los empresarios acusan a madrid de "liquidarles"

Madrid ahoga a los colectivos empresariales: 2,6 millones en embargos por el caso Aneri

El Gobierno regional intenta recuperar parte de lo presuntamente estafado por los cursos de formación. Un juzgado paraliza un embargo hasta que se dirima la investigación penal

Foto: José Luis Aneri Molina, el principal imputado en el caso de los cursos de formación.  (Enrique Villarino)
José Luis Aneri Molina, el principal imputado en el caso de los cursos de formación. (Enrique Villarino)

La Comunidad de Madrid está ahogando económicamente a las asociaciones empresariales implicadas en el caso Aneri, la investigación judicial por el fraude en los cursos de formación. El Gobierno regional ya ha embargado 2,6 millones de euros a más de una veintena de asociaciones con el objetivo de intentar recuperar parte de los fondos presuntamente estafados, según información a la que ha tenido acceso El Confidencial. Estos colectivos aseguran que los embargos "les están empujando a la desaparición", y que todo es una estrategia diseñada por el Ejecutivo autonómico para criminalizar a los empresarios y que estos no tengan recursos para defender sus intereses.

La batalla judicial está en su máximo apogeo. El juzgado de instrucción número 9 de Madrid, el que lleva el caso, ya citó a finales de abril como investigada (la nueva denominación legal de los imputados) a Patricia Herrero García-Ramal, directora general de Formación de la Consejería de Empleo entre abril de 2012 y julio de 2015, es decir, durante los Gobiernos presididos por Esperanza Aguirre e Ignacio González. Esta imputación provocó que la Comunidad fuera expulsada como acusación particular por si en un futuro era condenada como responsable subsidiaria. Hace pocos días, no obstante, el Gobierno regional ha conseguido ser de nuevo admitido como acusación, según fuentes jurídicas.

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de dar un poco de oxígeno a las asociaciones empresariales. El 19 de mayo decidió suspender el proceso administrativo que la Comunidad de Madrid había iniciado contra la Asociación de Salas de Despiece (ASPROSA), a la que reclamaba 28.276 euros por cursos de formación. El tribunal congeló esta reclamación "por prejudicialidad penal", es decir, porque cuando hay un procedimiento penal en marcha cualquier otro procedimiento en otra jurisdicción (civil, administrativa, laboral...) debe paralizarse hasta que no haya sentencia penal. El juzgado aún debe dirimir si las asociaciones son víctimas también de la estafa que se investiga.

Ana Isabel Mariño, consejera de Empleo en el periodo en el que se investiga el fraude en los cursos
Ana Isabel Mariño, consejera de Empleo en el periodo en el que se investiga el fraude en los cursos

Es un primer paso, en un caso concreto, que no obliga a que otros embargos ya iniciados por la Administración regional se paralicen automáticamente. En cada caso es necesario medidas cautelares que frenen las vías de apremio. Asociaciones empresariales de todos los sectores, hasta 40, están afectadas por la investigación. Hay de todos los sectores: muebles, metal, salas de despieces, ocio nocturno, calzados, peletería, hostelería, internet, caballos de carrera...). Según los datos obtenidos por este diario, la Comunidad ha embargado ya 2,6 millones a 25 asociaciones, en cantidades que oscilan entre los 25.000 y los 372.000 euros.

15.000 alumnos falsos

José Luis Aneri es el principal imputado, el protagonista que ha dado nombre al caso. Un empresario cordobés que se asoció en Madrid con Alfonso Tezanos (expresidente de la comisión de formación de la patronal madrileña, también imputado). Aneri creó empresas de riesgos laborales y luego de formación, captando como clientes a las asociaciones empresariales para que sus afiliados impartieran cursos 'online'. La Policía le detuvo en febrero de 2014, con indicios suficientes de que llevaba años quedándose con el dinero de las ayudas públicas por unos cursos que no impartía. Los alumnos también eran de pega. Se sospecha que se inventó unos 15.000.

Trece asociaciones se han unido en una plataforma para defender sus intereses. Aseguran que la Comunidad fue negligente a la hora de controlar los cursos de formación y que hubo connivencia con el dúo que formaban los empresarios Aneri y Tezanos. De hecho, el juzgado investiga a la ex directora general de Empleo por su supuesta participación en tres delitos: fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación. Aunque fue una de las asociaciones quien presentó ante la Policía la primera denuncia el 17 de diciembre de 2013, la jueza instructora también ha imputado a la mayoría de los presidentes de los colectivos empresariales. Aneri declaró que pagaba mordidas a los empresarios. El presunto fraude asciende a unos 15 millones de euros: 4,4 millones de fondos autonómicos y 11 millones estatales. 

"La Comunidad está intentando deshacerse de nosotros, reclamando un dinero que no tenemos. Hay muchas asociaciones que estamos en liquidación"

Los empresarios acusan al Gobierno regional de intentar liquidar sus asociaciones para que no puedan defenderse, ejecutando embargos que las están llevando a la extinción. "La Comunidad, abusando de su posición, está ejecutando esos embargos, a pesar de que es conocedora de que las asociaciones fueron engañadas por Aneri. Todo el dinero que ingresaron para los cursos lo mandaron a las empresas de Aneri. La Comunidad está intentando deshacerse de nosotros, reclamando un dinero que no tenemos. Hay muchas asociaciones que están en liquidación. Que es lo que quiere la Comunidad, quitarse a un elemento que le puede incordiar. Si la Comunidad consigue que la asociación desaparezca, ya no tiene personalidad jurídica para estar en la vía penal y reclamar. No solo embarga a la asociación, embarga créditos y las cuotas de los asociados", señalan desde la plataforma.

Madrid

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