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Carmena negocia la cesión del edificio okupado de 'La Ingobernable' a los vecinos
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EL CENTRO SOCIAL IRRUMPE EN LA CAMPAÑA

Carmena negocia la cesión del edificio okupado de 'La Ingobernable' a los vecinos

La última propuesta en la que trabajaba el Ayuntamiento para dar utilidad pública a este espacio se centraba en convertirlo en un centro social municipal y una biblioteca de mujeres

Foto: Edificio okupado por el centro social 'La Ingobernable'. (EC)
Edificio okupado por el centro social 'La Ingobernable'. (EC)

La guerra por el céntrico edificio que la corporación de Ana Botella intentó ceder gratuitamente a la Fundación Emilio Ambasz, un espacio de 3.000 metros cuadrados y situado en pleno eje del Prado —calle Gobernador—, ha acompañado a Manuela Carmena durante la toda la legislatura. Ahora vuelve a colarse en la agenda de la campaña electoral. Después de que se lograrse tumbar el pelotazo de Botella con Ambasz, previa indemnización de 1,4 millones de euros a la fundación, el edificio fue okupado para convertirlo en un centro social, que lleva por nombre 'La Ingobernable'. Un proyecto que cuenta con el apoyo directo de una parte del Gobierno municipal, pero al que Manuela Carmena se ha enfrentado y abierto acciones judiciales. Las negociaciones se han intensificado durante las últimas semanas y se habría llegado a un compromiso pendiente de buscar su encaje legal para que, antes del final de la legislatura, se asegure la cesión del espacio durante cuatro años más.

La última propuesta en la que trabajaba el Ayuntamiento de Madrid para dar utilidad pública a este espacio se centraba en convertirlo en un centro social municipal y una biblioteca de mujeres, además de otras posibles necesidades dotaciones del barrio. Tras declinar reunirse con la asamblea de 'La Ingobernable', el Ayuntamiento convoca a otros agentes sociales para debatir sobre el futuro del edificio. Finalmente, de ese proceso de debate, del que participan la Asociación Vecinal del Barrio de las Letras, el AMPA del CEIP Palacio Valdés y el Centro Social La Ingobernable, se llega a un acuerdo para definir un plan de usos. Ante la falta de tiempo, se acuerdo solicitar al Ayuntamiento que garantice la cesión del espacio a estos colectivos, con un modelo de autogestión, mientras se define y se implanta el plan.

El ayuntamiento habría aceptado esta propuesta en una reunión producida a principios de marzo y con la presencia de la portavoz del Gobierno municipal Rita Maestre, además de Pablo Fernández y Eric Hernando, como representantes de la Junta de Distrito Centro, pero el recelo es patente entre ambas partes, principalmente después de que Ahora Madrid votase en un pleno del distrito a favor de convertir el edificio en un centro de salud. Desde el Ayuntamiento declinan entrar a realizar valoraciones sobre este proceso, mientras que evitan confirmar o desmentir el principio de acuerdo.

La inminencia de la campaña electoral tampoco ayuda. El PP incluyó entre los lemas de su campaña, que desplegó en carteles publicitarios en el metro, el de 'Los okupas no quieren a Almeida', acompañado de una foto de la fachada del edificio y el argumentario de que "con Carmena los okupas de 'La Ingobernable' mantienen un edificio de propiedad municipal en el Paseo del Prado que ha costado a los madrileños 1,5 millones de euros, sin que haga nada para recuperarlo".

El acuerdo firmado por los agentes sociales y trasladado al Ayuntamiento plantea mantener el proyecto de un centro social autogestionado

Las desconfianzas son mutuas y más de un centenar de colectivos que apoyan el proyecto de 'La Ingobernable' han elevado la presión convocando una manifestación el 11 de mayo, coincidiendo con el aniversario del proyecto, pero también con el arranque de la campaña electoral. Su petición es que el Gobierno municipal "cumpla" con su supuesta promesa. "Hay que defender 'La Ingobernable' porque se va a utilizar como arma arrojadiza bajo intenciones electoralistas", explican fuentes vinculadas al centro social. "Aunque desde 'La Ingobernable' siempre hemos estado dispuestas a dialogar, no va a ser ni este ni ningún otro consistorio el garante de nuestra permanencia. Será el apoyo del movimiento, los colectivos y las vecinas y vecinos lo que defenderá este espacio ante las amenazas y el intento de usarse como arma arrojadiza con intereses electoralistas en los próximos meses", añaden, para concluir que "el proceso de recuperación debe continuar independientemente del color del partido que gane las próximas elecciones".

El acuerdo firmado por los agentes sociales y trasladado al Ayuntamiento de Madrid plantea mantener el proyecto de un centro social autogestionado y, a partir de este acuerdo inicial, "abrir un periodo de debate con toda la ciudad de Madrid acorde a los ritmos de un verdadero proceso democrático. Por eso, acordamos que el periodo del convenio que se propondrá al Ayuntamiento debe contar con el tiempo suficiente para decidir qué usos debe tener el espacio: una duración de 4 años y sobre el cien por cien del espacio del edificio de la calle Gobernador".

Foto: Edificio okupado por el centro social 'La Ingobernable'. (EC)

Unas exigencias mínimas con el "objetivo es avanzar hacia un modelo de carácter más estable que garantice el desarrollo de los principios antes mencionados". Un proceso en el que, según entienden, se debe "salvaguardar el principio de protagonismo vecinal y colectivo, y confiar en la capacidad de autoorganización de las vecinas y vecinos para decidir sobre nuestros propios espacios".

La guerra por el céntrico edificio que la corporación de Ana Botella intentó ceder gratuitamente a la Fundación Emilio Ambasz, un espacio de 3.000 metros cuadrados y situado en pleno eje del Prado —calle Gobernador—, ha acompañado a Manuela Carmena durante la toda la legislatura. Ahora vuelve a colarse en la agenda de la campaña electoral. Después de que se lograrse tumbar el pelotazo de Botella con Ambasz, previa indemnización de 1,4 millones de euros a la fundación, el edificio fue okupado para convertirlo en un centro social, que lleva por nombre 'La Ingobernable'. Un proyecto que cuenta con el apoyo directo de una parte del Gobierno municipal, pero al que Manuela Carmena se ha enfrentado y abierto acciones judiciales. Las negociaciones se han intensificado durante las últimas semanas y se habría llegado a un compromiso pendiente de buscar su encaje legal para que, antes del final de la legislatura, se asegure la cesión del espacio durante cuatro años más.

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