ya ha recibido 150 sanciones

La otra pena del denunciante de la Gürtel: pagar las multas de tráfico de Paco Correa

José Luis Peñas va a juicio el 24 de septiembre por un recargo de 300 euros. Correa comete las infracciones pero las paga el denunciante, porque el coche de la trama está a su nombre

Foto: José Luis Peñas, el denunciante de la Gürtel.
José Luis Peñas, el denunciante de la Gürtel.

José Luis Peñas Domingo ha decidido reírse por no llorar. El denunciante del caso Gürtel, condenado a cuatro años y nueve meses de prisión a pesar de colaborar con la Justicia, volverá a pisar un tribunal el próximo 24 de septiembre. ¿El motivo? No hace más que pagar multas de tráfico de Francisco Correa, el cabecilla de la trama. La última le llegó en octubre de 2017: 300 'eurazos' "por incumplimiento de la obligación de identificar en tiempo y forma al conductor responsable de infracción grave". Peñas ha decidido recurrir en el juzgado de lo contencioso administrativo número 33 de Madrid la sanción que le ha impuesto el ayuntamiento de la capital.

Espera que la sentencia del caso Gürtel que acaba de hacerse pública le ayude de una vez por todas a convencer a los emisores de las multas, generalmente el consistorio y algunas veces la DGT, de que él nunca ha conducido el coche que comete las infracciones, un Mini Cooper negro matrícula M 4978 CBW. "Y cuando digo nunca es nunca", señala Peñas a El Confidencial. A pesar de ello, desde finales de 2009 han llegado ya al buzón de su casa 150 notificaciones municipales. Se dice pronto. "Es un pastizal. Hay seis o siete de 300 euros. Sin olvidar que también tengo que pagar el impuesto de circulación del vehículo".

Una de las últimas multas de 300 euros que le han llegado a José Luis Peñas.
Una de las últimas multas de 300 euros que le han llegado a José Luis Peñas.

Esta historia se puede resumir así. Uno conduce, el otro paga. Cuando Peñas empezó a grabar a Correa en el año 2006, necesitaba demostrar que a ‘Don Vito’, como lo llamaban sus acólitos, no le gustaba tener ningún bien a su nombre, a pesar de que era inmensamente rico. "Por eso acepté ser el titular del vehículo, porque me lo pidió Correa. Pero yo nunca lo tuve. Era para su mujer", afirma Peñas, que se convirtió en propietario del coche el 3 de abril de 2007. Pero él no lo pagó. Fue un regalo de la trama. El Mini Cooper había sido comprado en noviembre de 2002 por Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda, otro de los condenados.

Cinco años después, en 2007, Correa le exigió el vehículo a Ortega como contraprestación de una deuda que el Consistorio de Majadahonda tenía con una empresa de la trama. Como Correa sabía que no la iba a cobrar, pidió a Ortega que le diera el coche, que al fin y al cabo había pagado él. "Me pareció una buena manera de acreditar ante la Justicia el 'modus operandi' de Correa". Peñas aceptó ser el titular del coche, pero nunca lo utilizó, ya que pasó directamente a Carmen Rodríguez, la entonces mujer de Correa. Las primeras multas empezaron a llegar a finales de 2009, cuando el caso ya se había destapado.

Francisco Correa y su exmujer Carmen Rodríguez.
Francisco Correa y su exmujer Carmen Rodríguez.

En febrero de 2010, Peñas elevó el primer escrito al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el juzgado que entonces llevaba el caso, solicitando que comunicara a la DGT y al Ayuntamiento de Madrid que él jamás fue el dueño del coche y que nunca lo había conducido. Para ello, aportó las multas en las que claramente se identificaba como conductora a Carmen Rodríguez, un informe de la policía que aseveraba que el coche pertenecía realmente a Correa, y la declaración policial de Carmen Rodríguez, en la que reconocía que ella era quien usaba el coche y "lo tenía en Pozuelo". No sirvió de nada. Las multas siguieron llegando. Peñas no duda en recurrir todas las que puede, aunque ya ha tenido que pagar la mayoría para que no le embarguen sus cuentas.

