Carmena se opone a sus técnicos para salvar centros de El Corte Inglés del fallo judicial

Los tres centros de El Corte Inglés sentenciados por la Justicia han llevado a una complicada situación empresarial, jurídica y política en el Ayuntamiento de Madrid. Dentro del procedimiento para ver cómo se ejecuta la sentencia que declaró que tres grandes centros comerciales superaban el aprovechamiento previsto, los técnicos del Ayuntamiento de Madrid han declarado que la sentencia es perfectamente ejecutable reduciendo enormemente la superficie comercial de estos. Eso choca con la intención del concejal de Urbanismo, José Manuel Calvo, próximo a Manuela Carmena, de modificar el plan general para legalizar lo construido. El Corte Inglés y el ayuntamiento buscan fórmulas para sortear ese informe.

En 2013, el Ayuntamiento de Madrid, entonces gobernado por Ana Botella (PP), permitió a El Corte Inglés aumentar la superficie comercial de tres de sus grandes centros de Madrid. Fuentes conocedoras del caso recuerdan que en el de Serrano planteó elevar la altura —obra que no se llegó a realizar— y en los de Méndez Álvaro y Campo de las Naciones, ampliar los metros cuadrados destinados a la venta reduciendo espacio para empleados, almacenes, pasillos... El ayuntamiento lo autorizó a cambio de unos nueve millones de euros, una enorme parcela en Vicálvaro y otra en la calle Peyre, cerca de Doctor Esquerdo, para construir allí un parque.

Pero un particular recurrió y los tribunales consideraron que las licencias no habían estado lo suficientemente motivadas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló entonces esa aprobación y como consecuencia de ello los tres centros superan el aprovechamiento comercial previsto en unos 15.000 metros cuadrados. En septiembre pasado, el Supremo no admitió los recursos contra la sentencia y esta devino firme.

En campaña, Carmena está en plan proempresa: defiende a la banca y la Operación Chamartín

El problema urbanístico es mayúsculo y la Justicia ha iniciado un procedimiento de ejecución de sentencia. El caso lo lleva el juzgado de lo contencioso 29 de Madrid, el primero que dictó la ilegalidad de las licencias. El Corte Inglés ha pedido allí que se suspenda la ejecución de la sentencia, considerando que no es viable la demolición. El denunciante que inició el caso se adhirió a esa petición de forma temporal el pasado 28 de enero, y el 12 de marzo el juzgado dio dos meses para llegar a un acuerdo.

En teoría, si ninguna de las partes quiere ejecutar una sentencia que tendría unos costes enormes para El Corte Inglés, no debería haber problema. Pero hay una tercera parte: el Ayuntamiento de Madrid. El consistorio que dirige Manuela Carmena (Ahora Madrid) no tiene ningún interés en ejecutar el fallo. La alcaldesa está en plan 'business friendly' y en la campaña de las municipales se ha desligado de las críticas a la banca por los desahucios, impulsa la Operación Chamartín y negocia con las concesionarias de la M-30 para remunicipalizar el servicio pero eludiendo la bronca.

El ayuntamiento está dispuesto a modificar el plan de ordenación municipal para que los tres centros comerciales encajen dentro de lo permitido, para lo que negocian en la sombra asesorando a las partes Enrique Bardají, ex responsable de Urbanismo en el ayuntamiento, y el juez en excedencia de lo contencioso Alberto Palomar. La concejalía que dirige José Manuel Calvo, próximo a Carmena y número cinco de la lista de Más Madrid, se ha negado durante una semana a responder a las preguntas de El Confidencial.

Pero los técnicos de Urbanismo han emitido un informe en el que consideran que sí se puede ejecutar la sentencia, según fuentes conocedoras del caso. Bastaría, afirman, con reducir la superficie comercial de los centros de El Corte Inglés, lo que haría un enorme roto económico a la empresa. La situación es un tanto extraña. El ayuntamiento, que es de los condenados porque es quien dio la licencia anulada, considera que no hay impedimentos en ejecutar la sentencia. El Corte Inglés subraya que lo hizo todo conforme a la ley y que cumplió con lo que le requirió el ayuntamiento para conseguir los permisos.

La sentencia supone un varapalo para El Corte Inglés, pero también para el consistorio. Si se ejecuta, los centros comerciales perderían superficie comercial en pleno centro de Madrid e incluso afrontan la demolición parcial. Pero en ese caso, El Corte Inglés pediría al ayuntamiento que le devuelva una parcela en Vicálvaro y otra cerca de Doctor Esquerdo para compensar la construcción además de reclamar el pago de entre nueve y 10 millones de euros que abonó por las licencias. La ejecución abriría previsiblemente un nuevo procedimiento de El Corte Inglés contra el ayuntamiento, lo que hace tan chocante el informe técnico.

La candidatura de Carmena está siendo atacada por su exconcejal Carlos Sánchez Mato, hoy candidato de Madrid en Pie, por plegarse a las grandes empresas como el BBVA en la Operación Chamartín. Así que la negociación para salvar las licencias de los centros de El Corte Inglés en plena campaña electoral está siendo llevada bajo el radar.