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El ejército fiscal de Cifuentes: 24 inspectores que ya vigilan al 100% de los contribuyentes
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El ejército fiscal de Cifuentes: 24 inspectores que ya vigilan al 100% de los contribuyentes

La Comunidad acaba de incorporar a seis inspectores y en 2018 sumará 15 subinspectores. El año pasado recaudó en la lucha contra el fraude fiscal 470 millones, un 15% más que en 2015

Foto: Instalaciones de la Agencia Tributaria en la campaña nacional de la renta 2016. (EFE)
Instalaciones de la Agencia Tributaria en la campaña nacional de la renta 2016. (EFE)

La Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid es, en cierta medida, el ojo que todo lo ve. Fiscalmente hablando. El Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes controla ya al 100% de los contribuyentes madrileños. Para ello tiene un pequeño ejército fiscal compuesto por 24 inspectores (los seis últimos se acaban de incorporar tras aprobar los exámenes de la cuarta promoción) y 40 subinspectores. Todos ellos descubrieron el año pasado una deuda no declarada de 470 millones de euros, un 16,5% más que en 2015, cuando la lucha contra el fraude fiscal llegó a los 403,2 millones. La cifra no es mala, ya que a nivel nacional la Agencia Tributaria (con mucha mayor capacidad y competencias) recaudó el año pasado 14.883 millones de euros.

El control fiscal que hacen las autonomías es limitado. En Madrid, los impuestos gestionados por el Gobierno regional son Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados y la Tasa sobre el Juego. El primero, Sucesiones y Donaciones, está bonificado al 99% para el ámbito familiar más estrecho, padres, hijos, cónyuges y parejas de hecho. Por ejemplo, un hijo que recibe de un padre un negocio valorado en 360.000 euros solo paga 707 euros. Y aquel que recibe una herencia de su padre con una base liquidable de 100.000 euros solo abona 124 euros.

Este impuesto es el que más fraude genera. No en irregularidades detectadas (9.733), sino en el montante total de dinero recuperado para las arcas públicas: 285,6 millones de euros, el 60,7% del total del fraude descubierto. Es obvio, ya que las herencias y las donaciones mueven mucho dinero. Desde la Dirección General de Tributos explican a El Confidencial que es relativamente fácil perseguir este tipo de fraude, ya que es el "a, b c,". Es decir, cuando un contribuyente defrauda lo hace porque omite declarar los bienes heredados, porque declara indebidamente beneficios fiscales o porque declara bienes por debajo de su valor real. No hay que olvidar que cuando un madrileño hereda una vivienda los técnicos de la Administración autonómica son lo que determinan el valor del inmueble. La presidenta Cristina Cifuentes ya ha anunciado en varias ocasiones que su intención es ampliar, si las condiciones económicas lo permiten, el perfil de los beneficiarios y extender la bonificación del 99% a hermanos, tíos y sobrinos.

Madrid descubrió en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales un fraude por valor de 78,7 millones de euros, el 16,7% del total. En total se detectaron 67.436 irregularidades, con un importe medio por contribuyente de 1.166 euros. Este tributo grava "transmisiones retribuidas", como préstamos, alquileres, pensiones o por ejemplo la compraventa de un piso de segunda mano. Respecto a los Actos Jurídicos Documentados, la Comunidad descubrió 18,6 millones de fraude y 5.482 deudas. Este tributo grava escrituras, actas notariales, documentos administrativos y mercantiles, y también la rehabilitación y transmisión de grandezas y títulos nobiliarios.

Por último está la tasa de juego, que ha permitido recuperar 17,3 millones tras detectar 1.531 irregularidades. Es el montante más bajo porque es el fraude más difícil de perseguir. Los tributos del juego gravan rifas, tómbolas y apuestas, los juegos que se celebran en casinos, los bingos y las máquinas tragaperras. Además de cobrar la deuda pendiente tras detectar el fraude, la Comunidad también aplica una serie de sanciones, recargos e intereses a las personas que han intentado defraudar. En 2016 recaudó 69,5 millones en concepto de sanciones, recargos e intereses gracias a 27.227 deudas. En total el Ejecutivo autonómico revisó el año pasado 664.046 documentos, el 100% de los presentados por los contribuyentes al declarar impuestos.

Juan Lobato, diputado socialista y técnico de Hacienda, cree en cambio que lo hace la Comunidad solo es comprobar el 100% de las declaraciones tributarias que se presentan en Madrid, "pero eso no es combatir el fraude, ni descubrir hechos imponibles que no se han declarado". El PSOE sostiene que luchar contra el fraude fiscal tiene dos patas: una plantilla acorde a la importante labor a desempeñar "y una estrategia en la dirección de las labores de inspección". Lobato asegura que en la comunidad de Madrid los inspectores y subinspectores no tienen un plan de personación permanente "en los domicilios particulares o en las empresas de los contribuyentes que defraudan", para presionarles a que paguen sus deudas. "Nos limitamos a las actuaciones más sencillas. Damos un botón al ordenador y embargamos las cuentas. Nada más. El trabajo de campo es mucho más efectivo".

Los socialistas señalan además que la única actuación efectiva que ha hecho el Gobierno de Cifuentes en lo que llevamos de legislatura es la ejecución de una campaña de envío masivo de cartas a aquellos inquilinos que alquilan un piso y deben pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Un tributo vigente desde 1993 pero que muchos madrileños desconocen, ya que son los propios inquilinos que pagan un alquiler los que deben acercarse a la sede de Hacienda para pagar este impuesto, que no supera los 30 euros. "Esta es la única actuación algo creativa y original que ha hecho la Comunidad. Eso sí, dirigida a las rentas bajas y medias". El Gobierno de Cifuentes pudo iniciar esta ofensiva tributaria porque cuenta con una herramienta para detectar a los arrendatarios que no han pasado por caja. ¿Cuál? Una ayuda al alquiler de hasta 2.400 euros anuales que se concede a familias con rentas bajas. Basta con cruzar los datos de los madrileños que disfrutan de esta subvención para saber que pagan un alquiler y que por tanto deben abonar el impuesto.

En 2018, el Ejecutivo autonómico prevé incorporar otros 15 subinspectores tras la celebración del proceso selectivo convocado en abril de este año. Según cálculos de la administración tributaria madrileña por cada euro invertido en medios humanos y materiales se recaudan 57 euros. Cada técnico de la Dirección General de Tributos tiene un ratio de ingresos de 3,47 millones de euros. Más datos. Entre 2003 y 2016 la Comunidad de Madrid ha conseguido recaudar 6.594 millones de euros gracias a la lucha contra el fraude.

La Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid es, en cierta medida, el ojo que todo lo ve. Fiscalmente hablando. El Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes controla ya al 100% de los contribuyentes madrileños. Para ello tiene un pequeño ejército fiscal compuesto por 24 inspectores (los seis últimos se acaban de incorporar tras aprobar los exámenes de la cuarta promoción) y 40 subinspectores. Todos ellos descubrieron el año pasado una deuda no declarada de 470 millones de euros, un 16,5% más que en 2015, cuando la lucha contra el fraude fiscal llegó a los 403,2 millones. La cifra no es mala, ya que a nivel nacional la Agencia Tributaria (con mucha mayor capacidad y competencias) recaudó el año pasado 14.883 millones de euros.

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