El colapso del sistema de asilo deja Madrid con más de 50.000 solicitantes en 2019

La imagen de varias familias durmiendo a las puertas del Samur Social en pleno centro de Madrid copó las portadas de los medios de comunicación el pasado mes de noviembre. La emergencia social, de sobra conocida, escaló a cotas mayores con imágenes en las que se veía a menores de edad pasando la noche en la calle con los termómetros marcando tres y cuatro grados. La presión se volvió aún mayor sobre el ayuntamiento de la capital. El mismo que llevaba meses advirtiendo de la difícil situación y dejando claro que el sistema nacional de asilo se encuentra colapsado por completo.

Los datos hablan por sí solos: la Comunidad de Madrid cerrará 2019 superando las 50.000 solicitudes de asilo, más del doble de las registradas en 2018. Los datos provisionales acumulados entre el 1 de enero y el 30 de noviembre publicados por el Ministerio del Interior ya situaban el número de peticiones en 49.323 en esa fecha. Fuentes del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social que dirige Pepe Aniorte (Ciudadanos) confirman que al término de este año la cifra de las 50.000 quedará superada ampliamente.

El ayuntamiento lleva meses urgiendo a una reforma del sistema de asilo, entendiendo que es el problema de fondo. El defensor del pueblo maneja la misma tesis y asegura que el sistema actual ya no funciona ni puede responder ante la realidad de los últimos tiempos. Aunque los contactos entre el ayuntamiento y el Gobierno central se han sucedido en los últimos meses, la institución municipal que dirigen PP y Ciudadanos en coalición no esconde su preocupación: la red municipal está completamente saturada y la capacidad del consistorio es muy limitada si el Ejecutivo central no toma las riendas.

El área dirigida por Aniorte considera que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez se ha puesto de perfil ante los últimos acontecimientos que soporta la ciudad. El diagnóstico está encima de la mesa. Madrid es la primera comunidad receptora de solicitudes de asilo, seguida de Cataluña, que hasta noviembre recibió 12.497 (cinco veces menos). El país de origen más común es Venezuela, y el resto de la lista lo encabezan Colombia, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

El estado de alerta social no es nuevo. Ya el anterior consistorio de Manuela Carmena denunció la situación y a lo largo de 2019 ha ido empeorando. La red del ayuntamiento tiene unas 4.070 plazas pensadas para diferentes perfiles, aunque el mayoritario es el de personas sin hogar. En ningún caso la red se planteó en sus orígenes como canal de acogida de refugiados y, precisamente la falta de previsión y el hecho de que históricamente no ha existido esa necesidad, las plazas son insuficientes.

Con la llegada del nuevo Gobierno municipal, se celebró una primera reunión con los ministerios implicados en el asunto: el de Interior y el de Trabajo y Migraciones. El objetivo era aumentar la coordinación y dotar de mayor agilidad las solicitudes. En octubre, se produjo un nuevo encuentro en el que se decidió abrir un centro de acogida en Madrid. El consistorio ofreció distintas ubicaciones al Ejecutivo y la única elegida fue un centro de campamentos en Cercedilla de 130 plazas que finalmente alcanzó las 150. En una semana, se llenó. El resto de opciones no convencieron al Gobierno.

La última reunión de trabajo se celebró hace un mes —el 29 de noviembre— y además de las administraciones acudieron organizaciones como Unicef, Acnur y Save The Children. La conclusión fue la misma: urge reformar el sistema de asilo y poner en marcha uno nuevo con previsión de recursos y adaptándolo a la situación real. El temor del ayuntamiento es que el Gobierno central no afronte la situación y siga apostando por soluciones temporales. La institución municipal insiste en que no tiene las competencias ni la capacidad para solucionar un problema que afecta a esta comunidad especialmente, pero que es de índole nacional.

Entre las medidas que pondrán en marcha la región y el ayuntamiento madrileño por sí solos, está un centro de emergencia temporal con 20 unidades de módulos prefabricados y un aforo de hasta 200 personas. La ubicación todavía se desconoce, pero el convenio firmado entre ambas administraciones permitirá que se inaugure a principios del nuevo año. La idea es que los solicitantes de asilo no permanezcan más de 20 o 30 días en el centro, gestionado por el Samur Social, el tiempo necesario para tratar de normalizar su situación.