Colmenar Viejo: el fiscal denuncia otra vez al alcalde... ahora por la propia sede del PP

Los problemas judiciales se acumulan contra el Gobierno municipal del Partido Popular en Colmenar Viejo (municipio de la sierra madrileña de 47.000 habitantes). La Fiscalía de Madrid ha interpuesto dos nuevas querellas en el juzgado de instrucción número 4 de la localidad contra gran parte del actual equipo que dirige Miguel Ángel Santamaría Novoa. Una de ellas salpica al edificio donde está la sede local del PP. Santamaría y cinco de sus concejales han sido citados este miércoles 9 de noviembre por otro juzgado, el de instrucción número 3 de Colmenar, para notificarles personalmente la apertura de juicio oral en la causa que ya tienen pendiente y en la que están acusados de prevaricación urbanística.

Las denuncias contra la corporación municipal de Colmenar han seguido llegando a la Fiscalía Provincial de Madrid, que en 2015 abrió diligencias contra varios cargos públicos del municipio, entre ellos Santamaría, su antecesor en el cargo y 10 concejales (cinco de ellos en activo). Los 12 están procesados por prevaricación urbanística continuada después de que la Audiencia Provincial de Madrid rechazara sus recursos. Santamaría se convierte así en el primer alcalde madrileño del PP que será juzgado desde que Cristina Cifuentes dirige la gestora del PP de Madrid.

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Esta causa, ya cerrada a la espera que se celebre el juicio, se dirime en el juzgado número 3 de Colmenar. Pero otro juzgado, el de instrucción número 4 de la misma localidad, ha recibido las dos nuevas querellas interpuestas por la Fiscalía. Una de ellas parte de la denuncia que puso la exarquitecta municipal del Consistorio, que ya en 2011 denunció en un tercer juzgado al ayuntamiento por acoso laboral. El ayuntamiento fue entonces condenado a pagar 6.000 euros. La otra querella parte de cinco denuncias anónimas sobre otras tantas licencias concedidas presuntamente de forma irregular por el equipo de Gobierno local.

Una de estas licencias salpica a la actual sede del PP, que ocupa las calles Matadero Viejo y Olivar. El 9 de octubre de 2006, la junta de gobierno local concedió la licencia de primera ocupación al inmueble donde los populares han instalado su sede. Las obras tenían "informes técnicos y jurídicos desfavorables porque los trabajos no se ajustaban al proyecto con el que se concedió la licencia". Aun así, la junta decidió concederla. En esta última querella, son ocho las personas investigadas: el alcalde Santamaría Novoa; su predecesor en el cargo, José María de Federico; el actual edil de Turismo, César de la Serna Moscol, y los exconcejales Antonia García Santos, Inmaculada Viñoles, Justo García Froilán, Pablo Colmenarejo Cobeña y Pedro Gómez Aparicio.

En contra de los informes jurídicos

La dinámica se repite con estas nuevas querellas. En la causa ya cerrada, la Fiscalía ha acreditado la "vulneración de la normativa urbanística aplicable" cuando los acusados otorgaron 16 licencias urbanísticas pese a claros informes técnicos y jurídicos desfavorables. "El hecho de que los informes técnicos sean preceptivos y no vinculantes no implica que estos deban ser ignorados, sino tomados en cuenta". El ministerio público asegura que la corporación municipal del PP "trata de mantener la peligrosísima tesis de que un Gobierno municipal puede decidir en cada caso, según su criterio objetivo, si conceder o no una licencia cuando los órganos técnicos han comprobado que la construcción sujeta a licencia se ha ejecutado contraviniendo en determinados puntos el proyecto previamente autorizado, así como el planeamiento urbanístico en vigor. Esta filosofía es una auténtica apología de la prevaricación".

La Fiscalía pide para Santamaría Novoa 3,6 años de prisión. También solicita entre dos y 3,6 años de cárcel para cinco de los ocho actuales concejales del municipio: Ana Belén Colmenarejo Collado (edil de Deportes, Sanidad y Medio Ambiente), César de la Serna Moscol (edil de Turismo), Carlos Blázquez Rodríguez (edil de Obras, Contratación y Transparencia), Jorge García Díaz (primer teniente de alcalde) y Juan José Serrano Cadahía (Seguridad y Transportes). También están procesados el exalcalde José María de Federico Corral y los exconcejales Antonia García Santos, Inmaculada Viñoles, Justo García Froilán y Pablo Colmenarejo Cobeña, también del PP.

Todos tienen además cargos orgánicos en el PP de Colmenar Viejo. Santamaría es el presidente y el resto de ediles ocupan la secretaría general, el área financiera, las jefaturas de afiliación, formación, comunicación, tesorería y coordinador electoral. En un auto fechado el pasado 27 de octubre, el juzgado de instrucción número 3 solicita a los 12 que depositen una fianza por responsabilidad civil que varía entre los 11.200 y los 17.600 euros.

La Fiscalía también ha abierto diligencias contra el ayuntamiento para investigar si el exministro de Educación José Ignacio Wert se casó con su novia, Montserrat Gomendio (exsecretaria de Estado), en una finca que presuntamente no tiene licencia en Colmenar Viejo, enlace que además ofició el propio Santamaría.