Condenado el exalcalde que Podemos trajo a Madrid para hablar del pufo del Canal

Carlos Caicedo fue uno de los principales artífices de que el Canal de Isabel II perdiera las concesiones que tenía en el municipio colombiano de Santa Marta. De hecho, el grupo parlamentario de Podemos le trajo a Madrid en diciembre de 2016 para que hablara en la Asamblea de Madrid sobre los contratos que en esos momentos esta localidad mantenía con la filial del Canal, Metroagua (meses antes de que estallara el caso Lezo). Caicedo no pudo hablar ante el Parlamento madrileño (PP y Ciudadanos vetaron su intervención), pero el exregidor colombiano sí concedió algunas entrevistas a medios españoles hablando de los incumplimientos de la mayor empresa pública de Madrid.

Ahora, la Procuraduría General de la Nación acaba de condenarle a 12 años de inhabilitación por irregularidades en varias obras relacionadas precisamente con el sistema de suministro de agua y alcantarillado en Santa Marta (457.000 vecinos). En una resolución fechada el pasado 26 de marzo y a la que ha tenido acceso El Confidencial, este organismo público sentencia al exalcalde "por una falta gravísima" y le impone una sanción disciplinaria "de destitución e inhabilidad general para ejercer función pública por 12 años". Caicedo fue el regidor de Santa Marta hasta diciembre de 2015, pero su partido (Movimiento Fuerza Ciudadana) sigue gobernando en la ciudad.

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Según la Procuraduría, el exalcalde vulneró los principios que rigen la contratación estatal en una licitación de abril de 2014 para perforar cuatro pozos de 68 metros para el suministro de agua potable para la ciudad, con una inversión aproximada de más de 1.000 millones de pesos (hoy 283.000 euros). Santa Marta, una de las ciudades turísticas más importantes de Colombia, ha sufrido fuertes sequías y constantes racionamientos en épocas de verano. En 2014, por ejemplo, Metroagua reconocía que la "climatología fue sumamente adversa todo el año", y que solo en el mes de abril la producción de agua potable bajó un 60%, lo que obligó a construir nuevos pozos. La disminución del caudal de los ríos que abastecen el municipio provocó serias dificultades para suministrar agua potable, de ahí la construcción de los pozos.

En ese contrato, no se tuvieron en cuenta "los principios de igualdad y selección objetiva, transparencia y economía que rigen la función administrativa y la contratación con recursos públicos". Es decir, "no se garantizó la idoneidad del contratista para la construcción de las obras, ni la selección de la oferta más favorable para la entidad, a través de la exigencia de requisitos de experiencia específica, capacidad financiera y de organización proporcionales y adecuados a la naturaleza y el precio del objeto contractual". Caicedo también está inmerso en la investigación judicial por los asesinatos de tres personas en la Universidad de Santa Marta, centro del que Caicedo fue rector. La Fiscalía le investiga por supuestos nexos por el grupo paramilitar Bloque Norte.

El Canal tuvo acciones en Metroagua entre diciembre de 2001 y abril de 2017. Esta filial era una de las participadas de Inassa, que el Canal adquirió en 2001 por 73 millones de dólares. Inassa fue el 'holding' con el que el Canal desembarcó en Sudamérica. Inassa tenía el 35,8% de las acciones de Metroagua. El ayuntamiento de la ciudad, otro 28,1%. Y tres empresas locales, otro 33%. Estas últimas pertenecen a William de Jesús Vélez Sierra, un destacado contratista colombiano que está siendo investigado por la Fiscalía de ese país por vínculos con grupos paramilitares.

Caicedo y su partido fueron los principales artífices de la campaña contra Inassa y el Canal para que la compañía madrileña, a través de Metroagua, dejara de controlar la gestión del agua en el municipio. El ayuntamiento rescindió el contrato en abril de 2017 y entregó la concesión a Proactiva Medio Ambiente (del grupo francés Veolia), que dos años después también quiere dejar la concesión. Pero la rescisión del contrato en 2017 con el Canal conllevó problemas judiciales que aún no se han resuelto, ya que Inassa quiere recuperar las inversiones hechas entre los años 2012 y 2016.

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La Comunidad de Madrid quiere reclamar a la alcaldía entre seis y 10 millones de euros (aún está estudiando la cantidad) como indemnización por las inversiones realizadas entre 2012 y 2016, entre ellas varios pozos que el Canal tuvo que construir para combatir esas fuertes rachas de sequía que han golpeado a la localidad. Los activos de la compañía estaban entonces valorados en 58.000 millones de pesos colombianos (18,8 millones de euros). Caicedo culpó de los problemas del servicio al Canal, accionista mayoritario y gestor del mismo. Inassa también recaudaba los impuestos del municipio a través de R&T (firma de la que el Canal tiene el 80% de las acciones). Este último contrato, que finalizaba en 2022, fue rescindido por el ayuntamiento en 2016.