El calvario de la interventora de Arganda por querer poner coto a Innova y la Gürtel

Margarita López Moreno habla despacio y midiendo muy bien sus palabras. Es interventora municipal en el Ayuntamiento madrileño de Arganda del Rey (47.000 habitantes). Y lo es por cabezonería. Ha luchado, y mucho, para seguir en el puesto. El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (de quien dependen los interventores) la suspendió seis meses de empleo y sueldo a petición del Consistorio, del PP, por dictar un informe que no gustó al equipo de Gobierno local. Luego llegó la sanción definitiva, otros dos años y ocho meses, tras la denuncia formal del entonces alcalde. Recusó al instructor de su expediente porque era cargo del PP. No sirvió de nada. "Cuando nos suspenden no tenemos derecho ni a paro ni a Seguridad Social. He tenido que subsistir con mis ahorros", señala.

El 28 de diciembre de 2015 un juzgado le dio la razón, anulando siete de las ocho faltas por la que había sido sancionada, pero su calvario no terminó ahí porque el ministerio había sacado su plaza a concurso. Más litigios para recuperarla. No se ha podido reincorporar a su puesto hasta mayo de este año. Le deben, por sentencia, los meses que estuvo suspendida y no cobró. "Lo tengo que calcular. Si te soy sincera aún no lo sé". En Arganda ahora gobierna el PSOE. "Tenemos una deuda de 156 millones de euros. La situación financiera del Ayuntamiento es delicada. Se lo vamos a pagar en cuanto podamos", señala un portavoz del Consistorio. El diputado de Podemos, Raúl Camargo, ha denunciado su periplo judicial en la Asamblea de Madrid, ya que el alcalde que se empeñó en castigar a Margarita es hoy director general de Transportes en el Gobierno de Cristina Cifuentes.

Tras ganar la sentencia, a Margarita la deben ahora el salario de los meses que estuvo suspendida: "Lo tengo que calcular, si te soy sincera aun no sé la cantidad"

Ser interventor no es un trabajo grato. Es la figura municipal encargada de fiscalizar la labor y las cuentas de los Ayuntamientos, realizando informes que en muchas ocasiones enmiendan la plana las políticas de sus alcaldes. Para reforzar su independencia, el Gobierno central reformó la ley y el 1 de enero de 2014 los interventores pasaron a depender del Ejecutivo central. Margarita inició su carrera en 1985 en el Ayuntamiento tarraconense de Cambrils. También fue subdelegada del Gobierno, con el PP, en la provincia de Tarragona entre 1996 y 2000. Luego volvió al ámbito municipal, al Ayuntamiento de Reus, también en Tarragona, donde sus demoledores informes en 2004 y 2005 detectaron las primeras irregularidades de lo que luego fue el caso Innova: una gran investigación contra la corrupción en la sanidad catalana, que ha derivado en diez piezas separadas y ha dejado ya casi un centenar de imputados.

Vuelta a empezar en Madrid

Margarita decidió entonces dejar Cataluña y buscó empezar de nuevo en Madrid, de donde es su familia. Llegó al Ayuntamiento de Arganda del Rey en octubre de 2007, una pequeña localidad del sureste de Madrid sin saber que desembarcaba en uno de los epicentros de lo que dos años después se convertiría en otro escándalo mayúsculo: el caso Gürtel. Fue ella la que tuvo que recibir a la Policía Nacional cuando en febrero de 2009 se destapó la trama y fueron detenidos el alcalde Ginés López (del PP) y otro cargo municipal, Benjamín Martín Vasco. De hecho, la trama Gürtel dio en Arganda su mayor pelotazo. El revuelo fue total, pero no impidió que en las elecciones de 2011 los populares revalidaran la Alcaldía. Pablo Rodríguez Sardinero, que había sustituido a Ginés López tras su detención en 2009, era elegido por primera vez.

"La relación fue correcta esos años. Yo hacía mi trabajo como podía. Hay que tener en cuenta que las cuentas de Arganda estaban sin aprobar desde el año 1991". Pero todo se torció en 2013. A finales de ese año, Margarita emitió "un reparo suspensivo" al presupuesto de 2014, prorrogado del año anterior. "Fue el 27 diciembre de 2013, no se me olvidará ese día. Emití un informe desfavorable, entre otras cosas porque la prórroga del Presupuesto no recogía créditos y gastos que la ley señalaba como preferentes. Pues el mismo día, el alcalde, Pablo Rodríguez Sardinero, me anuncia que me quiere suspender provisionalmente seis meses sin empleo y sueldo. Ese día me iba de vacaciones de Navidad". Rodríguez Sardinero es hoy director general de Transportes en el Gobierno de Cristina Cifuentes.

