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La hermana del ministro de Justicia dilata el caso Ivima porque le faltan peritos
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el juzgado lleva un año reclamando peritos

La hermana del ministro de Justicia dilata el caso Ivima porque le faltan peritos

Raquel Catalá, delegada de Hacienda en Madrid, recomienda a la jueza que investiga la venta de 2.935 pisos protegidos que acuda a otro departamento, la Intervención General

Foto: Juan Van Halen, cuando declaró como investigado. (EFE)
Juan Van Halen, cuando declaró como investigado. (EFE)

A la titular del juzgado número 48 de Madrid le está costando que Hacienda la apoye en la investigación de la venta de las 2.935 viviendas protegidas que el Ivima hizo al fondo Azora-Goldman Sachs. La jueza Concepción Jerez lleva más de un año esperando que la Agencia Tributaria nombre dos peritos que la auxilien en su trabajo, reclamación que apoya la Fiscalía. La primera petición se hizo en enero de este año y la segunda, en septiembre. El pasado 3 de noviembre, el juzgado por fin recibió respuesta de la delegada especial de la Agencia Tributaria en Madrid, Raquel Catalá Polo, hermana del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

En un escrito de tres folios, Catalá no duda en corregir a la magistrada y en recordarle la escasez de medios con los que cuenta el fisco, sugiriéndole además que acuda a otro departamento, la Intervención General del Estado, para que la ayude en las funciones que reclama. Finalmente, Catalá deja la puerta abierta a que sea solo un inspector de Hacienda (y no dos, como reclaman el juzgado y la Fiscalía) quien les pueda auxiliar "si lo estiman conveniente y necesario".

Foto: El director general del Ivima, Juan Van-Halen (d). (EFE)

El juzgado ya ha citado a declarar como investigados (la nueva figura jurídica de la imputación) al que fuera director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, Juan Van Halen-Rodríguez, que tuvo que dimitir como director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, y a la que fuera directora gerente del Ivima, Ana Gomendio. Ambos ya desfilaron por la comisión de corrupción que puso en marcha la Asamblea de Madrid para investigar esta venta.

El juzgado (que ha cambiado de titular durante la instrucción) ha solicitado la ayuda de Hacienda para proceder "al análisis de toda la documentación de contenido económico con el fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos", es decir, investigar si alguien pudo lucrarse en esta venta. La investigación judicial quiere indagar si la Comunidad de Madrid cometió durante el mandato de Ignacio González (PP) malversación de caudales y prevaricación. En enero de este año, el primer instructor del caso, Ignacio Bigeriego, decretó que se volvieran a valorar todas las casas para saber si la tasación de la venta fue correcta (trabajo que ya está haciendo un miembro del cuerpo de Arquitectos Superiores de Hacienda) y se investigaran las "relaciones" entre las sociedades implicadas en la venta: Azora, Goldman Sachs y Encasa Cibeles (la empresa que crearon las dos anteriores para materializar la compra de los pisos). Labor para la que son necesarios los peritos de Hacienda. Azora se hizo con los pisos en agosto de 2013 por 201 millones de euros.

Un escrito dirigido al órgano equivocado

Lo primero que hace Raquel Catalá en su escrito es aclarar a la jueza por qué responde ella a su petición cuando el juzgado requirió ayuda a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). "Atendiendo a los criterios internos establecidos en la instrucción 272013 de 4 de octubre sobre designación de peritos o en otras funciones de auxilio judicial, corresponde tramitar la petición a la delegación especial del ámbito territorial correspondiente. Motivo por el cual se procede a contestar su oficio desde la Delegación de Madrid, aun cuando su escrito va dirigido a la ONIF".

Antes de responder a la jueza, Catalá cree necesario "establecer algunas consideraciones que se deben tener presentes: partimos de una limitación de medios humanos ya conocida por ese órgano jurisdiccional". Catalá prosigue: "Existe una dificultad objetiva para satisfacer lo interesado, toda vez que las pericias encargadas por los órganos jurisdiccionales se refieren a funcionarios del cuerpo superior de inspectores de Hacienda, centrándose exclusivamente en materia tributaria, y no, como parece desprenderse de su oficio, en materia de malversación de caudales públicos y prevaricación, que parecen destinados mejor a otro tipo de funcionarios". En este punto, Catalá corrige a la magistrada y apunta "que parece lógico que la colaboración que requiera debe centrarse en las funciones propias de la Agencia Tributaria".

Foto: Un centenar de personas protestaron ayer en la sede de Goldman Sachs por deshaucios en antiguas viviendas del IVIMA

Hacienda habla de "eficacia" y recuerda a la jueza del 48 que, "como consecuencia de la carga de trabajo y la insuficiencia de medios para atender adecuadamente la creciente demanda de solicitudes, la Agencia Tributaria ha suscrito un acuerdo marco para la contratación externa de una asistencia técnica para la emisión de los informes de valoración de bienes y derechos, lo que acredita sobradamente la insuficiencia de medios para acometer las propias funciones, y por tanto y con mayor razón, funciones ajenas". Catalá recomienda entonces al juzgado "la posibilidad de acudir a la Intervención General del Estado, órgano competente y especializado en el control adecuado de uso de los recursos públicos".

En un alarde de generosidad, Catalá sugiere al juzgado que si detecta dentro del caso datos de trascendencia tributaria, "se considera más adecuado poder trasladarnos los mismos, así se pueden analizar dentro de un procedimiento de comprobación inspector". Al final, la delegada especial de Hacienda en Madrid propone que sea un inspector quien ayude en la causa, "atendiendo al tiempo transcurrido y a la trascendencia, gravedad y cuantía económicas de los delitos investigados y desconociendo si pudieran existir hechos, elementos o circunstancias que determinen la existencia de posibles indicios de delito contra la Hacienda pública".

La asociación de lucha contra la corrupción Corruptil, personada en el caso, lleva tiempo reclamando juzgados especializados en temas de corrupción que tengan a su vez adscritos funcionarios específicos de Hacienda y de otros departamentos, para que no se produzcan "estos retrasos injustificados que obstaculicen las investigaciones". En este caso, "nos encontramos ante un ejemplo de la injerencia política en el poder judicial, donde un juez reclama ayuda a la ONIF y te contesta otra organismo encima dirigido por la hermana del ministro de Justicia".

A la titular del juzgado número 48 de Madrid le está costando que Hacienda la apoye en la investigación de la venta de las 2.935 viviendas protegidas que el Ivima hizo al fondo Azora-Goldman Sachs. La jueza Concepción Jerez lleva más de un año esperando que la Agencia Tributaria nombre dos peritos que la auxilien en su trabajo, reclamación que apoya la Fiscalía. La primera petición se hizo en enero de este año y la segunda, en septiembre. El pasado 3 de noviembre, el juzgado por fin recibió respuesta de la delegada especial de la Agencia Tributaria en Madrid, Raquel Catalá Polo, hermana del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

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