El efecto Iglesias dispara los robos un 60% en Galapagar y el alcalde se pone cámara

Galapagar encabeza una ‘negra’ estadística. Es el municipio de la Comunidad de Madrid donde más subieron las infracciones penales en 2018: un 24,7% respecto a 2017. Esta localidad del oeste de la región (33.000 vecinos) se ha hecho famosa desde que los dos principales líderes de Podemos, Pablo Iglesias e Irene Montero, se trasladaron a una de sus urbanizaciones tras adquirir su mediático chalé, protegido las 24 horas por la Guardia Civil. Una mudanza que se está utilizando como arma arrojadiza en la guerra de cifras y argumentos que enfrenta al ayuntamiento, gobernado por el PP, y a todos los sindicatos policiales, que reclaman desde hace ya mucho tiempo una mejora de sus condiciones laborales.

Lo cierto es que las cifras revelan que Galapagar sufre un problema de seguridad. Mientras que la estadística de criminalidad que hace pública el Ministerio del Interior refleja una leve subida en las infracciones penales en el total de la Comunidad de Madrid —un 2,3%—, en Galapagar se ha disparado al 24,7%, el mayor incremento producido en la región. Sobre todo en robos con fuerza en domicilios y establecimientos, que han crecido un 59%. Solo en 2018 hubo 152 asaltos a viviendas (por 107 en 2017). Los vecinos informan casi a diario en las redes sociales de lo que está pasando.

El pasado sábado 2 de marzo, por ejemplo, unos ladrones entraron en una vivienda de Parque Lagos con sus inquilinos dentro. Esa misma noche, se robó en el interior de dos vehículos (uno de los delitos más frecuentes en el municipio). En la noche del domingo, se dañaron otros seis coches. También robaron en un comercio de la plaza Alfonso X, llevándose el poco dinero que había en la caja registradora. Y todo en un solo un fin de semana. El problema de Galapagar es que es una de las localidades madrileñas con el término municipal más extenso, con muchas urbanizaciones alejadas entre sí, mucho territorio que cubrir para una Policía Local diezmada con el paso de los años.

Los asaltos con los propios vecinos dentro de casa se han generalizado. El 18 de enero, robaron en un chalé y amenazaron a los propietarios para que les dijeran dónde tenían la caja fuerte. Consiguieron escapar y encerrar al ladrón dentro de la vivienda, que huyó por una ventana. Dos días antes, el 16 de enero, un niño de 12 años se encontró otro ladrón dentro de su casa. Robó 500 euros y huyó. El 13 de enero, los ladrones fueron más allá y realizaron un secuestro exprés de dos menores para obligar a su madre a ir un cajero a sacar dinero. Fueron detenidos poco después.

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Como solución, el ayuntamiento ha ido instalando poco a pocos 82 cámaras de seguridad (conectadas con la comisaría local) para intentar controlar las zonas más importantes de Galapagar. Uno de los últimos dispositivos se ha instalado justo en la entrada de la urbanización en la que reside el alcalde, Daniel Pérez. El problema se ha recrudecido en 2018, justo cuando los dos líderes de Podemos se instalaron en el municipio. De hecho, el Gobierno local, del PP, está usando la llegada de estos ilustres vecinos en la guerra que mantiene con los sindicatos policiales.

El regidor ha escrito al ministro del Interior pidiéndole que incremente la plantilla de la Guardia Civil en Galapagar, teniendo en cuenta que son los agentes de ese destacamento los que se encargan desde hace meses de la vigilancia las 24 horas de la residencia de Iglesias y Montero. El ayuntamiento quiere que se incorporen al cuartel del municipio el mismo número de guardias que dejan de patrullar las calles por custodiar la vivienda de los líderes de Podemos. En principio, solo hay un guardia por turno en tres turnos diarios (cinco agentes en total a la semana, para respetar los descansos).