Pero el Ayuntamiento solo la puede sancionar por faltas leves, ya que los interventores pasan a depender del Gobierno central el 1 de enero de 2014. El Consistorio la denuncia el 21 de enero y el 17 de febrero de 2014 la Dirección General de la Función Pública la abre expediente y la suspende provisionalmente seis meses sin empleo ni sueldo. "Me suspenden sin expediente alguno y sin saber por qué, solo porque el alcalde decía que mi informe desfavorable paralizaba la gestión del Ayuntamiento. Nada más alejado de la verdad. ¡Si mi informe no era vinculante! Y lo más grave es que el ministerio no hizo nada para comprobar si yo tenía razón o no en mi informe", explica Margarita, que recalca lo que supone estar suspendida: "No tenemos derecho a paro ni a Seguridad Social. El que diga que en España no existe un despido libre que se pare en analizar estos casos. Yo pago hipoteca. Fue muy duro".

El ministerio eligió entonces como instructor para llevar su expediente a Javier Gardón Nuñez, que esos momentos era Jefe de Personal del Ayuntamiento de Getafe bajo Gobierno del PP. Margarita le recusa "porque es vocal en el PP de Torrelodones, del mismo partido que el alcalde de Arganda, quien solicita el expediente, y porque además no cuenta con la habilitación nacional para ser instructor, ya que la ley dice que debe ser un funcionario público perteneciente a un cuerpo o escala igual o superior al del inculpado". Margarita también señala en su escrito de recusación que Gardón Nuñez fue uno de los cargos de confianza del 'albondiguilla',el exalcalde de Boadilla, uno de los principales imputados en el caso Gürtel, lo que vulnera su imparcialidad. Pero no le sirve de nada. En abril de 2014 el ministerio rechazó la recusación.

Margarita recusó al instructor de su expediente porque era cargo del PP y porque según ella no cumplía los requisitos para serlo

A mediados de agosto, Margarita se reincorpora de nuevo al Ayuntamiento de Arganda tras cumplir los seis meses de sanción provisionales y mientras se tramita el expediente abierto por el ministerio. "Nada más incorporarme me obligan a cogerse un mes de vacaciones". La sanción definitiva por parte del ministerio le llega en diciembre de 2014: dos años y 8 meses de suspensión de empleo y sueldo "por la comisión de ocho faltas muy graves de notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo".

Pero Margarita se considera una luchadora. "Era injusto. No podía quedarse así". Acude entonces a los tribunales y presenta una demanda en el juzgado central contencioso administrativo número 4 de Madrid. La vista se fija para mayo de 2015, pero cuando llega el día el juez no tiene más remedio que suspender la sesión porque ni el Consistorio ni el ministerio presentan la documentación requerida. Se fija nueva vista para el 20 de octubre de 2015. "Y yo seguía suspendida. Sin poder trabajar ni cobrar el paro". El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la Comunidad de Madrid emite en octubre de 2015 un informe favorable sobre el trabajo que desarrolló Margarita. Hay esperanza.

La sentencia llega por fin el 28 de diciembre de 2015: anula la sanción del ministerio: "De ocho puntos gano siete y pierdo uno". El tribunal dice que no cometió la mayoría de las faltas de las que le acusaba el Ayuntamiento pero que no debió emitir informe desfavorable de la prórroga del presupuesto. "He recurrido este punto ante la Audiencia Nacional. La ley me ampara. El propio Ayuntamiento reconoció que la prórroga debía pasarse a la intervención para informe. El artículo 21 del RD 500/90 dice que la intervención ha de emitir informe previo a las prórrogas del presupuesto. No quiero aburrir con tecnicismos, pero tengo razón". Según el tribunal, solo debió ser suspendida cuatro meses, que Margarita ya cumplió de sobra con los seis primeros meses provisionales.

El calvario de Margarita parecía que llegaba a su fin. Pues no. Mientras el juzgado dirimía su caso, el ministerio convoca el 27 de octubre de 2015 la plaza de intervención en el Ayuntamiento de Arganda. Margarita recurre, ya que es su puesto y está a la espera de sentencia judicial. Esta llega, como hemos dicho, el 28 de diciembre y le da la razón a Margarita, que solicita el 13 de enero de 2016 al ministerio su cumplimiento y la reincorporación inmediata a su plaza.

Pero en marzo de 2016 el ministerio responde que no conoce ninguna sentencia y sigue con la convocatoria de la plaza. Tiene que volver a litigar. El 17 de marzo de 2016 el juzgado declara la ejecución forzosa de la sentencia dictada en diciembre. Por fin se incorpora al Ayuntamiento el 10 de mayo de 2016. A Margarita le deben los salarios de los meses que estuvo suspendida, unos 22 meses. "Tengo que calcular lo que me deben. Y el Ayuntamiento tampoco se da mucha prisa". Seguirá luchando. "Va con mi carácter".