La finca donde Carrero Blanco cazaba desde un vagón y que Madrid no puede vender

Se llama El Garzo. Una gran finca de 408 hectáreas (el equivalente a 408 campos de fútbol) situada a 24 kilómetros de la capital. Un pulmón verde que limita con el embalse de El Pardo y con la carretera de A Coruña, a la altura del barrio de Las Matas, en el municipio de Las Rozas. Un trozo de naturaleza desconocido para el gran público y que muy pocos utilizan para pasear, correr, montar en bici o hacer una pequeña y cómoda excursión hacia los arroyos que lo cruzan.

Un paraje por descubrir que en su época fue utilizado por el almirante Carrero Blanco para cazar. En una de sus sendas, junto a una vereda, se puede descubrir un destartalado y abandonado vagón de madera color vino donde el presidente del Gobierno franquista se apostaba para disparar a las aves.

Hoy pertenece a la Comunidad de Madrid, concretamente a la Agencia de Vivienda Social (el antiguo Ivima). La finca tiene un alto valor ecológico. Está catalogada como Lugar de Interés Comunitario (LIC), integrado en la Red Natura 2000, el principal instrumento de conservación de la naturaleza de la Unión Europea. También es 'zona T' del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, es decir, actúa como paraje de protección y "transición" del monte de El Pardo, declarado por la Unesco Reserva de la Biosfera. De hecho, en sus terrenos cazan parejas de águila imperial que anidan en El Pardo.

El Gobierno regional sabe que tiene un tesoro. Ya en 2012, el Ejecutivo presidido por Esperanza Aguirre intentó levantar en la mitad de los terrenos un proyecto faraónico para construir un gran campo de golf, la pasión deportiva de la entonces presidenta regional. Pero las duras críticas de los partidos de la oposición (IU, PSOE y UPyD), el rechazo de las asociaciones ecologistas y el fracaso a la hora de un buscar un inversor privado (al que se le reclamaban 35 millones de euros) hicieron que el proyecto acabara en el dique seco. El nuevo Gobierno de Cristina Cifuentes encargó a finales de 2015 tasaciones para conocer el valor de los terrenos.

Una los cifró en 6,5 millones de euros y otra en siete millones. Pero la comunidad sabe que es difícil que El Garzo pueda tener una salida en el mercado. "Los terrenos están protegidos. Y el hipotético comprador apenas podría hacer nada en ellos", señalan fuentes del Gobierno regional. Tampoco hay previsto ningún proyecto promovido por la Administración, ya sea deportivo o medioambiental. En teoría, el grado de protección de 'zona T' del parque regional permite la práctica deportiva y recreativa. El pleno de Las Rozas, gobernado por el PP, aprobó en noviembre de 2015 una moción para desarrollar también en el planeamiento urbanístico municipal la protección de la finca y evitar tentaciones especulativas.

La moción, que tuvo la abstención del PP, pedía llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid para garantizar el uso público de la finca, abrir todos sus accesos, divulgar sus valores naturales y llevar a cabo actuaciones de mejora ambiental. "Aunque la moción se aprobó, se ha quedado en el limbo. No se ha hecho nada", señala la concejala Patricia García, de Contigo Las Rozas. "Se pueden hacer muchas cosas para los vecinos, acondicionar los senderos y rutas, actividades educativas y ambientales para los colegios. Pero de momento, no hay interés".

Diversos estudios han confirmado la presencia de especies protegidas en peligro de extinción como el topillo de cabrera, que cuenta con varias colonias en la zona. La finca también sirve de ecosistema para aves y reptiles, es visitada y utilizada como comedero y cazadero por especies que anidan en El Pardo, como el buitre negro y el águila imperial ibérica. Su flora es también muy diversa: matorral mediterráneo, encinares, retamares, jarales, tomillares, praderas y retazos de bosques de ribera.

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La finca El Garzo proviene de las cesiones de patrimonio que hizo el extinto Instituto Nacional de la Vivienda (INV), cerrado en 1977, a la Comunidad de Madrid. Años después, la comunidad sumaría 85 hectáreas más, por las que pagó 261.000 euros. Aguirre puso sus ojos sobre los terrenos. En 2012 ideó un ambicioso plan para convertir la finca en un nuevo Club de Campo, como el que ya hay en la capital. Para ello, se proyectó un mastodóntico proyecto deportivo para construir un campo de golf de 18 hoyos de 6.900 metros de longitud; un segundo campo de golf, también de 18 hoyos, de 2.650 metros de longitud; un campo de golf infantil de nueve hoyos, y un campo de prácticas de 300 metros de longitud.

Las instalaciones contarían además con una zona de hípica, para saltos y doma, cuadras para 300 caballos, naves de mantenimiento, pista de galope al aire libre y zona de paseo. También se iban a levantar ocho pistas de tenis de tierra batida y una pista con gradas para campeonatos, seis pistas de tenis con césped artificial y 24 pistas de pádel. Al proyecto se sumaban canchas de fútbol, baloncesto, balonmano, hockey hierba, hockey patines y rugby. El complejo se completaría con dos piscinas al aire libre de 50 y 20 metros de largo respectivamente, piscina infantil y piscina cubierta climatizada con gimnasio. Por último, instalaciones de atletismo, circuito de 'cross' y un gimnasio climatizado. Se actuaría sobre 76 hectáreas y se construiría un lago de 20.000 metros cuadrados.

La cantidad de agua que iba a necesitar el complejo, sobre todo los campos de golf, era uno de los grandes problemas. El agua llegaría por la tubería hasta un gran lago situado en uno de los campos de golf que tendría una capacidad para 80.000 metros cúbicos de agua regenerada. Junto al lago se instalaría una caseta de bombas desde donde partiría toda la red de riego. El objetivo era el que nuevo centro deportivo contara con 38.000 socios. Un proyecto megalómano que se encontró con la oposición de los ecologistas y que no encontró un socio privado, que debía poner en torno a 35 millones de euros.

El Ejecutivo de Aguirre tenía, no obstante, solución jurídica para todo. El suelo estaba y está clasificado como no urbanizable especialmente protegido, ya que pertenece al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Catalogado como 'zona T', un área de transición para garantizar la protección del monte de El Pardo, podía albergar actividades e instalaciones deportivas, recreativas y culturales compatibles con la función de protección. Según la Comunidad de Madrid, las actividades deportivas del club de campo, según la normativa vigente, estarían permitidas dentro de esas funciones de protección. Pero al final los informes medioambientales no fueron todo lo positivos que esperaba el Ejecutivo y el proyecto se enterró a principios de 2014.