Barrera a la transparencia: los retrasos de Cercanías de Madrid son "secreto comercial"

Nadie tiene derecho a conocer en detalle los datos de los retrasos de los trenes de Cercanías de Madrid. El servicio de transporte que más quejas genera en la comunidad no publicará esa información, porque se trata de un "secreto comercial". Y como tal, solo propiedad de Renfe. Así lo ha refrendado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo que regula las disputas en torno al uso de la Ley de Transparencia, después de que El Confidencial solicitara esa información a Renfe, entidad pública empresarial que gestiona el servicio de Cercanías y depende del Ministerio de Fomento. El razonamiento de la entidad la blinda, además, ante cualquier opción de publicar en detalle los retrasos de cualquiera de sus trenes.

Los únicos datos públicos sobre la puntualidad de los Cercanías de Madrid son, a día de hoy, los que elabora CCOO. Indican que desde el año 2013 los retrasos de Cercanías se han duplicado: de los 67.893 minutos acumulados por retrasos se ha pasado a 141.699 en 2017, un 109% más. Renfe, sin embargo, asegura que la puntualidad de sus trenes ronda el 97%, una cifra que usuarios y trabajadores ponen en entredicho. Para aportar datos reales, este diario pidió en marzo los detalles de los episodios de retrasos en los últimos dos años siguiendo los cauces de la Ley de Transparencia. En una resolución remitida el pasado 10 de julio, el consejo da la razón a Renfe, que rechazó entregar la información.

Informar con detalle sobre los retrasos supondría un daño efectivo para los intereses de la compañía, según Renfe

Según el organismo, la publicación de estos datos conllevaría "un perjuicio grave" para la imagen de la operadora y supondría, además, un "daño efectivo para los intereses de la compañía". Esa información podría ser explotada por empresas privadas o particulares que ofrezcan servicios con otros medios de transporte, incluido el de los ciudadanos que usan su coche particular. Es decir, sería una ventaja para la "competencia" de Renfe. Todas ellas son razones suficientes para considerarlo como un secreto comercial, de acuerdo con el reglamento de la Unión Europea, que está a punto de quedar invalidado por la entrada en vigor de la nueva directiva sobre los secretos empresariales. Así lo entiende Renfe y subraya el consejo: "Los servicios prestados por esta sociedad mercantil compiten con otros medios de transporte, señaladamente, en este caso, con autobuses, ferrocarril metropolitano y coche particular".

La operadora de trenes cree, además, que dar detalles sobre los retrasos en las llegadas de sus trenes no sería justo debido a las "dificultades de la explotación de este negocio, imputables en muchos casos no solo a causas relativas al operador, sino también al estado de las infraestructuras, instalaciones o determinadas acciones de terceros". Y concluye que "la reutilización o reelaboración de la información puede además dañar la imagen del transporte público". Al hacerse públicos datos detallados sobre sus retrasos, sus competidores privados no estarían en igualdad de condiciones.

Prohibido fiscalizar a Renfe

Tal y como establece el camino de la Ley de Transparencia, este periódico recurrió a la primera denegación por parte de Renfe. Se apelaba a la Directiva Europea relativa a la protección de los secretos comerciales (2016/943), polémica ley que blinda a las empresas contra las filtraciones, sean o no de interés público, y que, sin embargo, deja un hueco para que no sea punible hacer público algo que destape "alguna falta, irregularidad o actividad ilegal" en defensa del interés general. Los retrasos no son ilegales, pero sí representan una irregularidad en la prestación en el servicio público. Sin embargo, España tenía hasta el 9 de junio de 2018 para incorporar dicha directiva, que, por el momento, se ha quedado en un anteproyecto de ley que todavía tiene que tramitarse. El desfase burocrático ha jugado a favor de la operadora, ya que el consejo no tiene en cuenta esa alegación.

El resultado es que, a día de hoy, los indicadores que existen para fiscalizar a Renfe seguirán siendo bien los que elaboren los sindicatos, bien los que quiera Renfe: "Los índices de calidad y de desempeño, los parámetros fundamentales de prestación del servicio" y "las incidencias que los usuarios deben conocer para una mejor planificación de su viaje". Ni la operadora ni el consejo han evaluado, como a menudo ocurre en las resoluciones de Transparencia, la posibilidad de conceder aunque fuera solo una parte de la información solicitada.

A comienzos de este año, averías y paros de los trabajadores pusieron de manifiesto los problemas tras los retrasos que sufren los más de 220 millones de viajeros que usan este medio de transporte cada año para desplazarse en la capital y sus alrededores. Problemas técnicos, goteras, retrasos de más de una hora que se debían, según los trabajadores, a la falta de empleados e inversión en mantenimiento, tanto de trenes como de infraestructuras, que acusa el servicio desde hace una década.

Aun así, no es la primera vez que Renfe emprende una lucha legal contra las peticiones de Transparencia que quieren aportar nueva información sobre sus retrasos. A finales de 2017, Renfe denegó gran parte de la información a un ciudadano que pedía datos de viajeros y de retrasos de los trenes entre Madrid y Asturias, alegando que "la Administración no tiene obligación de publicar aquella información que pueda perjudicar los intereses económicos o comerciales de las empresas que dependan de ella".

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