el ayuntamiento asegura que fue legal

Investigan a otro alcalde del PP por la venta de 400 pisos protegidos al fondo Blackstone

Un juzgado ha admitido la denuncia de los vecinos contra el regidor de Las Rozas, José de la Uz, que anuló "antes de plazo" la potestad que tenía el municipio de revertir la compra del suelo

Foto: Las viviendas de El Montecillo.
Las viviendas de El Montecillo.

El juzgado de instrucción número 6 de Majadahonda investiga si el alcalde del Ayuntamiento madrileño de Las Rozas (del PP) prevaricó al autorizar la venta de 400 viviendas protegidas a la empresa Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo estadounidense Blackstone. El magistrado ha admitido a trámite la denuncia puesta por un grupo de vecinos de El Montecillo contra el regidor José de la Uz Pardos, que también es miembro de la ejecutiva del PP de Madrid que preside Cristina Cifuentes. Los denunciantes ya han declarado en el juzgado, que ha solicitado documentación al cConsistorio para poder avanzar en su investigación.

La denuncia se sustenta en que el Gobierno local dirigido por José de la Uz aprobó la petición de anular antes de plazo "la condición resolutoria" que amparaba el carácter protegido de los pisos, lo que ha permitido al fondo "establecer cláusulas abusivas" contra los inquilinos y subir las rentas del alquiler "entre el 35 y el 40%, con el claro objetivo empresarial de que los inquilinos abandonaran las viviendas y así vender las mismas a precio de mercado". La condición resolutoria era una cláusula que daba potestad al ayuntamiento de ejecutar la reversión de las parcelas a su favor por incumplimientos de la sociedad adjudicataria.

José de la Uz, alcalde de Las Rozas.
José de la Uz, alcalde de Las Rozas.

En 2007, el ayuntamiento cedió varias parcelas públicas a una de sus sociedades locales, la Empresa Municipal de la Vivienda de la Rozas (EMGV), para que esta pudiera promover pisos públicos de precio limitado (VPPL). Las Rozas (95.000 vecinos) se apuntó así al Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid, un plan que sacó al mercado miles de pisos en alquiler. La EMGV licitó entonces un concurso para construir 406 viviendas en una de esas parcelas, la 3C, situada en el barrio de El Montecillo.

Ferrocarril Intermediación y Patrimonios ganó el concurso y compró los terrenos por 10 millones de euros. Se trata de una sociedad entonces estaba controlada por un 'holding' formado por Bankia, la propia Blackstone (que tenía el 35%) y otras firmas del sector inmobiliario (como Hercesa, OHL, Gestesa y Bigeco) que promovían viviendas protegidas en la Comunidad de Madrid. Los pliegos de condiciones que regularon la promoción de estos pisos establecieron dos condiciones resolutorias que gravaban el carácter protegido de las viviendas durante 30 años. La primera condición venía establecida en el pliego de cesión gratuita del suelo del ayuntamiento a la EMGV. Y la segunda en el pliego del concurso que ganó Ferrocarril Intermediación y Patrimonios.

En marzo de 2010, semanas antes de que muchos de los adjudicatarios de las viviendas firmaran sus contratos de alquiler, la Comunidad de Madrid solicitó a la EMGV que modificara ese plazo de 30 años, ya que era incompatible con el Plan de Vivienda Joven, que establecía a su vez un plazo de alquiler de siete años. Pasados esos siete años, los inquilinos deben comprar el piso descontándose del precio lo que ya hayan pagado arrendando la casa. La denuncia de los vecinos indica en este punto que aunque el pleno municipal de Las Rozas aprobó modificar de 30 a siete años la condición resolutoria, ese cambio nunca se inscribió en el Registro de la Propiedad, "donde sigue figurando la duración inicial de 30 años".

