El Canal subastará 46 propiedades, pero se queda con el famoso chalé 'de las fiestas'

El Canal de Isabel II tiene previsto sacar a subasta 46 propiedades, entre las que se encuentran solares, viviendas y edificios. El objetivo es sacar rentabilidad económica a unos bienes que actualmente la mayor empresa pública de la Comunidad de Madrid no utiliza. En este listado no están los chalés o casas de campo que el Canal tiene junto a algunos de los principales embalses de la región, como los de Valmayor y Santillana, y que se han hecho famosos en muchos mentideros del Gobierno regional porque en el pasado fueron utilizados para el disfrute personal de dirigentes del PP. El objetivo del Canal es darles ahora un uso social o institucional.

El más importante es el chalé que el Canal (el ente público, no la sociedad anónima) tiene en una de las orillas del embalse de Santillana, situado muy cerca del Centro Hípico Cerro Grande y del centro penitenciario Soto del Real. La casa tiene acceso por la M-609, tiene una isleta ajardinada que limita con el embalse y está perfectamente acondicionada para residir en ella. La Comunidad de Madrid lo ha utilizado periódicamente para encuentros de trabajo, "por ejemplo, reuniones de presupuestos o reuniones especiales de los equipos de las distintas consejerías", explica una de las personas que han estado presentes en estas citas.

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David Fernández

La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes lo visitó en sus dos años y medio de mandato, antes de su dimisión, para mantener encuentros discretos y de trabajo con responsables políticos. Apodado 'la casa de la pradera' o el 'hotel', el chalé también ha sido usado por dirigentes del PP para mantener reuniones privadas y personales que nada han tenido que ver con la actividad institucional del Canal y de la Comunidad de Madrid, según han explicado a El Confidencial varias fuentes. "Estamos hablando de la segunda legislatura de Gallardón en el Gobierno regional y de las dos primeras legislaturas de Esperanza Aguirre", es decir, entre 1999 y 2011. El inmueble, heredado del Gobierno central, también fue utilizado por el socialista Joaquín Leguina y por sus consejeros.

Aunque la fama la alcanzó con los populares, cuando en algunos ámbitos de la Comunidad de Madrid se empezó a conocer como el 'chalé de las fiestas' por el uso privado que de él hacían un "número selecto y reducido de dirigentes del partido". Con varias habitaciones y baños, totalmente amueblado, el nuevo objetivo del Canal de Isabel II es que siga teniendo una función institucional, solo institucional, como centro de trabajo para las distintas estructuras de la Comunidad de Madrid. Otro chalé es el que está junto al embalse de Valmayor (se accede por la M-510 desde Colmenarejo). El Canal tenía en estas instalaciones una base náutica para impartir cursos de vela, pero lleva ya dos años cerrada. La empresa pública quiere reformar las instalaciones y montar en ellas un "centro de formación corporativo".

El Canal tiene alrededor de 300 propiedades de dominio público "afectas al servicio", es decir, dependencias que se levantaron junto a las infraestructuras hidráulicas, como los embalses, para que se alojaran los trabajadores de las mismas. La mayoría fueron construidas en tiempos en los que no aplicaban ni la Ley de Ordenación de la Edificación (de 1999) ni el Código Técnico de la Edificación (de 2006), por lo que no cumplen con unos requisitos mínimos de habitabilidad. El Canal reconoce que más de la mitad de estos inmuebles deberían someterse a importantes obras de acondicionamiento para su uso. Por eso está realizando un inventario de su situación. De las que sí se puedan utilizar, el objetivo es darles una función social y "podrá estudiarse, caso por caso, su cesión temporal a ayuntamientos cercanos para usos de interés público".

En el embalse del Atazar, por ejemplo, está lo que se llama el 'Poblado del Atazar', un conjunto residencial que antiguamente era utilizado por los trabajadores del Canal que construyeron o mantenían el embalse. Ya lleva tiempo cedido a la Conferencia Episcopal. En el embalse de Puentes Viejas, el Canal también tiene una propiedad que se utiliza para cursos relacionados con el ciclo integral del agua. Son solo algunos ejemplos. Al tratarse de bienes de dominio público no se pueden subastar porque "se deberían desafectar y asignarles un uso urbanístico lucrativo, del que ahora no disfrutan", explican desde el Canal. Por eso, el objetivo es cederlos para uso social. Fuera del ámbito de los embalses, el consejo de administración de la empresa pública aprobó la semana pasada sacar a subasta 46 inmuebles en Madrid capital y otros municipios de la región, entre los que hay solares, viviendas y edificios.

"Se trata de bienes patrimoniales que se han ido obteniendo a lo largo de los años porque, al ser Canal de Isabel II titular de suelos que sustentan infraestructuras, como pueden ser las tuberías de distribución de agua potable, le correspondía un porcentaje de aprovechamientos urbanísticos en aquellos suelos que se han desarrollado urbanísticamente, materializándose en parcelas para construir naves industriales, locales comerciales o viviendas. Todos ellos forman parte del inventario de bienes que Canal tiene previsto sacar a subasta pública para que sean adquiridos por cualquier persona física o jurídica, respetando los principios de publicidad y concurrencia", explica un portavoz de la empresa pública.

Las propiedades elegidas para subastar en esta primera fase son aquellas que no se encuentran en situación de proindiviso (es decir, pertenecen 100% al Canal) y no tienen ninguna carga. Los 46 bienes estaban tasados en 2012 en 29 millones de euros. La comunidad quiere ahora encargar una nueva tasación para saber cuánto puede obtener por ellos y contratar "una 'due dilligence' legal y técnica y la gestión de la subasta electrónica. La adjudicación de estos contratos se podría demorar hasta septiembre de 2019. Posteriormente, hay que elaborar las bases de la subasta, su publicación, la recepción de ofertas iniciales y celebrar el proceso final, por lo que nos iríamos a diciembre de 2019 o enero de 2020. Nuestra intención es acelerar al máximo todos estos trámites", concluye el portavoz de la empresa pública.