La gran mayoría son por aparcar mal, aunque hay algunas por exceso de velocidad y maniobras prohibidas. Peñas ya ha tenido cinco juicios, todos perdidos porque al juez de turno solo le interesa saber quién es el titular del vehículo. Ahora, en el sexto, espera que las cosas cambien, con la sentencia de la Gürtel en la mano. El coche, aunque está embargado por la Audiencia Nacional, no está intervenido, por lo que la esposa de Correa disfrutó de él muchos años. Ahora lo tiene el propio Correa. De hecho, Peñas presenta en sus alegaciones un vídeo emitido por Telecinco en el que se ve claramente a Correa conduciendo el Mini en una de las sesiones del juicio que se celebró en la Audiencia Nacional. No tenía reparo en aparecer con él. En la grabación se ve incluso cómo se salta un semáforo en rojo.

En todos los recursos que ha presentado ante el ayuntamiento, Peñas no se ha cansado de repetir que siempre ha identificado "de forma correcta" a la persona que él conocía como usuaria del vehículo, "hecho reconocido por ella misma ante los tribunales de Justicia". Pero el problema es que ella dejó de conducir el vehículo y este pasó a su exmarido Correa. Y aunque Carmen Rodríguez ha llegado a ayudar a Peñas enviando escritos al ayuntamiento reconociendo que su ex era el conductor del vehículo sancionado, se cansó de hacerlo, y ahora le llegan a Peñas recargo de las multas por valor de 300 euros por "incumplimiento de la obligación de identificar en tiempo y forma al conductor responsable de infracción grave".

Correa, dentro de su Mini, en el reportaje de Telecinco.
Correa, dentro de su Mini, en el reportaje de Telecinco.

Curiosamente, las multas han dejado de llegar (no los recargos) desde que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana envió a Correa a prisión en febrero de 2017 por la pieza de Fitur, una de las seis que se instruyen en Valencia. Con el conductor fuera de la circulación, ya no hay infracciones. Peñas sigue pidiendo al Ayuntamiento de Madrid en sus recursos que tenga en cuenta las pruebas presentadas, como la declaración de Carmen Rodríguez y la información que aparecen en el sumario del caso Gürtel. También la propia declaración de Correa en el juicio, donde reconoce que él es el dueño del coche.

Peñas y su abogado concejal, no gratos en Boadilla del Monte

Peñas fue concejal del PP en Majadahonda, hasta que fue expulsado. Pero parece ser que tampoco es bienvenido en otro municipio vecino, Boadilla del Monte, que en su día fue epicentro de la trama Gürtel (queda por juzgar la pieza de Boadilla y Arganda del Rey). El municipio sigue gobernado por el PP, en este caso por el alcalde, Antonio González Terol, diputado nacional y uno de los hombres fuertes de la nueva dirección del PP de Madrid, aunque ya ocupó cargos en el Gobierno de Esperanza Aguirre.

En el último pleno municipal, del pasado 25 de mayo, Terol señaló al final de la sesión que era negativo para el pueblo que alguien del ayuntamiento fuese el abogado defensor de Peñas, que ha sido condenado a cuatro años y nueve meses de prisión, pero que con toda probabilidad no entrará en prisión porque la Fiscalía apoya su indulto. No hay que olvidar que sin Peñas, no hubiera habido caso Gürtel. Fue él quien acudió a finales de 2007 a la Policía Nacional con horas de grabaciones sobre los tejemanejes de Correa y su gente.

González Terol se refería sin mencionarlo a Ángel Galindo, concejal de la oposición y portavoz de Alternativa por Boadilla, que es el abogado de Peñas y que seguía a pocos metros, sorprendido e indignado, las palabras del alcalde. El pleno acabó en trifulca, y varios grupos de la oposición (Alternativa, Ciudadanos y PSOE) acabaron abandonando el mismo en protesta por las desafortunadas palabras de Terol. Galindo, por su parte, se muestra muy orgulloso de representar jurídicamente a Peñas. "Gracias a él se ha podido demostrar que el PP es un partido asolado por la corrupción, el mismo partido al que pertenece Terol".

Un portavoz del Consistorio señala en cambio que "Ángel Galindo no ha ejercido de acusación en el juicio, sino de abogado defensor de un edil que los tribunales han condenado por beneficiarse de la trama. Hacer eso mientras uno es concejal de un Ayuntamiento afectado por la Gurtel no tiene ningún sentido. Lo único que tenía lógica era ser acusación particular, como ha hecho el Consistorio de Boadilla, pero no abogado defensor de un ya condenado".

Madrid

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