La diputada díscola de Cifuentes deja el escaño (y la denuncia) por 93.000 € de sueldo
La Comunidad de Madrid ha convencido a Elena González-Moñux, de baja por depresión, para que renuncie al acta a cambio de ocupar el puesto de directora gerente en una fundación
El Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes ha conseguido solucionar uno de los problemas que se estaban enquistando durante esta legislatura y que ponían en peligro la mayoría simple que el PP tiene en la Asamblea de Madrid. Elena González-Moñux, la diputada popular que estaba de baja por depresión desde octubre del año pasado, entregará su acta para renunciar al escaño el jueves 31 de agosto y al día siguiente se incorporará como directora gerente de una fundación relativamente desconocida, la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (Fenercom), un ente privado en cuyo patronato están la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, la Cámara de Comercio, los empresarios madrileños (CEIM), dos universidades y empresas energéticas como Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Cepsa y Gas Natural.
La fundación llevaba ya tiempo con el puesto de director general vacante y la Comunidad de Madrid, que tiene seis de los 15 sillones del patronato, ha conseguido que González-Moñux ocupe el cargo "teniendo una remuneración mensual asimilada a la de un alto cargo del Ejecutivo autonómico, al de director general de la comunidad", explican fuentes del Gobierno regional. Esa retribución es de 93.855 euros brutos anuales, muy superior a la que percibía González-Moñux como diputada. Según la web de la Asamblea de Madrid, su salario como parlamentaria rondaba los 70.000 euros brutos anuales cuando ocupaba todos los cargos, ya que fue portavoz adjunta. Cuando se pidió la baja, el PP la cesó de ese puesto y le quitó el despacho, con el consiguiente quebranto económico.
Desde su entorno señalan que su nuevo nombramiento no se trata de "una patada hacia arriba" y aseguran que no es fácil para ella dejar la política "cuando nadie le ha regalado nada en todos esos años. Solo ha trabajado por y para los ciudadanos con mucha ilusión". El 'pacto' alcanzado también supone el fin del enfrentamiento judicial que mantenía con su jefe de filas, el portavoz parlamentario Enrique Ossorio. González-Moñux le había denunciado por lesiones psíquicas, amenazas, coacciones y delitos contra los derechos de los trabajadores y la integridad moral, y este a su vez a ella por injurias y calumnias después de que el acto de conciliación entre ambos fracasase. Ossorio ha retirado su querella y ella el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid después de que este archivara la denuncia de González-Moñux.
El secretario general del PP de Madrid, Ángel Garrido, llevaba ya tiempo negociando una solución con González-Moñux, que tenía claro que no quería volver a trabajar con Ossorio. El Gobierno regional le había ofrecido ya hace meses varias alternativas. La primera, que retornara a su puesto y ostentara la presidencia de una comisión parlamentaria. Y la segunda, que dejara su acta de diputada y buscara acomodo en una de las fundaciones que dependen del Ejecutivo autonómico. Ella, por contra, quería seguir en la Asamblea pero sin ningún puesto de responsabilidad (acudiendo lo justo, como los jueves al pleno) y simultanear la Asamblea con algún puesto en una empresa pública.
Al final, con el paso de los meses, González-Moñux ha optado por aceptar una de las ofertas que le ha hecho la Comunidad de Madrid, un cargo de responsabilidad en la Fundación de la Energía, cuyo objetivo principal "es fomentar, impulsar y realizar iniciativas y programas de actuación para investigar, estudiar y apoyar actuaciones de conocimiento, desarrollo y aplicación de las tecnologías energéticas". Desde el Ejecutivo autonómico señalan que el puesto de director gerente "no es un cargo de nueva creación. La fundación ha tenido ya dos directores cuya vinculación laboral ha sido a través de un contrato de trabajo de carácter indefinido. Ahora el puesto estaba vacante".
La Comunidad de Madrid tenía claro que había que tomar una solución. Y cuanto antes mejor. La dupla PP y Ciudadanos suma 65 escaños en la Asamblea de Madrid, frente a los 64 de PSOE y Podemos. La ausencia de González-Moñux dejaba la situación en tablas y complicaba muchas votaciones para los populares, poniendo incluso en riesgo los Presupuestos, ya que en el Parlamento madrileño no existe el voto de calidad del presidente cuando hay un empate. En el poco más de un año que ha estado ocupando su escaño antes de pillarse la baja por depresión, González-Moñux solo presentó cinco iniciativas. Y los meses que estuvo de baja solo acudió dos veces a la Cámara, una de ellas para votar en contra de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos regionales y salvar el curso político a Cifuentes.
A sus 55 años, González-Moñux lleva toda su vida ligada al PP. Fue gerente regional entre 1995 y 1999. Después pasó a la Asamblea, donde fue diputada en la legislatura 1999-2003. Más tarde dejó el Parlamento autonómico y pasó al ayuntamiento de la capital. Fue concejala entre 2003 y 2011. Ese año, tras las elecciones, dejó la política municipal y dio el salto al Gobierno regional, entonces presidido por Esperanza Aguirre. Entre 2011 y 2015, fue viceconsejera de Justicia y Administraciones Públicas. En el sector privado, al margen de la política, ha trabajado en la asesoría jurídica de una compañía de aviación general y en una inmobiliaria.
El Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes ha conseguido solucionar uno de los problemas que se estaban enquistando durante esta legislatura y que ponían en peligro la mayoría simple que el PP tiene en la Asamblea de Madrid. Elena González-Moñux, la diputada popular que estaba de baja por depresión desde octubre del año pasado, entregará su acta para renunciar al escaño el jueves 31 de agosto y al día siguiente se incorporará como directora gerente de una fundación relativamente desconocida, la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (Fenercom), un ente privado en cuyo patronato están la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, la Cámara de Comercio, los empresarios madrileños (CEIM), dos universidades y empresas energéticas como Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Cepsa y Gas Natural.