"Utilizar la vigilancia del chalé de Pablo Iglesias no es más que una cortina de humo que el PP usa para desviar la atención, porque, como todo el mundo entenderá, un solo guardia civil por turno no arregla el grave problema de seguridad que existe en el municipio", explica José Cordero, de CSIF. Este sindicato, junto a UGT y CPPM, reivindica mejoras en sus condiciones laborales y recalca que la plantilla local está bajo mínimos. En 10 años, la Policía Local ha bajado de 70 a 42 efectivos, "y ahora más del 80% de los agentes han solicitado que se les permita irse del municipio en comisión de servicio". Solo en 2018 se han marchado ocho agentes, y en 2019 habrá otra baja más por jubilación.

El ayuntamiento ha anunciado que acaba de incorporar nueve policías, pero ocho de ellos están en prácticas, es decir, no están armados, no poseen experiencia y tienen horarios parciales. El Gobierno local también ha anunciado la compra de cuatro nuevos coches, "cuando no es más que la renovación de un contrato de 'renting', que curiosamente vence poco antes de las elecciones locales. Nueva foto, nueva mentira. Llevamos un año prestando servicio cada dos por tres con vehículos de alquiler sin rotular ni equipar, porque los patrullas literalmente se caen a pedazos", explican los sindicatos.

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Los policías ya se han manifestado nueve veces en los últimos meses exigiendo una negociación colectiva que mejore sus condiciones laborales. Los agentes que trabajan en Galapagar no tienen ningún plus reconocido en la nómina, ni de penosidad, ni de turnicidad ni de nocturnidad. Además, señalan que si se ponen enfermos, los tres primeros días de baja no cobran. "Eso no pasa casi en ninguna policía de Madrid". Lo cierto es que los policías están haciendo públicas sus reivindicaciones. ¿Por qué han subido tanto los robos?, ¿hay un efecto llamada porque los ladrones saben que hay un déficit de agentes en el municipio?

"Nuestra opinión es muy clara. La falta de condiciones laborales provoca que los policías de Galapagar busquen una salida en otras plantillas locales que ofertan mejores condiciones. Y poco a poco se han ido agentes. Este déficit se ha notado en las calles, en el sentido de no poder atender todas las llamadas, no llegar a tiempo a los lugares donde se estaban cometiendo los delitos... Y, por supuesto, al haber menos personal se realizan menos controles, menos identificaciones. En definitiva, el trabajo preventivo que se podría hacer con tres o cuatro patrullas por turno es imposible realizarlo con una o dos patrullas como hay ahora", señala José Cordero.

Los sindicatos niegan que la llegada de Iglesias y Montero al municipio haya repercutido negativamente en la seguridad del mismo. "Lo único cierto es que antes había 70 policías locales y ahora hay 42. El ayuntamiento es el responsable de revertir esta situación y en lugar de desviar la atención de lo que realmente está sucediendo debería hacer frente al problema y tomar las medidas adecuadas para solucionarlo". Desde el consistorio, prefieren ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío.

"En los últimos cinco años, los datos de criminalidad en Galapagar han sido especialmente bajos, por lo que cualquier subida sobre esos mínimos supone un incremento significativo. Debemos reseñar que aunque lamentablemente algunos delitos se han incrementado, otros han descendido muy significativamente, como son los robos con violencia o intimidación, que han bajado un 46%, o los robos de vehículos, que han descendido un 75%. Lo delitos graves de lesiones y riñas han bajado un 70%".

En cuanto a la reducción de la plantilla, desde el ayuntamiento señalan: "Debemos decir que estamos prácticamente en la media de efectivos de policía local por cada 1.000 habitantes que recomienda la Federación Española de Municipios y Provincias. No obstante, el alcalde de Galapagar ha reiterado en varias ocasiones a la Delegación del Gobierno la necesidad de incrementar los efectivos de la Guardia Civil ante el descenso de efectivos dedicados a la seguridad ciudadana, ya que un número importante de los mismos están prestando servicio de seguridad estática a un portavoz parlamentario".

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El portavoz municipal niega además que el alcalde haya colocado expresamente una cámara de seguridad (controlada por la Policía Local) para proteger su residencia. "Esa cámara es la ubicada frente al Instituto Cañada Real y también da cobertura a la entrada de la urbanización en la que residen 60 vecinos, entre ellos, el regidor. Además, es preciso resaltar que se han instalado cámaras en prácticamente todas las urbanizaciones del municipio, y esta en concreto es una de las últimas instaladas de las 82 repartidas por todo Galapagar".