Trabajadores del Samur Social denuncian las deficiencias en la atención a refugiados

El comité de empresa de Grupo5, encargada de gestionar el Samur Social del Ayuntamiento de Madrid, ha hecho sonar la alarma sobre las condiciones de los centros que acogen principalmente a refugiados en la capital. Sobreocupación, falta de personal y recursos o precariedad son algunas de sus principales quejas que, advierten, "están provocando graves problemas de salud", por lo que han instado a realizar más inspecciones. La empresa fue adquirida el pasado año por un fondo de inversión y, según denuncian varios de sus trabajadores, sus condiciones laborales han empeorado a la par que la atención a los usuarios, aunque tanto desde el departamento de servicios sociales del Gobierno municipal como desde su actual propietaria -Corpfin- coinciden en asegurar que se siguen cumpliendo las cláusulas del pliego de condiciones por el que la empresa renovó el contrato público mediante concurso en 2016 e, incluso, que las condiciones mejoran las del convenio de intervención social al que se acogen.

Unas cláusulas que tildan de insuficientes desde el sindicato mayoritario de la empresa, Co.bas. El centro Cemus (centro municipal de urgencias sociales) está en el disparadero por episodios ocurridos durante las últimas semanas, al superar con creces la ocupación de sus 30 plazas, menores entre ellos, contar únicamente con un auxiliar a pesar de la conflictividad -llegando a precisarse en una ocasión la presencia policial- o no aislar a personas con enfermedades contagiosas cuando los espacios son comunes, incluyendo las habitaciones con literas. "El centro está pensado para atender emergencias colectivas y cuando se desactivan se cierra, pero ahora se ha desvirtuado esa función, alojando a gente durante periodos que llegan al mes y medio, sin estar preparado para uso residencial", explica Elena Fernández, trabajadora social y responsable del sector de intervención social de Co.bas.

Sin agua caliente suficiente para todos los refugiados instalados en el centro, un servicio de alimentación a base de comida precocinada y diversas familias compartiendo la misma habitación, y hasta litera, la situación ha generado que diversos trabajadores alerten a sus superiores y reclamen más medios, aunque de momento sin resultados. Denuncias que también han sido infructuosas en el Ayuntamiento del "Refugees welcome", lamentan con sarcasmo, en referencia a la pancarta que cuelga en la fachada del Palacio de Cibeles. Hace unos días, uno de los menores alojados contrajo una enfermedad contagiosa. No fue aislado pese a la insistencia de las trabajadoras. Los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, según aseguran, ni siquiera se personan en el centro al trabajar en otro edificio. La única auxiliar debe encargarse de toda la logística y gestión, incluso de distribuir las comidas, a pesar de que subrayan sobre ella su "sobrada competencia".

Una de las cartas enviadas por trabajadoras a sus superiores da cuenta de episodios de traslados en los que las familias de refugiados, principalmente solicitantes de asilo de origen sirio y venezolano, ni siquiera son avisados de este extremo ni tampoco en el propio Cemus. En definitiva, coinciden en señalar que este recurso, en referencia al centro de acogida, no es adecuado para alojar a familias y menos con menores. En un principio se concibió para atender urgencias o personas sin hogar de forma puntual, por lo que está previsto que solo esté operativo 60 días al año. "El centro no está condiciones para realizar este tipo de alojamientos y desde el Ayuntamiento no hacen una correcta supervisión", concluye Fernández.

"El centro está pensado para atender emergencias, pero ahora se ha desvirtuado esa función, alojando a gente durante periodos que llegan al mes y medio"

El foco de trabajadores y sindicatos se dirige al Ayuntamiento, aunque apuntan que "la visión social que tenía antes Grupo5 choca con la visión estrictamente empresarial del fondo de inversión que se limita a gestionar recursos sin una perspectiva social". Desde Corpfin niegan este extremo y señalan que además de cumplir con creces el pliego de condiciones de la contratación han desarrollado líneas de actuación ética y con visión social. El Ayuntamiento también mantiene que se siguen cumpliendo las condiciones requeridas. Con todo, han documentado como diferentes familias con niños conviven en un espacio en el que ni siquiera tocan a una cama por persona.

La municipalización del servicio es una de las principales demandas del sindicato mayoritario en el comité de empresa, "es el problema de fondo de lo que sucede con el sector social", argumentan desde Co.bas. Si fuese municipalizado, insisten, se evitaría cierto "descontrol que se genera por la gestión externa, sería más barato y el Ayuntamiento tendría más capacidad de intervención y decisión".

El contrato de gestión firmado en septiembre de 2016 y con vigencia de tres años, se realizó por un coste de 22,7 millones de euros. Entonces se aplaudió que permitiese pasar de doce equipos de calle a 18 y de diez unidades móviles a quince, además de incrementar las plazas de alojamiento en dispositivos de emergencia. Nueve meses después de firmarse la renovación del contrato, la empresa adjudicataria fue adquirida por el fondo de inversión, mediante una operación denominada por su acrónimo en inglés Bimbo ('buy-in management buy-out'), por lo que un equipo gestor externo se instala en la empresa con el equipo nativo.