá hacer efectivo el tercer principio: el de la efectiva concurrencia". Por todo, anula la convocatoria en la que la APB no dejaba claro qué requisitos iba a seguir.

Por todo, anula el anuncio que no explicitaba los criterios y añade un serio aviso a la Administración al condenarla a pagar las costas, "al haber sostenido la acción con temeridad" Lo hace porque recuerda que en marzo de 2018 la misma sala "ya advirtió a la APB de que el procedimiento se había iniciado con acuerdo inválido al no respetar los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia".