Estafa de la formación: La Comunidad conocía el fraude en los cursos de formación y no lo denunció
el caso se investiga en un juzgado de madrid

"La Comunidad conocía el fraude en los cursos de formación y no lo denunció"

Manuel Castellanos representa a 13 asociaciones empresariales madrileñas imputadas en el caso Aneri. "No sabemos si detrás de todo esto hubo financiación ilegal de algún partido"

Foto: El abogado Manuel Castellanos, letrado de 13 asociaciones empresariales madrileñas. (Enrique Villarino)
El abogado Manuel Castellanos, letrado de 13 asociaciones empresariales madrileñas. (Enrique Villarino)

Manuel Castellanos, abogado de 48 años, es el portavoz de la Plataforma de Asociaciones y Fundaciones Estafadas Caso Tezanos-Aneri/vía Lusitana 21D. El nombre puede parecer confuso, pero aúna a 13 asociaciones empresariales madrileñas involucradas en lo que se conoce como caso Aneri, cuyos afiliados participaron en los cursos de formación de la Comunidad de Madrid investigados en el juzgado de instrucción número 9. Los presidentes de estas 13 asociaciones están imputados, aunque ellos se consideran "víctimas" y "los auténticos estafados" de todo este gran fraude, que podría alcanzar la suma de 15 millones de euros. La jueza Esperanza Collazos ha imputado a casi una treintena de personas, la última, Patricia Herrero, directora general de Formación de la Consejería de Empleo entre abril de 2012 y julio de 2015, durante los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. También ha expulsado a la Comunidad de Madrid como acusación particular.

En la primera entrevista que concede esta plataforma, Castellanos asegura que la Comunidad fue negligente a la hora de controlar los cursos de formación y que hubo connivencia con el dúo que formaban los empresarios José Luis Aneri y Alfonso Tezanos, ambos imputados. También acusa al Gobierno regional de intentar liquidar a las asociaciones empresariales para que no puedan defenderse, ejecutando embargos que las están llevando a la extinción. Castellanos será llamado a declarar en la comisión de investigación que ha puesto en marcha la Asamblea de Madrid, prevista para después del verano. Se sospecha que Aneri falseó los cursos 'online' que hicieron unos 15.000 alumnos. 

Pregunta. ¿Qué es el caso Aneri?

Respuesta. José Luis Aneri es un empresario cordobés que viene a Madrid y que se alía con Alfonso Tezanos [expresidente de la comisión de formación de la patronal madrileña]. Crean primero unas empresas de riesgos laborales y luego de formación. Lo que hacían al principio era gestionar la entrega de subvenciones para la formación. Y llegó un momento en que se dieron cuenta de que solo intermediar no era negocio, que podían ganar más dinero cerrando el círculo, dando cursos 'online' y creando plataformas para dar esos cursos. Para ello, era imprescindible captar asociaciones profesionales que solicitaran cursos de formación para sus trabajadores y para desempleados. Alfonso Tezanos captaba a las asociaciones a través de CEIM. Ofrecían sus contactos y con el respaldo político que tenía Tezanos solicitaban los cursos, los tramitaban y luego los justificaban.

P. ¿Quién destapó el caso?

R. Joaquín Velázquez [subdirector general de Formación de la Comunidad de Madrid entre febrero de 2012 y febrero de 2014] puso los hechos en conocimiento de la Policía solo cuando fue citado para ello. Nadie de la Comunidad de Madrid denunció nada, a pesar de que tenían constancia desde 2009, a través de la Tesorería de la Seguridad Social, de que Aneri estaba cometiendo irregularidades. A principios de 2013, Aneri empieza a no poder justificar los cursos de formación que solicitaba. En la causa está acreditado que al menos desde septiembre de 2013 Patricia Herrero tuvo constancia de la existencia de irregularidades y no lo puso en conocimiento de las autoridades. Es muy alarmante que Patricia Herrero firmara entre junio y septiembre de 2013 una quincena de revocaciones de subvenciones a asociaciones porque Aneri no estaba justificando ni un solo papel, y no lo ponga en conocimiento de nadie aunque tenía evidencias. Es lo primero que hay que hacer, tenía la obligación de denunciar la comisión de un delito.

P. Entonces, ¿quién descubre todo el pastel?

R. Una asociación presenta la primera denuncia el 17 de diciembre de 2013 ante la Policía. Y ya es en marzo de 2014 cuando la Policía cita a la Comunidad de Madrid. Patricia Herreros se niega a ir, y su secretaria dice que ya no trabaja allí. Es entonces cuando va Velázquez y declara. El 14 de febrero de 2014, tres días después de declarar ante la Policía, cesan fulminantemente a Velázquez por pérdida de confianza. Y luego dos meses después es cuando Herrero va a declarar y entrega documentación porque se la requiere la Policía.

José Luis Aneri Molina, el principal imputado en el caso de los cursos de formación. (Enrique Villarino)
José Luis Aneri Molina, el principal imputado en el caso de los cursos de formación. (Enrique Villarino)

 

P. ¿Y por qué no se quiso denunciar desde la Comunidad de Madrid?

R. No lo sabemos. Tres funcionarios, que otorgaban las convocatorias de los cursos y hacían los seguimientos, dicen que la orden de revocación fue una orden política. Ellos se dieron cuenta de que Aneri se estaba aprovechando del sistema para no hacer los cursos de formación y quedarse con gran parte de la subvención, y no sabemos si esto pasaba por desidia o por otro interés que desconocemos. No olvidemos que Alfonso Tezanos está muy vinculado al PP y a la Comunidad de Madrid. En la causa,se ha comprobado que algunos alumnos de los cursos de formación salían de las listas de militantes del PP de Latina. No sabemos si puede haber una financiación ilegal de algún partido, o de CEIM, o de la Cámara de Comercio, tutelada por la Comunidad.

P. ¿Tan fácil era que Aneri engañara a todos, a la Comunidad y a las asociaciones?

R. Lo que hizo Aneri fue poner su domicilio personal para las comunicaciones. Por eso las asociaciones no se enteraron de las órdenes de revocación de las subvenciones, porque llegaban a Aneri. Cuando en octubre de 2013 la consejería, por iniciativa de los técnicos, empezó a llamar a las asociaciones, estas se sorprendieron, no sabían lo que estaba pasando. Incluso hubo algún desmayo. Pero esto fue por iniciativa de los técnicos, los políticos no habían avisado a las asociaciones que estaban siendo engañadas por Aneri. Este había creado un muro entre la consejería y las asociaciones para que estas no se enteraran de nada. La consejería había emitido una circular que decía que las notificaciones se tenían que enviar a las asociaciones beneficiarias de los cursos, algo que no se cumplió por la propia consejería, porque todo se notificaba a Aneri.

"En la causa se ha visto que algunos alumnos de los cursos de formación salían las las listas de militantes del PP. No sabemos si hubo financiación ilegal"

P. ¿Las asociaciones empresariales fueron negligentes? Ellas tampoco controlaron si se estaban impartiendo los cursos a sus asociados.

R. Una asociación contrata a un consultor como si tú contratas a un asesor fiscal. Y lo haces por absoluto desconocimiento. Si las asociaciones saben cómo pedir los cursos, cómo impartirlos y tienen infraestructura para ello, no delegan en una tercera persona. Hacen lo que el consultor les dice, como se hace con un abogado o con un consultor fiscal. Hay que entender cuál es el entramado de una asociación empresarial sin ánimo de lucro que se crea para defender los intereses asociativos, que suelen contar con una pequeña infraestructura que generalmente es un secretario o un administrativo, y luego hay una junta directiva con un presidente y unos vocales que son empresarios del sector de la asociación. Estos empresarios se reúnen una vez al año para ver qué actividades han hecho y qué logros han conseguido. El gerente o el presidente suele presentar a una consultora para hacer los cursos de formación. Evidentemente, se trata de un contrato de confianza.

