El juez reactiva el caso Aneri e imputa a dos responsables de formación de la comunidad

El caso Aneri se reactiva. El juzgado de instrucción número 9 de Madrid, que lleva la investigación desde finales de 2013, ha citado en calidad de investigados a dos responsables de formación de la Comunidad de Madrid: Vicente Ferreras Carpintero, que fue jefe de área de Formación Continua del Gobierno regional bajo los mandatos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, y Valentín Bote Álvarez-Carrasco, ex director general de Estrategia y Fomento del Empleo en la Consejería de Economía. Los dos tendrán que declarar este miércoles 19 de diciembre.

El magistrado, en un auto fechado el pasado 6 de diciembre, admite así en parte la petición de la defensa de algunos de los empresarios imputados, que habían pedido cuatro nuevas declaraciones. Tras consultar con la Fiscalía, el juez solo ha citado a dos, a Ferreras Carpintero y a Bote Álvarez-Carrasco, a los que Aneri inculpó en una de sus últimas declaraciones. El caso de los cursos de formación, cuyo presunto fraude asciende a unos 15 millones de euros, toma así un nuevo empuje, ya que lleva meses sin grandes avances.

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José Luis Aneri es el principal imputado, el protagonista que ha dado nombre al caso. Un empresario cordobés que se asoció en Madrid con Alfonso Tezanos (expresidente de la comisión de formación de la patronal madrileña, también imputado). Aneri creó empresas de riesgos laborales y luego de formación, captando como clientes a las asociaciones empresariales para que sus afiliados impartieran cursos 'online'. La Policía le detuvo en febrero de 2014, con indicios suficientes de que llevaba años quedándose con el dinero de las ayudas públicas por unos cursos que no impartía. Los alumnos también eran de pega. Se sospecha que se inventó unos 15.000.

Para la última citación hay que remontarse a abril de 2016, cuando el juez imputó a Patricia Herrero García-Ramal, directora general de Formación de la Consejería de Empleo entre abril de 2012 y julio de 2015. Esta imputación provocó que la comunidad fuera expulsada como acusación particular por si en un futuro era condenada como responsable subsidiaria, pero meses después logró ser readmitida. Herrero está siendo investigada por su supuesta participación en tres delitos: fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación.

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Un total de 13 asociaciones empresariales se unieron en una plataforma para defender sus intereses. Siempre han asegurado que la comunidad fue negligente a la hora de controlar los cursos de formación y que hubo connivencia con el dúo que formaban los empresarios Aneri y Tezanos. Aunque fue una de las asociaciones quien presentó ante la Policía la primera denuncia el 17 de diciembre de 2013, el juzgado también imputó a la mayoría de los presidentes de los colectivos empresariales después de que Aneri declarara que pagaba mordidas a los empresarios.

Ferreras Carpintero fue el que detectó las primeras irregularidades en 2013 y las puso en conocimiento de su superior, Joaquín Velázquez (subdirector general de Formación de la Comunidad de Madrid entre febrero de 2012 y febrero de 2014). Llegó incluso a hacer un informe. Velázquez fue el primer responsable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda en declarar ante la Policía. Lo hizo en febrero de 2014. Aneri llevaba ya un año sin poder justificar los cursos de formación que solicitaba. En la causa está acreditado que al menos desde septiembre de 2013 la consejería tuvo constancia de la existencia de irregularidades y no lo puso en conocimiento de las autoridades judiciales hasta que una asociación empresarial lo denunció.

El juzgado llevaba ya más de dos años sin decretar nuevas imputaciones. Ya son tres los ex altos cargos de la consejería investigados

Aneri fue detenido por segunda vez en mayo de 2017 como integrante de un grupo criminal que desvió ayudas públicas para la formación de trabajadores en paro, en otro caso muy parecido por el que ya fue arrestado por primera vez en 2014. En esa operación también cayó Antonio Arroyo, uno de los mayores prestamistas hipotecarios de España y acusado repetidamente de estafa por exigir intereses impagables que luego saldaba quedándose con las viviendas de los afectados. Tras esta segunda detención, Aneri declaró voluntariamente en el juzgado número 9.

En esa declación acusó al Gobierno regional de conocer las irregularidades. Dio los nombres de la entonces consejera de Empleo, Ana Isabel Mariño, como conocedora del fraude, y de Vicente Ferreras, quien supuestamente le propuso maquillar las irregularidades al explotar el caso. Según su declaración, Ferreras le explicó en su despacho que podían reabrir el sistema informático de control de alumnos y camuflar el fraude, justificando los cursos. Además, siempre según su versión, Ferreras le enseñó a Aneri correos que evidenciaban que la consejera Mariño sabía del fraude.