Los pisos se entregaron en mayo de 2010, y los inquilinos empezaron a pagar de media unos 700 euros al mes. Pero el 27 de julio de 2015, Ferrocarril Intermediación y Patrimonios solicitó a la EMGV que anulara la condición resolutoria. Solicitud que el gerente de la EMGV elevó ese mismo día al consejo de la empresa pública. "Tuvo que haber negociación previa entre Ferrocarril y la EMGV. Si no es así, no se explica la velocidad en elevar esta solicitud para su aprobación en el consejo", señala la denuncia. José de la Uz acababa de tomar posesión de la alcaldía, después de que el PP obtuviera la mayoría (no absoluta) en los comicios de ese año. De la Uz procede de la Administración autonómica. Fue secretario general técnico de Vicepresidencia cuando Ignacio González era el delfín de Esperanza Aguirre y luego ocupó el mismo puesto en Presidencia con González ya de presidente regional.

Una cartel de Fidere, anunciando las ofertas de alquiler de los pisos de El Montecillo.
Una cartel de Fidere, anunciando las ofertas de alquiler de los pisos de El Montecillo.

La petición de Ferrocarril se produjo además cuando estaba negociando su venta a Blackstone, que ya era accionista minoritario de esa sociedad. En agosto de 2015, Blackstone concretó la compra del 100% de Ferrocarril, que contaba entonces con 406 viviendas protegidas en régimen de alquiler en Las Rozas y otras 80 en Alcalá de Henares. La operación se cifró en 54 millones de euros, según informaciones económicas de ese año. Blackstone no solo se hizo con las 486 viviendas, también canceló las deudas que tenían vinculadas estas dos promociones, que en esas fechas habían sido absorbida por 'el banco malo' o Sareb por sus problemas de financiación.

"En ese momento ya se estaban produciendo incumplimientos en cuanto al mantenimiento de las viviendas y graves defectos estructurales en la edificación. Y se estaban notificando a algunos vecinos diligencias de embargos de créditos por parte de la Agencia Tributaria, por lo que la EMGV tenía motivos más que suficientes para ejecutar la reversión", explica Luis Martínez, presidente de la asociación de afectados.

Pero en octubre de 2015 el consejo de la EMGV acordó extinguir la condición resolutoria. Con esta decisión, renunciaba a recuperar la promoción de viviendas públicas pagando un 50% del precio inicial abonado por Ferrocarril Intermediación y Patrimonios. No lo hizo y los pisos pasaron a ser propiedad de Fidere (es decir, de Blackstone). "Desde entonces, Fidere ha incumplido sistemáticamente las obligaciones del pliego que regulaba la promoción. Incumplimientos que también hubieran permitido a la EMGV ejecutar una condición resolutoria ya que habían extinguido", señala la denuncia. "Esta cláusula es parte del pliego, por lo que no se debe extinguir hasta la finalización de los siete años. Y se hizo a los cinco años y medio. De lo contrario, se está alterando de manera fundamental", explica Martínez.

Un portavoz municipal asegura que desde el ayuntamiento están convencidos de que la denuncia se va archivar, "ya que no tiene ningún recorrido. La decisión de extinguir la condición resolutoria tuvo todos los avales jurídicos". Se refiere a la primera, la de la cesión de la parcela del ayuntamiento a la EMGV. Según esos informes jurídicos, esta condición incluía 37 obligaciones para la empresa adjudicataria en los capítulos de ejecución de las obras y desarrollo de la promoción. Una vez cumplidas esas obligaciones, se podía eliminar la condición resolutoria. En resumen, el consistorio avaló su anulación porque entiende que el objeto de los pliegos (que incluían esa condición resolutoria) "se agotaba con la entrega de las viviendas a los adjudicatarios de la primera convocatoria". Además, una vez arrendadas las viviendas, si estas se quedaban vacías, "el promotor puede solicitar el cambio de régimen".

En cuanto a la segunda condición resolutoria, la establecida en los pliegos que ganó la adjudicataria, el ayuntamiento asegura que nunca se anuló, sino que venció a los siete años, plazo que acabó en mayo de 2017. "Todo se hizo conforme a la legalidad", reiteran.