P. Y todas las asociaciones acababan confiando en Aneri.

R. Aneri intentaba explicar lo mínimo. Su negocio era engañar a la asociación y a la Administración que concede la subvención. Aneri no informaba de todo porque si lo hacía, no podía cometer el fraude y el engaño. Si un asesor fiscal te oculta información para que tú no te enteres de que estás cometiendo un fraude, desconoces ese fraude. Aneri ocultaba información. Pero las asociaciones sí hacían cierta labor de control. Había una plataforma para ver si los cursos de formación 'online' se estaban realizando. Y las asociaciones, al meterse con su clave en la plataforma 'online', veían que los cursos se estaban haciendo, lo que no podían ver era si los alumnos estaban repetidos, eran inexistentes o eran falsos. La asociación, por la ley de protección de datos, no tenía esa capacidad. La Comunidad, sí.

Alfonso Tezanos, durante su toma de posesión en 2012. (Foto: Cecoma)
Alfonso Tezanos, durante su toma de posesión en 2012. (Foto: Cecoma)

P. En todo esto jugaba un papel clave Alfonso Tezanos, que era el que recomendaba a Aneri a las asociaciones.

R. Creemos que sí. Todas las asociaciones estaban inscritas en CEIM y a través de CEIM se recomendaba a Aneri. Entendemos que era un cargo de confianza de Tezanos. Este era el encargado de los cursos de formación de la Cámara de Comercio, que está participada por la Comunidad de Madrid. La Comunidad le dio a Aneri en 2013 el sello de Madrid Excelente, en el mismo año en que la Comunidad descubre que Aneri no está justificando muchos cursos. Aneri mandó incluso correos a las asociaciones presumiendo del sello y del respaldo de la Comunidad como empresa líder en cursos de formación.

P. La jueza habla de trama criminal. ¿Pagó Aneri comisiones a las asociaciones por su colaboración y silencio en todo este fraude?

R. No. En las subvenciones hay una partida que se llama costes asociados, un porcentaje que la asociación puede ingresar como gasto asociado al curso, que puede ser de hasta un 20%. Es una partida legal. Cualquier gasto que la asociación tenga para impartir ese curso de formación. Por ejemplo, que la asociación impute con cargo a ese plan formativo el 50% del gasto de la fotocopiadora, el 75% del alquiler de un local donde se da ese curso, o el 25% del coste del teléfono para llamar a los alumnos. Ese gasto se reintegra a la asociación, que lo tiene que justificar. El problema es que como Aneri se encargaba de todo, también se encargaba de justificar esos costes asociados, que no ha justificado porque no ha presentado un solo papel.

P. ¿Y las asociaciones podrán justificar esas partidas?

R. El problema aquí es que, como la Comunidad dio la orden política de revocar las subvenciones, no hizo caso a los técnicos que pedían ampliar el plazo para que las asociaciones pudieran justificar los gastos. Se revocaron los cursos sin dar la posibilidad de justificar los gastos asociados. Lo que hace Aneri para defenderse es confundir estos gastos asociados con mordidas. Estos gastos están acreditados en las cuentas de las asociaciones. Aneri está interesado en disminuir su responsabilidad civil diciendo que no era un 20%, sino un 50%, y que eran mordidas. Además, dice que se pagaron comidas y prostitutas. Cómo te puedes gastar de los 4,4 millones estafados a la Comunidad de Madrid [más de 11 al Estado], más de dos millones en comidas y chicas, no tiene ni pies ni cabeza. Ese gasto asociado se ingresaba en la cuenta de la asociación y se declaraba a Hacienda. ¿Alguien va a ingresar una mordida en una cuenta de una asociación que declara a Hacienda? Esos gastos asociados están justificados y se van a aportar al juzgado. 

P. ¿Por qué entonces se ha imputado a las asociaciones?

R. La jueza ha imputado a los presidentes de las asociaciones, con la justificación de que Aneri dijo que hubo mordidas. Pero no es verdad. Se está imputando al presidente, cuando la asociación es un órgano colegiado, el presidente no tomaba la decisión de contratar a Aneri. Era la junta directiva quien contrataba por mayoría al consultor Aneri. El presidente no es responsable. Las asociaciones han recibido un porcentaje por los cursos asociados, que aún no han podido justificar porque no les han dejado presentar la documentación. Pero está en las cuentas y declarado a Hacienda.

