El Albondiguilla y más de 400 funcionarios deberán devolver años de sueldos ilegales

Toca pagar. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acaba de ratificar la sentencia que ya dictó en enero de 2013 anulando un acuerdo del Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte que aprobó en mayo de 2008 una subida de sueldos ilegal para el entonces alcalde, Arturo González Panero, alias 'el Albondiguilla' (hoy uno de los principales imputados en el caso Gürtel), sus ediles, sus cargos de confianza, y todos los funcionarios y trabajadores municipales. En un auto fechado el pasado 18 de diciembre, el TSJM ha tenido que volver a fallar anulando de nuevo la subida de salarios. Y lo ha hecho porque en 2016 tuvo que aceptar el incidente de nulidad presentado por todos los sindicatos, CSIF, CCOO y UGT, y dejar entonces en suspenso la sentencia de 2013.

El TSJM ha estudiado los argumentos de los trabajadores, que señalaron indefensión e incapacidad para personarse en el caso porque el Gobierno local de González Panero no les emplazó como interesados en el procedimiento judicial. Tras escucharles ha rechazado en cambio todos sus recursos y ha vuelto a fallar en el mismo sentido: el acuerdo de mayo de 2008 fue ilegal. La nueva sentencia provoca un terremoto en el ayuntamiento y pone en una situación delicada al equipo municipal, dirigido por el diputado nacional Antonio González Terol. Porque más de 400 trabajadores, entre funcionarios (incluidos los agentes de la Policía Local) y personal laboral, y una veintena de cargos de confianza y exconcejales, tendrán que devolver años de subidas ilegales.

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Entre los afectados se encuentran por ejemplo la actual senadora del PP María Arenales Serrano o la esposa de David Pérez, el polémico alcalde de Alcorcón. Se trata de Elena Cerezo, que fue jefa de gabinete del Albondiguilla. Cerezo sigue en el consistorio como coordinadora técnica, un cargo de confianza del actual regidor. También hay exconcejales que actualmente han encontrado acomodo como asesores en el Gobierno regional de Cristina Cifuentes y en otros consistorios del PP. También está afectada la actual teniente de alcalde, Susana Sánchez-Campos, entonces firmante del acuerdo como funcionaria y delegada de CSIF. Y obviamente todo el personal laboral y funcionario de este ayuntamiento madrileño de 50.000 habitantes.

La sentencia, de momento, no entra en los importes a devolver ni en cómo se debe hacer. "En cuanto a la pretensión relativa a la devolución de los ingresos indebidos, genéricamente planteada además en autos, no procede mayor pronunciamiento en este momento, debiendo sustanciarse en su caso y en concreto con el incidente de ejecución que puede nuevamente plantearse en este proceso, debiendo aquí únicamente recogerse que la anulación del incremento retributivo para el ejercicio 2008, en lo que exceda el límite legal presupuestario, habrá de conllevar los efectos procedentes de toda índole".

Según un portavoz municipal, "los efectos de esta sentencia, si los hubiere, se debatirán en el trámite de ejecución por parte del juez, como se indica en el escrito". Además, el consistorio señala que "la ejecución de la misma solo tiene efectos meramente declarativos, pero no reales en los trabajadores, que no son los culpables de la nefasta gestión del anterior alcalde, Arturo González Panero". En cualquier caso, matizan, "si ha de tener alguna consecuencia económica, porque así lo dictamine la Justicia, se luchará porque recaiga en el responsable, González Panero, que fue quien ocasionó el daño tanto a los vecinos como a los trabajadores, y se estudiará, llegado el caso, cómo debe asumir económicamente el perjuicio causado tanto al erario público como ahora a los funcionarios".

Alternativa por Boadilla (APB), el grupo municipal que denunció la subida, no piensa igual. "El ayuntamiento tiene dos meses para ejecutar la sentencia. Si no lo hace, pediremos la ejecución de la misma", señala su portavoz, el concejal Ángel Galindo, abogado del denunciante que originó el caso Gürtel. ¿Cómo se reintegrará el dinero? "La subida se aprobó en 2008. Esa legislatura finalizó en 2011. El ayuntamiento tiene que reclamar a los exconcejales y excargos de confianza [ver listado] que estuvieron esos tres años la subida ilegal que disfrutaron. Calcularla en cada caso y reclamársela", explica Galindo. Panero, por su parte, solo disfrutó un año de la subida ya que en 2009 el PP le apartó del cargo tras ser imputado en el caso Gürtel.

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Luego está el capítulo de los funcionarios y personal laboral. La gran mayoría sigue en su puesto desde la subida de 2008. La han disfrutado todos estos años. "El ayuntamiento debe hacer lo mismo. Calcular cada caso y descontar de sus futuras nóminas la deuda de cada trabajador, que incluye los intereses", señalan desde APB. En total, este grupo municipal calcula unos 3,8 millones de euros. "Nosotros calculamos unos 9.000 euros de media de devolución por funcionario. Hasta la interventora y la secretaria que informaron favorablemente a la subida que la Justicia ha dicho que es ilegal tienen que devolver", asegura Galindo.

Según la sentencia del TSJM, el equipo municipal entonces dirigido por el Albondiguilla aprobó en mayo de 2008 una subida salarial para todos los funcionarios del 5,2%, cuando la Ley de Presupuestos Generales del Estado limitaba el incremento al 3%. En el caso de los altos cargos y concejales, el incremento fue más generoso, llegando al 23,9%. El TSJM obligaba a funcionarios, cargos de confianza y concejales a devolver la diferencia entre el 3% de subida legal y la que realmente tuvieron sus salarios. Elena Cerezo, por ejemplo, pasó de cobrar 45.053 euros a 55.727 euros, un incremento del 23,69%.

Según la sentencia, el Albondiguilla aprobó en 2008 una subida salarial para los funcionarios del 5,2%, cuando el Estado limitaba el incremento al 3%

El ayuntamiento, que intentó tumbar la sentencia, cree que esta tiene muchos interrogantes sobre su aplicación porque el presupuesto de 2008 fue superado por los siguientes presupuestos durante la legislatura de Arturo González Panero y estos nunca fueron impugnados. "El problema es que los gastos se han realizado a través de unos actos que no han sido reclamados y han sido consentidos, incluso por el denunciante. El ayuntamiento quiere cumplir la legalidad, la cuestión ahora es cómo, algo que decidirá el Tribunal Superior de Justicia. Nuestra postura en todo momento ha sido siempre en esta cuestión salvaguardar los intereses de los trabajadores y de los vecinos, que no tienen por qué pagar los platos rotos de anteriores gestores".