Imputan a una alcaldesa de Podemos (otra vez) por ceder documentos a un militante

Nueva imputación. Y ya van dos. El Juzgado de Instrucción número 4 de Coslada ha abierto diligencias, en condición de "querellada-investigada", contra Catalina Rodríguez, alcaldesa de San Fernando de Henares (localidad de 42.000 habitantes del este de Madrid). Rodríguez llegó a la alcaldía con solo cinco ediles bajo las siglas de San Fernando Sí Puede, candidatura de unidad popular próxima a Podemos. El juez ha abierto la causa tras la querella de Izquierda Unida, que denunció que la regidora había entregado documentos confidenciales del consistorio a un militante de la formación que no ostenta ningún cargo en el ayuntamiento, Joaquín García Azcárate, contra quien también se han abierto diligencias. El tercer imputado es Jaime Morales García, ex asesor jurídico de la alcaldesa (cesó de su cargo el pasado 19 de enero).

Esta querella se une a la que ya puso por el mismo motivo el PSOE. Otro juzgado, el de Instrucción número 6 de Coslada, ya imputó a Catalina Rodríguez el pasado 18 de noviembre, citándola a declarar en calidad de investigada el próximo 20 de febrero. Está acusada de los delitos de prevaricación, revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos públicos relacionados con la polémica venta de la plaza de España del municipio a un fondo de inversión, una operación que también está judicializada. En este caso, "hay indicios de comisión de hechos que podrían ser constitutivos de infracción penal por parte de los querellados" relativos a la custodia de documentación relacionada con la plaza de España.

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Un nuevo frente judicial que enturbia el ya enrarecido ambiente político que se vive en San Fernando, donde San Fernando Sí Puede (la segunda lista más votada) gobierna en minoría con cinco concejales. Catalina Rodríguez fue investida a mediados de junio de 2015 gracias a los cinco ediles que también obtuvo el PSOE y los cuatro de Izquierda Unida, que perdió uno de sus feudos tradicionales (siempre ha gobernado el municipio en democracia, excepto la legislatura 1991-1995). Precisamente el apoyo inicial del PSOE y de IU se ha tornado en sendas querellas judiciales. Como ya publicó El Confidencial, el PSOE y parte de los ediles de IU intentaron en noviembre presentar una moción de censura para desalojar a Catalina Rodríguez de la alcaldía. Las matemáticas, no obstante, hacían necesario el apoyo del PP, por lo que la moción no fructificó.

En este nueva querella, el juzgado pide información al ayuntamiento sobre "la dependencia" en la que se encuentran custodiados los documentos relativos al procedimiento judicial de la plaza de España, las personas responsables de la custodia de esos documentos, los que tenían acceso a ellos, y si existe un "archivo de alcaldía" no integrado en el archivo municipal. Además, exige saber cuál es la relación contractual de Jaime Morales y Joaquín García con el ayuntamiento y si tenían acceso a la documentación municipal.

Una operación que se fraguó en 2008

Catalina Rodríguez siempre ha argumentado que estas denuncias de la oposición solo esconden ataques políticos para desbancarla de la alcaldía. También ha anunciado que presentará una demanda contra los socialistas por injurias y pedirá responsabilidades por daños morales. La venta de la plaza de España fue impulsada durante el Gobierno municipal de IU, que constituyó en 2008 la sociedad Plaza de España, participada en un 49% por el ayuntamiento y en un 51% por los vecinos propietarios de las viviendas y locales que iban a ser rehabilitados.

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Pero el proyecto quebró las arcas municipales y generó una deuda de 94 millones de euros. Esta operación fallida provocó que Bankia se quedara con los bienes inmuebles de la plaza, Bien de Interés Cultural, que suman 176 viviendas, 157 trasteros, 267 plazas de garaje y un aparcamiento público de 606 plazas. Todos ellos fueron vendidos al fondo de inversión Pacífica Capital Gestión por 27,6 millones después de que lo autorizara un juzgado de lo mercantil. Pero otro juzgado, el de Instrucción número 5 de Coslada, acaba de declarar la "nulidad de pleno derecho" de la operación porque los bienes públicos (y la plaza lo es) son inembargables.