El exalcalde de Getafe contrató a un militar para espiar a funcionarios y empresas

Juan Soler, exalcalde de Getafe con el PP, exsenador y diputado autonómico en la Asamblea de Madrid, contrató a un militar retirado para que elaborara informes sobre funcionarios y empresas. El Ayuntamiento de esta localidad madrileña (175.000 habitantes) pagó entre 2011 y 2013 (legislatura en la que gobernaba el PP) unos 63.000 euros por al menos 73 informes, algunos de ellos clasificados como 'confidenciales', de los que no se conoce el contenido y que se remitían directamente a la alcaldía. PSOE, IU-LV y UPyD, que en esos años conformaban la oposición, forzaron en 2015 una comisión municipal para investigar de qué trataban esos informes, quién los encargó y cómo se pagaron tras detectar una factura de 10.000 euros. La oposición puso una denuncia en marzo de 2015 en la Fiscalía de Getafe, que un año después ha pedido más información al Consistorio (ahora gobernado por el PSOE) y ha abierto diligencias.

Un portavoz del PP de Getafe asegura que "el procedimiento de contratación" del militar fue "impecable" y que algunos concejales recurrieron a él para que hiciera informes de "consultoría sobre procedimientos de contratación y evitar que se repitieran los pelotazos que se dieron en las etapas del Gobierno municipal del PSOE". Javier Cordero, militar en la reserva, asegura que no hizo 73 informes, sino un centenar: "Yo lo que buscaba era alertar a la Corporación municipal de actuaciones irregulares en los propios pliegos, y también en relación con las empresas adjudicatarias para detectar vínculos políticos de los administradores. Y todo para ahorrar gastos. Es decir, contratos que antes eran más caros con el PSOE y que con el PP se podían licitar más baratos".

Cordero asegura que nunca hizo "informes para espiar a la oposición" y que su contacto era la Concejalía de Hacienda. En cuanto a los informes clasificados como confidenciales, explica que "ponía confidencial porque afectaban a funcionarios del Ayuntamiento. Por ejemplo, descubrí que en la consultoría de arquitectura que hacía los proyectos técnicos de las obras trabajaba la mujer del técnico municipal que encargaba esos proyectos. Y ponía confidencial cuando veía que el tema podía afectar a alguien". En el listado de informes en poder de este diario, hay varios catalogados como confidenciales cuyo receptor suele ser siempre la alcaldía. Solo en uno de ellos aparece el nombre del investigado, en ese caso un arquitecto municipal. "No soy espía, accedo a la información de fuentes abiertas en internet. Ojalá me llame la Fiscalía porque sacaré toda la mierda que había".

En el listado de informes en poder de este diario, hay varios catalogados como confidenciales cuyo receptor suele ser siempre la alcaldía.

Según el escrito que la oposición entregó a la Fiscalía, pagar con dinero público informes personales "roza la ilegalidad más absoluta y vulnera los derechos fundamentales de las personas investigadas, espiadas y sometidas a un procedimiento del control de sus actividades". PSOE, IU-LV y UPyD creen que se vulneraron los derechos al honor, la intimidad y la libertad política, además de "haber incurrido en los delitos de prevaricación y malversación". Según reconoció el propio Juan Soler en la comisión municipal, "en dichos informes había algún párrafo que ni se había solicitado ni era pertinente". El PP, no obstante, asegura que la comisión, celebrada en febrero de 2015 antes de los comicios en los que Soler perdió la alcaldía, "se forzó por motivos electorales para dañar al PP. Se facilitó toda la documentación y se fue transparente".

Una empresa de servicios de limpieza

La oposición se dio cuenta de la existencia de esos informes cuando en febrero de 2013 el Gobierno municipal del PP aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito de 21.496 euros para pagar las facturas que emitía la empresa Hard News por trabajos realizados en 2012. Según el PP, el trabajo de la firma de Javier Cordero consistía en hacer "informes pormenorizados acreditativos de la aptitud para contratar de los posibles adjudicatarios". Hard News hizo 10 informes en 2011, 34 en 2012 y 29 en 2013. Algunos, no obstante, están redactados antes de octubre de 2011, cuando el objeto social de Hard News era la prestación de servicios de limpieza. Después de esa fecha, amplió sus actividades a "servicios de consultoría y asesoramiento en materia de contratación administrativa, informática, telemática y ofimática, así como la intermediación de comercio".

Según el PP, el militar hacía "informes pormenorizados acreditativos de la aptitud para contratar de los posibles adjudicatarios"

Cordero hizo dos tipos de informes: valoraciones e indicaciones sobre pliegos y criterios de contratación, e informes sobre empresas y datos personales sobre los administradores de los mismos y personas vinculadas. "Lo que sí ha podido constatar esta comisión es que muchos pliegos fueron enviados a la empresa Hard News antes de que se hicieran públicos y esto supone una vulneración de la normativa en materia de contratación. Además, con los informes que realizaba Cordero, se decidía si se invitaba o no a determinadas empresas a procesos de adjudicación, lo que vulneraría la Ley de Contratos del Sector Público", señalan las conclusiones de la oposición.

Entre 2011 y 2013, el Consistorio pagó a Cordero 62.746 euros, cifra que debería haber conllevado un proceso de adjudicación pública. Sin embargo, el equipo de Juan Soler optó para contratar al militar por varios contratos menores en 2011 y 2013 (inferiores a 18.000 euros y que pueden ser adjudicados a dedo) "y unos trabajos sin cobertura legal en 2012 que motivaron el reconocimiento extrajudicial". La verdad es que es bastante inusual que una Administración pública contrate a una empresa privada para opinar sobre los pliegos de los concursos y para investigar a las empresas que se presentan a licitar esos concursos. Asumiendo así labores reservadas a los funcionarios.

"Un buen portátil"

El Ayuntamiento justificó entonces la contratación de Cordero porque consideraba "imprescindible un asesoramiento técnico especializado para el que no contamos con recursos suficientes en este Ayuntamiento, dada la variedad de ámbitos de contratación existentes y la diversidad de gastos a realizar". El militar, retirado en el año 2002, asegura que era el adecuado para este trabajo porque fue "secretario de la Mesa de Contratación del Ministerio de Defensa entre 1993 y 1998". Según las declaraciones que hizo en la comisión, era el único trabajador de Hard News y sus medios eran "un buen portátil" y el acceso "a fuentes abiertas donde puedes encontrar las vinculaciones empresariales".

Cordero explica cómo comenzó su relación laboral con Getafe en agosto de 2011. "Antes de trabajar para el Ayuntamiento, en marzo de 2011, hice un informe para un medio de comunicación y destapé el 'caso aparcamientos' (varios concejales socialistas fueron procesados por la adjudicación de cinco aparcamientos a empresas vinculadas con ellos). En mayo de 2011 ganó Juan Soler. Mi informe en cierta manera ayudó a que el PP ganara las elecciones y yo, como buscaba clientes, decido contactar con gente de la delegación de Hacienda y me ofrecí a colaborar con ellos, pero para que hubiera ahorros, limpieza y transparencia en el Ayuntamiento. Y me contrataron". Cordero reconoce que trabaja para cualquier partido que le quiera contratar "para limpiar la mierda".

Actualmente, dos investigaciones acorralan al equipo municipal de Juan Soler: la abierta por el juzgado de instrucción número 4 de Getafe sobre presuntas irregularidades en la licitación de un teatro municipal, que dejó en marzo varios detenidos, y la que lleva la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación Púnica, que tiene en el punto de mira seis contratos que el Gobierno local de Soler adjudicó a dos de las principales empresas de la trama por valor de 611.000 euros: Waiter Music y Cofely.