IU gana a Podemos la 'guerra de las casetas' judicial en las fiestas de San Fernando

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha puesto lo que parece el punto y final a la batalla judicial que mantenían Izquierda Unida y San Fernando de Henares Sí Puede, la marca de Podemos en el municipio madrileño de San Fernando de Henares, por culpa de las casetas que se ponen en el recinto ferial durante las tradicionales fiestas de la localidad, que se celebran en mayo. En una sentencia fechada el pasado 20 de junio, el TSJM estima el recurso presentado por Izquierda Unida y anula la sentencia que un juzgado de lo contencioso administrativo de Madrid había dictado en mayo de 2017 avalando la decisión del Ayuntamiento de San Fernando (controlado por Podemos) de prohibir a los grupos políticos con representación en el consistorio que tuvieran una caseta en las fiestas.

El TSJM da la razón a Izquierda Unida y declara el derecho de este partido político "a obtener espacio para la instalación de una caseta en el recinto ferial". Según la sentencia, "debe significarse que la denegación de la solicitud a un partido político de una caseta en el recinto ferial, permitiendo su instalación a otras asociaciones no ligadas a partidos políticos, como peñas, clubes deportivos y comerciantes, es radicalmente nula de conformidad, pues lesiona los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional de una forma tan palmaria que no necesita mayor comentario, pues resulta contrario al principio de igualdad establecido en el artículo 14 de la Constitución". El tribunal recuerda además al ayuntamiento que otro artículo de la Constitución, el 6, refleja que "los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política".

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El conflicto viene de lejos. El 17 de marzo de 2016 se celebró un pleno en el ayuntamiento en el que se aprobó por mayoría (con los votos de San Fernando de Henares Sí Puede, PP y España 2000) una propuesta para que "todos los partidos se comprometan por acuerdo plenario a no colocar casetas en las fiestas". El argumento de la propuesta presentada por el Gobierno local era que así el consistorio tendría más ingresos (ya que hasta la fecha los partidos ponían casetas y no pagaban la tasa pública) y se conseguía "despolitizar las fiestas".

Un portavoz del ayuntamiento asegura que el objetivo de la medida era que el espacio que dejaban libre los partidos en el recinto lo pudieran "utilizar así asociaciones deportivas y sociales del municipio que consiguen unos ingresos extra con lo que sacan con sus casetas en los días de fiestas. Además, el municipio también sale beneficiado. Porque antes los partidos estaban exentos de pagar una tasa por poner la caseta, tasa que sí pagan los colectivos sociales y deportivos". Esa tasa es de 14,95 euros el metro cuadrado, lo que supone unos ingresos medios "de entre 1.500 y 1.700 euros por caseta". El ayuntamiento está estudiando recurrir la sentencia. Si no lo hace, "la acataremos".

Con el acuerdo adoptado por el pleno en 2016, Izquierda Unida ha estado tres años sin poder poner su caseta: las fiestas de 2016, 2017 y 2018, que se acaban de celebrar en mayo. Sofía Díaz, portavoz de Izquierda Unida, está satisfecha con la sentencia y cree que se ha hecho justicia. "Cuando gobernaba Izquierda Unida, cualquier partido podía poner una caseta, que servía de espacio reivindicativo y de encuentro social y político con los vecinos y vecinas. Pero con la llegada de Podemos se tomó esta decisión arbitraria que nunca compartimos".

Díaz señala que aunque los partidos no pagan tasa, tampoco suponen un coste extra para el ayuntamiento, ya que las formaciones políticas asumen los gastos de la caseta. También reconoce que poder poner una caseta durante varios días es "una buena fuente de financiación para los partidos con representación municipal". El PSOE también celebra la sentencia, ya que nunca entendió por qué un partido "supuestamente de izquierdas se alió con la derecha y la extrema derecha para que los partidos no pudieran tener casetas". Los socialistas han podido tener la suya porque han alquilado un terreno privado. "Hay espacio para todos, partidos y colectivos sociales. Y creo que todos deben estar exentos de pagar la tasa porque cumplen una función social", señala Javier Corpa, portavoz del PSOE.

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La verdad es que este nuevo episodio judicial enturbia el ya enrarecido ambiente político que se vive en San Fernando. El PP ganó las elecciones en la primavera de 2015 por solo 200 votos, obteniendo cinco concejales, pero finalmente la alcaldía se la llevó San Fernando de Henares Sí Puede con sus cinco ediles. Catalina Rodríguez fue investida gracias a los cinco ediles que también obtuvo el PSOE y los cuatro de Izquierda Unida, que perdía así la alcaldía y uno de sus feudos tradicionales (siempre ha gobernado el municipio en democracia, excepto la legislatura 1991-1995) tras una grave crisis interna en la formación municipal. El pleno lo conforman también un edil de España 2000 y ahora un concejal no adscrito que abandonó el PP (que ha pasado de cinco a cuatro ediles).

Pero el apoyo del PSOE y de IU a San Fernando de Henares Sí Puede duró poco. Como ya publicó El Confidencial, el PSOE y parte de los ediles de IU intentaron en noviembre de 2016 presentar una moción de censura para desalojar a Catalina Rodríguez de la alcaldía. Las matemáticas, no obstante, hacían necesario el apoyo del PP, por lo que la moción no fructificó. La portavoz de IU tampoco apoyó entonces la moción. Las discrepancias saltaron enseguida a la esfera judicial. IU y PSOE han llevado a los tribunales a la regidora de Podemos.

El juzgado de primera instancia número 1 y de instrucción número 4 de Coslada ha procesado a la alcaldesa Catalina Rodríguez por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, otro de prevaricación y un último de infidelidad en la custodia de documentos. El juez abrió la causa tras una querella interpuesta por Izquierda Unida, que denunció que la regidora había entregado documentos confidenciales del consistorio a un militante de la formación que no ostenta ningún cargo en el ayuntamiento. El PSOE impulsó otra denuncia por el mismo motivo.

Desde Izquierda Unida, señalan que su relación con Podemos es muy buena, pero no así con San Fernando de Henares Sí Puede. De hecho, la alcaldesa Catalina Rodríguez acaba de perder las primarias internas para ser secretaria general de Podemos en este municipio de 42.000 habitantes. Ella está vinculada a Íñigo Errejón y en cambió ganó el candidato próximo a Ramón Espinar.