Un Consistorio denuncia a su interventora por falsear facturas para embolsarse 35.000€

El Ayuntamiento de Serranillos del Valle, un pequeño municipio del sur de Madrid de apenas 4.000 habitantes, ha presentado una denuncia en un juzgado de Navalcarnero contra la que fue su interventora, Beatriz Mata Amado, que actualmente trabaja en el consistorio de Parla. El equipo municipal, formado por una coalición de independientes (Transparencia y Democracia) y una candidatura de unidad popular, Cambiemos Serranillos, acusa a la funcionaria de actuar en connivencia con un empresario para falsear unas facturas por un servicio no prestado y repartirse 35.000 euros. El pastel se ha descubierto gracias a que ese empresario, C.B.S., confesó el montaje urdido por ambos cuando el consistorio le reclamó el dinero.

Los vecinos de Serranillos Del Valle se están acostumbrando a que su pueblo sea protagonista de la actualidad judicial de la región. El que fuera su alcalde entre 2011 y 2015, Antonio Sánchez Fernández, es uno de los investigados (la nueva figura jurídica de la imputación) del caso Púnica. La trama campó a sus anchas en la localidad, amañando un contrato de eficiencia energética que hipotecó a la ciudad (4,7 millones durante 15 años) y falseando facturas para pagar el servicio de deportes, adjudicado a una de las empresas del cabecilla, David Marjaliza. La deuda de la ciudad es de 18 millones de euros, una losa que supone 4.500 euros por habitante. Olga Fernández, ex regidora entre 2003 y 2011, acaba de ser condenada por la Audiencia Provincial de Madrid por un delito de malversación tras comprarse dos bolsos valorados en 370 euros y pagarlos con la Visa del Ayuntamiento.

Este nuevo frente judicial se abre contra la que fuera interventora del consistorio entre febrero de 2012 y abril de 2013, Beatriz Mata, que tiene su plaza titular en otra localidad, Moraleja de Enmedio. Los hechos se remontan por tanto al año 2012, cuando Serranillos se acogió al plan del Gobierno central (regulado en el Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero) para pagar deudas a proveedores municipales. Serranillos debía casi 3 millones de euros. En mayo de 2012 un empresario pasó a cargo de ese plan el cobro de una factura de 34.918 euros por un supuesto servicio que había hecho años antes, en diciembre de 2006. Hasta ahí, todo normal. Pero el nuevo equipo de Gobierno local que llegó tras las elecciones de mayo de 2015 comenzó a auditar las cuentas municipales y se dio cuenta de que ese proveedor que había girado la factura años antes en realidad no había prestado ese servicio ni ningún otro para el Ayuntamiento.

Comprobado que el pago efectuado al proveedor era irregular, el Consistorio decidió iniciar un procedimiento de reintegro del cobro, reclamando al empresario la devolución de los 35.000 euros más los intereses de demora, cantidad que se elevó a 53.000 euros. La denuncia explica que el proveedor conocía a Beatriz Mata porque ambos habían coincidido laboralmente en Morajela de Enmedio, donde él trabajó como informático del Consistorio y ella como interventora. Otro de los municipios salpicados por la Púnica, donde el exalcalde Carlos Estrada también está siendo investigado. En los seis meses que Mata estuvo en Serranillos tramitó con el Ministerio de Hacienda el pago de la factura del empresario. El 1 de agosto de 2012, el Gobierno central le pagó los 34.918 euros.

El Ayuntamiento intentó durante un año que el proveedor le devolviera el dinero, sin suerte, por lo que al final decidió dictar en mayo de 2016 una resolución acordando el embargo de sus bienes por importe de 53.000 euros. Tras recibir la notificación, el supuesto proveedor solicitó una reunión urgente para "contarlo todo", reconociendo que nunca había trabajado en Serranillos del Valle y que pactó con la interventora el cobro de esa factura inexistente. Manifestó además que era consciente del delito y que estaba dispuesto a devolver los 4.000 euros que él se llevo, ya que los 30.000 restantes fueron a parar a los bolsillos de Beatriz Mata. ¿Por qué lo hicieron? El proveedor aseguró que la interventora le exigió ese amaño para desbloquearle el pago de otra factura de 35.164 que tenía pendiente de cobrar desde el año 2006 del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio, donde ella tiene la plaza.

El empresario ratificó sus palabras en un documento firmado el 19 de abril de 2017 con el secretario municipal de testigo. Un documento que ha sido aportado a la denuncia. La interventora está acusada de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad de documento público. "Hemos presentado denuncia penal incorporando todas las evidencias y datos obtenidos", señala el alcalde, Iván Fernández. "La figura del interventor en un ayuntamiento es comparable con la de un notario: fiscaliza y da fe de la contabilidad municipal. En un juicio, el informe de un interventor es una prueba que un juez valora como 100% válida, y en Serranillos nos encontramos con que supuestamente la interventora ha organizado el delito", continúa el regidor, que se pregunta: "¿Cuántas veces lo habrá hecho? ¿Cuánto dinero ha podido robar en otros ayuntamientos?, ¿cuántos proveedores pueden estar implicados?".

El alcalde, el denunciante, se pregunta cuántas veces la interventora ha podido repetir la misma operativa en otros ayuntamientos en los que trabajó

El Confidencial ha intentado conocer la versión de Beatriz Mata a través del Ayuntamiento de Parla, su nuevo destino. No ha habido respuesta. Un portavoz municipal señala que desconocían esta denuncia y que Mata no es interventora del Consistorio. "Empezó en enero de este año con nosotros y su función es la de vicetesorera, se encarga del departamento que tramita la recaudación de impuestos y atiende las reclamaciones de los vecinos que tienen impagos, pero no firma facturas".