últimos datos de 2017

Madrid solo ayuda a pagar luz y gas a 308 hogares, aunque 230.000 deben recibos

La Comunidad lleva tres años dando ayudas a consumidores vulnerables. En 2018 cambió el sistema y cedió la gestión de estos fondos a los ayuntamientos, aunque aún no hay datos

Foto: ¿Cuánto va a subir la factura de la luz en 2019?
¿Cuánto va a subir la factura de la luz en 2019?

El balance se puede calificar de pobre. El Gobierno regional solo concedió en 2017 (los últimos datos oficiales) 308 ayudas económicas para que otras tantas familias madrileñas pudieran pagar la luz y el gas en su domicilio. Aunque la partida inicial en el presupuesto era de dos millones de euros, la Consejería de Políticas Sociales y Familia solo gastó 200.843 euros, el 10% del total. José Manuel López, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, asegura que la Comunidad diseñó un sistema de subvenciones "inútil" que no ha servido para corregir los altos porcentajes de pobreza energética que hay en la región.

El decreto aprobado por el Gobierno central en diciembre de 2016, que regula la figura del consumidor vulnerable, señala que uno de los principales indicadores para medir la pobreza energética es el retraso de las familias a la hora de pagar sus suministros de agua y luz, que en España afecta al 9% de los hogares; es decir, 230.000 solo en la comunidad de Madrid. El Ejecutivo regional ya se había adelantado en algunas de las medidas que recoge el decreto estatal y había firmado en diciembre de 2015 un convenio con las empresas comercializadoras "para la protección de los consumidores en situación de vulnerabilidad", que incluía una línea de ayudas económicas.

De momento, ya se han tramitado dos convocatorias de ayudas con pésimos resultados. En 2016 se presupuestó un millón de euros y solo se gastaron 224.210 euros, concediendo subvenciones a 1.204 solicitantes. Es decir, una media de 186 euros por familia. La de 2017 fue aún peor. Aunque la partida inicial se dobló hasta los dos millones de euros, solo se gastaron 200.843 euros para ayudar a 308 solicitantes, una media de 652 euros por casa. La consejería no ofrece datos de 2018, ya que cambió el sistema. Ya no se paga directamente la ayuda a los beneficiarios a través de las suministradoras, sino que desde el año pasado el dinero lo gestiona el ayuntamiento donde está empadronado la familia. El objetivo es agilizar la gestión y llegar a más perceptores.

"La Comunidad de Madrid ha decidido abandonar su sistema y pasar el dinero a los ayuntamientos como les permite un nuevo decreto aprobado por el Gobierno en 2017, pero sin un procedimiento claro. Los ayuntamientos no saben qué tienen que hacer, y la Consejería tampoco. Así que, a la espera de conocer los datos de 2018, lo más probable es que la ejecución sea menor que la de 2017, pero ya tienen excusa. Dirán que han sido los Consistorios", señala el diputado López. Lo que ha hecho Madrid es ajustar la normativa regional a la nacional, que dice que los consumidores vulnerables no tendrán que abonar sus recibos siempre y cuando los servicios sociales de su ayuntamiento emitan un informe favorable para que se les considere como tal.

Ángel Garrido junto a la consejera de Políticas Sociales y Familia, María Dolores Moreno (derecha). (EFE)
Ángel Garrido junto a la consejera de Políticas Sociales y Familia, María Dolores Moreno (derecha). (EFE)

El Ayuntamiento que dictamine que una persona debe ser considerada consumidor vulnerable pagará el 50% de la factura de luz o gas con el dinero que le ha transferido la Comunidad. El otro 50% lo paga la suministradora. La cuantía económica que recibe cada familia dependerá del número de miembros que la componen. Si solo tiene uno recibirá un máximo de 720 euros durante seis meses. Si es de cuatro miembros sube a 918 euros. Luego por cada nuevo miembro a partir del cuarto se suman 7,25 euros al mes. Esto para la factura de la luz. El gas oscila entre los 90 y los 123 euros mensuales (2,29 euros de más a partir del cuarto miembro).

Desde la consejería señalan que "se han concedido el número de solicitudes que cumplían con los requisitos que recogen las bases" y recalcan que esta no es la única ayuda que combate la pobreza energética. "La Comunidad de Madrid, a través de los convenios suscritos con los Ayuntamientos, destina más de 30 millones de euros a los servicios de atención primaria que a través del fondo de emergencia social también destina ayudas para pagar la luz y el gas de personas vulnerables". Desde la consejería reconocen que se puede mejorar: "Se está trabajando para que estas ayudas lleguen a más madrileños, y actualmente estamos en conversaciones con la consejería de Hacienda y con las empresas que gestionan la luz y el gas para elaborar un nuevo sistema de gestión".

¿Quién puede solicitar estas ayudas? El primer requisito es ser residente en la Comunidad de Madrid y que su ayuntamiento certifique que está en "situación de precariedad económica", lo que imposibilita el pago de facturas de electricidad o gas. El solicitante no debe percibir además ingresos, subsidios, ni prestación alguna procedente de cualquier entidad pública o privada, salvo que los servicios sociales municipales lo avalen. También hay que acreditar al menos un impago de las facturas de suministro de electricidad o gas.

Podemos recalca que el sistema ideado ha sido muy complicado, lo que se ha traducido en la baja participación. "En las ayudas de 2016 y 2017 las convocatorias empezaron en octubre y solo estuvieron abiertas dos semanas. Así que a las personas que no pudieron pagar la luz en enero, febrero y marzo cuando llegó la convocatoria siete meses después, ya les habían cortado la electricidad y no tenían en mente pedir una subvención que ya carecía de sentido", explica José Manuel López. Las solicitudes se podían presentar por Internet. "Quien no puede pagar la luz hace meses que ya no tiene internet. Además, encontrar la convocatoria de ayudas en la página web de la Comunidad era una yincana. A mí me costó 15 minutos y que estoy muy familiarizado. Es imposible para una persona en exclusión".

Los requisitos son ser residente en Madrid, tener un certificado de precariedad económica y acreditar, al menos, un impago en los recibos de luz o gas

La otra forma de pedir estas ayudas era cualquier Oficina de Asistencia en Materia de Registro. "Si es que sabes qué es y dónde están. Son muy pocas y no tienen relación con los servicios sociales municipales. Además, para estas ayudas hace falta un certificado de estos servicios sociales, ¿por qué entonces no se tramitaron en esos dos primeros años directamente en los ayuntamientos? Pues para que los beneficiarios no pensaran que la ayuda se las daban los ayuntamientos. Un electoralismo indigno cuando hablamos de personas en exclusión con grandes problemas", sentencia López. Desde 2018 los ayuntamientos ya gestionan los fondos.

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