El ataúd de cartón 'made in Madrid', a 100€, rechazado por el 'lobby' y pirateado fuera

Esta es la increíble historia de un ataúd de cartón 'made in Madrid', más concretamente en el municipio de Alcobendas, que curiosamente puede ser comercializado en toda España menos en Madrid, que ha sido pirateado en el extranjero, y que ha acabado en la Fiscalía de Medio Ambiente, en una denuncia admitida a trámite, archivada luego provisionalmente y retomada de nuevo por la asociación contra la corrupción ACCORS. Una historia que entremezcla toda una maraña de extrañas amenazas, accidentes de tráfico y presuntas coacciones por parte de la Administración. Todo un lío funerario con un importante trasfondo económico: un negocio, el de los ataúdes, que mueve como mínimo 296 millones de euros al año.

Javier Ferrándiz es un empresario de Alcobendas, localidad del norte de Madrid. Hace unos años, decidió adentrarse en un terreno pantanoso, un círculo muy cerrado, el del negocio de la muerte. Diseñó un ataúd ecológico biodegradable, hecho de cartón reciclado y celulosa, "sin barnices, pinturas, tintas, herrajes ni cualquier otro material contaminante". Construido principalmente para ser utilizado en la incineración, "aunque también se puede usar para el enterramiento". Que pesa nueve kilos, fácil de montar y transportar, "y limpio con el medioambiente", señala Ferrándiz. Y lo más importante, muy económico. Cuesta 100 euros, cuando los ataúdes normales, los que copan el mercado, los de madera, oscilan entre los 700 y los 4.000 euros, según la marca y el modelo.

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Rafael Méndez

Lo malo es que Ferrándiz no puede vender sus ataúdes en Madrid. Tampoco en Castilla y León. Son las dos únicas comunidades que no han homologado su féretro de cartón. En el resto de España sí puede hacerlo (le han autorizado 15 ejecutivos autonómicos). Es decir, puede comercializarlo en Extremadura o en Galicia, pero no en Madrid ni, por ejemplo, en Segovia. Aunque Ferrándiz no piensa lo mismo. El Ministerio de Sanidad también homologó su ataúd en febrero de 2013 "para sepelio ordinario y para traslado de restos", lo que en teoría le permitiría colocar su mercancía en cualquier punto del país. El artículo 13 del reglamento de sanidad mortuoria de la Comunidad de Madrid estipula que "los féretros deberán estar autorizados u homologados por el Ministerio de Sanidad o por la Consejería de Sanidad". Esa es la clave, señala Ferrándiz. "Sirve con una de las dos homologaciones. Como tengo la del ministerio, puedo vender en Madrid", asegura.

Pero la Comunidad de Madrid no se lo permite. Incluso comunicó a Panasef (la Asociación Nacional de Servicios Funerarios) que el ataúd de la marca de Javier, RestGreen, no podía ser vendido. Por eso el empresario ha acudido a los tribunales, apoyado por la Asociación Contra la Corrupción y por la Regeneración Social (ACCORS). En la denuncia que se puso ante la Fiscalía Anticorrupción en noviembre de 2015, se argumenta que "Madrid ha negado la homologación aparentemente sin motivación ni fundamentación legal alguna y en contradicción con el propio Ministerio de Sanidad". Anticorrupción derivó el caso a la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Madrid, que abrió diligencias y citó a declarar a Javier Ferrándiz el pasado 12 de febrero de 2016.

Ante el fiscal, Javier explicó que Extremadura tiene la misma legislación que Madrid y ambos aplican los mismos criterios de acreditación. "Y Extremadura me homologó, y Madrid no", señala. ¿Por qué? En la denuncia se explica que Madrid basa su denegación en que "el cartón ecológico de doble cara, derivado de la madera, no se contempla en la norma UNE 190001:2008", que fija los materiales de construcción, y que por tanto el material de su ataúd era "no clasificable", pero ACCORS resalta que "la norma UNE no es de obligado cumplimiento, al ser una mera guía". Javier también denuncia discriminación, ya que en marzo de 2012 el ministerio homologó otro tipo de féretro, la bolsa sanitaria estanca y autodestructible para transporte de cadáveres, "y este producto no ha necesitado la homologación de Madrid para poder venderse en nuestra región".

