csi-f habla de ere encubierto

La Púnica arruina Serranillos del Valle: el Ayuntamiento despide al 15% de la plantilla

El Consistorio madrileño echó a nueve trabajadores este viernes lastrado por una deuda de 18 millones. "Esto no es una ONG. Me eligieron para salvar al Ayuntamiento", señala el alcalde

Foto: El exalcalde de Serranillos (a la derecha) con dos de los imputados: David Marjaliza y Pedro García
El exalcalde de Serranillos (a la derecha) con dos de los imputados: David Marjaliza y Pedro García

La corrupción ha arruinado a Serranillos del Valle, un pequeño municipio del sur de Madrid de apenas 4.000 habitantes. El Ayuntamiento, gobernado por una coalición de independientes (Transparencia y Democracia) y una candidatura de unidad popular, Cambiemos Serranillos, despidió el viernes a nueve trabajadores, un 15% de la plantilla, debido a la precaria y delicada situación por la que atraviesan las arcas municipales. La deuda de la ciudad es de 18 millones de euros (4.500 euros por vecino), una dura losa que el Consistorio arrastra por la gestión del anterior alcalde, Antonio Sánchez Fernández, imputado en el caso Púnica. La trama campó a sus anchas en la localidad, amañando un contrato de eficiencia energética que hipotecó a la ciudad (4,7 millones durante 15 años) y falseando facturas para pagar el servicio de deportes, adjudicado a una de las empresas del cabecilla, David Marjaliza.

El sindicato CSI-F Madrid habla de "ERE encubierto" ya que "se ha despedido al 20% de los laborales fijos del Ayuntamiento y se ha hecho por sorpresa, sin comunicación previa ni a los trabajadores ni a las organizaciones sindicales, y además se ha tramitado de forma ilegal". El alcalde, Iván Fernández Heras, asegura que todos los despidos se han producido de manera objetiva, por razones económicas, y prescindiendo de puestos asumibles por el resto de personal. "El Ayuntamiento tenía 58 empleados entres funcionarios y laborales. Hemos hecho el máximo de despidos que podíamos hacer por ley. Ha sido muy duro, porque nueve familias se han visto afectadas, pero a mi me pagan por gestionar, esto no es una ONG. Me han elegido para hacer un Consistorio sostenible. Esta decisión es consecuencia de la ruina que hemos heredado", señala el regidor. Este lunes se ha producido una protesta frente al Ayuntamiento por los despidos.

El Ayuntamiento debe 10 millones a Hacienda, Seguridad Social, bancos y proveedores; y una empresa de la trama les reclama 600.000 euros

Las cuentas no cuadran en Serranillos. La deuda es de 18 millones de euros: diez millones que se adeuda a la Seguridad Social, Hacienda, bancos y proveedores; seis millones en expropiaciones, rehabilitaciones y permutas urbanísticas "que creemos que son irregulares y vamos a llevar a la Fiscalía"; y dos millones que el Ayuntamiento debe pagar en sentencias judiciales y costas. En 2011 el presupuesto municipal era de 5,5 millones; el de 2016 es de 3,8 millones. "Necesitamos tres presupuestos anuales solo para pagar la deuda viva, la de Hacienda, bancos y proveedores. Así es muy difícil", sentencia el alcalde, que explica que este año el ajuste es de 500.000 euros, "aunque no es suficiente".

Entre los despedidos está el conserje del colegio, un barrendero que tenía el 33% de discapacidad, dos auxiliares administrativos, el albañil de mantenimiento, una de las profesoras de la guardería, el coordinador de servicios... "Este último es delegado sindical. Le ofrecimos bajarse el sueldo para no despedirle, prescindir de los 580 euros de productividad. Pero nos dijo que si le tocábamos a él teníamos que rebajar al resto. ¡Pero si hay sueldos de 900 euros! Cómo vamos a recortar esos salarios. Al final negoció el despido", señala Fernández. CSI-F asegura que los despidos se han ejecutado de una forma muy dolorosa: "a una trabajadora que está de baja por una operación se le ha comunicado por 'Whatsapp'".

Un ahorro de 223.000 euros anuales

Los trabajadores se han ido con una indemnización de 20 días por año trabajado. En total, 110.000 euros. "Reducir nueve trabajadores en la plantilla supone un ahorro de 223.000 euros anuales", señala el alcalde, que explica que además se ha rescindido el contrato con la empresa privada que limpiaba los edificios públicos. "Otro ahorro de 160.000 euros anuales. La empresa ha despedido a los siete trabajadores, y supongo que también culparán al Ayuntamiento, pero hay que optimizar los gastos. La situación es muy delicada. Hacienda nos pide más ajustes para negociar los pagos. La realidad es esta. Y es muy dura", concluye Fernández.

Antonio Sánchez, el exalcalde de Serranillos del Valle
Antonio Sánchez, el exalcalde de Serranillos del Valle

El Ayuntamiento también intentó negociar con Cofely la rescisión del contrato de eficiencia energética, la adjudicación amañada según la Guardia Civil que ha dejado imputados a varios directivos de la empresa. El tema está en los tribunales, ya que la filial de la multinacional francesa GDF Suez reclama el lucro cesante, 600.000 euros que son inasumibles para las arcas municipales. Según el sumario, "el alcalde [Antonio Sánchez] abusó arbitrariamente de sus funciones en beneficio de los intereses económicos de Cofely, viciando el procedimiento y vulnerando los principios de la contratación pública". En el amaño del contrato jugó un papel destacado el empresario David Marjaliza, que cobró comisiones de Cofely y pagó un soborno de 25.000 euros al exalcalde para que este se comprara un coche. Los pliegos del contrato fueron elaborados para que ganara Cofely.

La Púnica arruina Serranillos del Valle: el Ayuntamiento despide al 15% de la plantilla

El contrato fue adjudicado en septiembre de 2014. Según declaró Marjaliza ante el juez, el exalcalde nunca llegó a cobrar los 25.000 euros (la operación se destapó en octubre de ese año), sino solo un adelanto de 2.000 euros. La Guardia Civil asegura en un informe que un técnico municipal también colaboró en el amaño, y que a cambio el exalcalde le 'pagó' haciéndole fijo a él y también a su mujer. Ambos siguen hoy en la plantilla municipal. El sumario también revela que la trama utilizó Serranillos del Valle para camuflar mediantes facturas falsas comisiones que iban destinadas a cargos públicos de otros municipios, como Móstoles. La Guardia Civil ha pedido al juez Eloy Velasco, instructor del caso, la imputación de tres trabajadores del Consistorio.

Madrid

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