P. ¿Por qué se imputa a Patricia Herrero, alto cargo de la Comunidad? ¿Por negligencia o por connivencia?

R. Por ambas cosas. Creemos que existe una negligencia evidente. Ante los primeros indicios de un fraude masivo, no denunció. El 19 de diciembre de 2013, Velázquez le aconsejó poner mucho celo en buscar al defraudador, poner los hechos en conocimiento de la Justicia y dar un plazo a las asociaciones para que pudieran justificar. Y Herrero no hizo nada de esto. Solo dio órdenes políticas de cerrar los cursos. Lo que sí es cierto es que Aneri y Tezanos entraba y salían por Vía Lusitana [la sede de la Consejería de Economía y Empleo] como si fuera su casa, saludaban a todos los funcionarios, conocían a todo el mundo. Y no sabemos si los contactos políticos de Tezanos influyeron para que todo el fraude se ocultara durante los primeros meses.

Manuel Castellanos, en su despacho. (Enrique Villarino)
Manuel Castellanos, en su despacho. (Enrique Villarino)

P. ¿A cuánto asciende el fraude?

R. A unos 4,4 millones de fondos autonómicos. Y 11 millones estatales. Algunos de los fondos son europeos y la Comunidad no estaba interesada en dar a conocer todo este fraude porque tendría que dar muchas explicaciones a la Comisión Europea, que ahora va a tener que dar. Creemos que este fue uno de los motivos para que la Comunidad no diera la voz de alarma, además de por los contactos políticos de Tezanos. Aneri nunca pudo cometer ese fraude si los cursos de formación hubieran estado bien controlados. Ese sistema de control falló por parte de la Comunidad de Madrid. 

P. ¿La Comunidad está exigiendo a las asociaciones la devolución de las subvenciones investigadas?

R. La Comunidad, abusando de su posición, está ejecutando embargos, a pesar de que es conocedora de que las asociaciones fueron engañadas por Aneri. Todo el dinero que ingresaron para los cursos lo mandaron a las empresas de Aneri. La Comunidad está intentando deshacerse de las asociaciones, reclamando un dinero que no tienen. Las asociaciones se constituyeron sin ánimo de lucro, su único medio de subsistencia son las cuotas de sus asociados. Hay muchas asociaciones que están en liquidación. Que es lo que quiere la Comunidad, quitarse a un elemento que le puede incordiar. Si la Comunidad consigue que la asociación desaparezca, ya no tiene personalidad jurídica para estar en la vía penal y reclamar. No solo embarga a la asociación, embarga créditos y las cuotas de los asociados. Ha embargado a todas las asociaciones que represento.

P. ¿Qué sorpresas cree que va a deparar la investigación?

R. El fiscal va a seguir hacia arriba. ¿Qué sorpresas puede haber? Que se descubra alguna connivencia entre la Comunidad y el grupo encabezado por Aneri y Tezanos, que haya pagos a la Comunidad o a algún funcionario, que haya financiación ilegal de algún partido, o que la investigación se extienda al SEPE, organismo estatal que tendrá que responder a muchas preguntas. Patricia Herrero mandó un mensaje para que se buscaran irregularidades a CCOO y a UGT. Se va a demostrar que la Comunidad no cumplió con sus obligaciones, entre ellas crear comisiones mixtas de seguimiento para controlar los cursos. No hizo ninguna, ni siquiera cuando se enteró de que había fraude. Qué mejor momento. La Comunidad quiere que las asociaciones aparezcan como los malos, las quiere liquidar para que no puedan reclamar, ni personarse en la vía penal ni reclamar en lo contencioso administrativo. Ni que tampoco puedan reclamar a Aneri por incumplimiento de contrato. Los perjudicados son las asociaciones, que están pagando dos veces. Primero cuando Aneri se quedó con el dinero de unos cursos que no impartió y segundo, con los embargos que ejecuta el Gobierno regional. 

Madrid

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