Hay otro punto a destacar. Madrid denegó la homologación del ataúd de cartón omitiendo dos informes favorables de técnicos autonómicos. En julio de 2012, el responsable de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid daba el visto bueno y emitía un informe favorable al féretro de Javier, que además incluía un certificado de ensayo positivo del Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines (Aidima). Ese mismo mes, la Dirección General de Autorización y Acreditación de la Comunidad de Madrid proponía su homologación, "ya que se han observado todas la disposiciones legales de aplicación". A pesar de ello, la consejería rechazó la homologación en octubre de 2012. De nada sirvió que en febrero de 2013 el ministerio sí se la concediera. Con este permiso estatal en sus manos, Javier volvió a pedir la acreditación a la Comunidad de Madrid en marzo de 2013, que la volvió a rechazar en abril de ese año.

Ataúdes chinos

En su denuncia, Javier y ACCORS señalan que el trasfondo de las múltiples negativas que ha recibido el ataúd de cartón es que su económico precio, 100 euros, es un torpedo en la línea de flotación de los intereses de las empresas que ya monopolizan este mercado, que venden sus féretros por encima de los 700 euros (y hasta los 4.000). "No quieren que entre en el mercado. Las aseguradoras controlan las funerarias, y todos quieren vender a la gente ataúdes más caros, no los míos de 100 euros. Técnicos de la comunidad me han dicho que ha habido presiones para que no me dieran la homologación, pero no lo puedo probar", asegura Javier.

Este empresario afirma que ninguno de los ataúdes normales de madera que se venden en Madrid tiene la homologación, ya sea del ministerio o de la consejería de Sanidad. El Confidencial ha pedido al portal de transparencia de la Comunidad un listado de los distintos tipos de féretros que ha homologado en la última década. Todavía no ha recibido respuesta. En el BOE aparecen solo tres homologaciones por parte del ministerio. Es más, Javier asegura que en la región "se están comercializando un gran número de ataúdes de origen chino que tampoco están homologados ni tienen control sanitario, que tienen un coste ínfimo pero que dejan un margen millonario".

Para más inri, Javier Ferrándiz puso en conocimiento de la Fiscalía que había un ciudadano argentino, llamado Mauricio Kalinov, que había falsificado la homologación que le concedió el ministerio, sustituyendo burdamente en la resolución del BOE su nombre por el del usurpador, lo que le permitía vender un féretro parecido de cartón en Portugal, África y América del Sur. La Fiscalía inició una investigación por falsificación de documento público que ha acabado en el juzgado de instrucción número 13 de Madrid, que ha archivado provisionalmente la causa porque el investigado, Kalinov, "se encuentra en ignorado paradero" tras las actuaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional.

El último paso lo ha dado de nuevo ACCORS, que el 25 de enero de 2017 envió un escrito a la Fiscalía recordando que su denuncia inicial no era contra Kalinov, el supuesto usurpador (un protagonista secundario en toda esta historia), sino contra cuatro altos cargos de la Consejería de Sanidad por "hechos que podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación", ya que impidieron la homologación del ataúd de cartón "sin motivación ni fundamento legal". Elena Vicente, presidenta de ACCORS, señala a este diario que aún están esperado contestación de la Fiscalía tras este último escrito.

La burocracia ha sepultado el féretro de Javier, que ya contó en marzo de 2013 a este diario los problemas que estaba teniendo. Desde entonces, su odisea no ha hecho más que complicarse. Hasta que no llegó la denuncia de ACCORS, los juzgados no le hicieron caso. "Ya no se trata de burocracia. Hay algo más". Javier ha explicado en los tribunales que se ha sentido perseguido y vigilado, que le habían hecho seguimientos y que sus conversaciones con el móvil podrían estar grabadas. También denunció un extraño accidente de tráfico que sufrió y que después amenazaron a la persona que le iba a acompañar a poner la denuncia a la Guardia Civil. "Le dieron un golpe en la cabeza y le enseñaron un iPad con el siguiente texto: no sigáis".

Todo ha caído en un saco roto. Javier asegura que ninguna funeraria le quiere comprar el ataúd, que el 'lobby' del sector le rechaza, y que la no homologación de la Comunidad de Madrid le hizo perder un pedido de 10.000 unidades (aporta toda la documentación que entregó a la Fiscalía). Él calcula que desde que solicitó la autorización por primera vez en mayo de 2012, ha dejado de vender unos 40.000 féretros. "De los 120 ataúdes que hice en mi primera entrega, solo vendí uno en Alicante". Su ataúd, de momento, sigue bajo tierra.