Subida de los alquileres

El plazo de los siete años terminó en mayo de 2017. Según la denuncia, "Fidere no ha atendido las obligaciones de mantenimiento y reparaciones necesarias de las casas, y ha estado realizando contratos de alquiler con condiciones diferentes a las reguladas en el pliego de condiciones", que se rige por el Decreto 11/2005 de la Comunidad de Madrid que regula el Plan de Vivienda Joven. "Fidere ha subido los alquileres a 850 euros mensuales nada más vencer el contrato, y quiere seguir subiéndolos a 950 euros al mes el segundo año y a 1.100 euros el tercero", explica Martínez. Solo 134 adjudicatarios decidieron comprar "a precios por encima de mercado". Otros pisos se están reformando para mejorar sus calidades y ponerlos al alquiler o a la venta. "Otros vecinos formamos una asociación de afectados, y nos hemos negado a firmar los nuevos contratos de alquiler, solicitando la consignación de alquileres judicialmente. Fidere nos está presentando demandas de desahucio para intentar echarnos".

Interior de la urbanización de El Montecillo.
Interior de la urbanización de El Montecillo.

Los vecinos afectados mantienen que la EMGV podría haber ejecutado la reversión para venderles los pisos directamente o mantener los alquileres, unos ingresos que habrían ido directamente a las arcas municipales. "Lo más correcto hubiera sido comunicar a los inquilinos la intención de otra empresa de comprar la sociedad que gestionaba los alquileres, y ofrecer así a los arrendadores su derecho de tanteo y retracto", señala Luis Martínez. "Fidere está ahora estableciendo cláusulas abusivas. Los terrenos públicos que fueron cedidos por Las Rozas con la finalidad de construir y promocionar vivienda pública para jóvenes han terminado en posesión de una sociedad privada cuyo objetivo es la especulación inmobiliaria", concluye la denuncia admitida a trámite.

Esta acusa al alcalde de prevaricación y pide que se le cite como investigado, decisión que en estos momentos está sopesando el titular del juzgado. También que se llame a declarar a todos los miembros del consejo de administración de la EMGV donde se aprobó anular la condición resolutoria y a dos últimos gerentes de la EMGV. "El consejo de la empresa pública es quien aprobó la extinción de la condición resolutoria por petición de la empresa. Y la EMGV es 100% capital del ayuntamiento. El presidente del consejo es el alcalde, la autoridad máxima del municipio, y por lo tanto responsable en última instancia de esta decisión".

La asociación de afectados solicitó a la EMGV y al propio ayuntamiento las actas y los informes jurídicos que se utilizaron para avalar la decisión de extinguir la condición resolutoria en 2015. "Se negaron. A raíz de ello, se formuló escrito de queja o denuncia al defensor del Pueblo, el cual ha requerido formalmente al consistorio que en virtud de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de 2013 debe facilitar esa documentación. Seguimos esperando".

Las otras ventas investigadas de la EMV y del Ivima

El fondo Fidere también está inmerso en otro litigio con el Ayuntamiento de Madrid, que ha presentado recientemente una demanda en el Tribunal de Cuentas contra la exalcaldesa Ana Botella y todos los miembros de su Junta de Gobierno por la venta de inmuebles de la EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo) a este fondo de inversión. El objeto de la demanda es un posible perjuicio económico a las arcas municipales, por lo que se solicita reintegrar unos 127 millones de euros debido, por una parte, a la supuesta enajenación de 18 promociones completas de vivienda protegida, así como otros 34 pisos y dos plazas de garaje.

Ex altos cargos de la Comunidad de Madrid también están siendo investigados por vender pisos protegidos a otro fondo de inversión, en este caso Goldman Sachs. El caso ha recaído en el juzgado número 48 de Madrid, que indaga si fue legal la venta por parte del Ivima de 2.935 viviendas públicas a este fondo por 201 millones de euros cuando Ignacio González era el presidente regional. El juzgado ya ha citado a declarar como investigados (la nueva figura jurídica de la imputación) al que fuera director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid Juan Van Halen-Rodríguezque tuvo que dimitir como director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, y a la que fuera directora gerente del Ivima Ana Gomendio

Madrid

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