La directiva imputada, el senador y su hijo 'enchufado': la Justicia cerca al PP en Getafe

A juicio por 'enchufar' al hijo del senador. Un juzgado de Getafe ha procesado por prevaricación a María Luisa Gil Madrigal, ex alto cargo del Ayuntamiento de Getafe bajo la alcaldía (2011-2015)de Juan Soler, actualmente diputado del PP en la Asamblea de Madrid y senador. La Fiscalía acusa a Gil Madrigal de "contratar a José María Barahona Moreno a sabiendas de no reunir los requisitos necesarios para desempeñar el cargo". El 'enchufado' es hijo de un exsenador, compañero de Soler, y ex alto cargo en la Consejería de Sanidad con Esperanza Aguirre.

El juzgado de primera instancia e instrucción número 6 de Getafe, en un auto fechado el 17 de febrero de 2016, ha dictado apertura de juicio oral. La Fiscalía pide nueve años de inhabilitación para Gil Madrigal, que ya está imputada por otro juzgado de Getafe por presuntas irregularidades en la licitación de un teatro municipal, caso que se inició gracias a la denuncia de un vecino del municipio y editor de la revista local 'El Bercial'. La Justicia está cercando al PP de Getafe. A estos dos casos se une la investigación que la Guardia Civil ha iniciado, en el marco de la operación Púnica, por los contratos que el equipo de Soler adjudicó a dos de las principales empresas de la trama: Waiter Music y Cofely. Contratos que suman 611.000 euros.

La exgerente de la empresa pública GISA ya está imputada en otro juzgado por las obras de un teatro

María Luisa Gil Madrigal fue gerente de la empresa pública Getafe Iniciativas SA (GISA), 100% de titularidad pública. El 27 de mayo de 2014, GISA convocó y publicó en su página web un proceso de selección de personal para un proyecto que iba a regenerar un barrio del municipio, financiado con fondos europeos. Había dos puestos, uno de "administrador contable"y otro de "técnico coordinador". Las bases de la convocatoria, firmadas por la procesada, establecían como requisitos para este último: ser abogado en ejercicio con tres años de experiencia y formación especializada en cualquiera de las ramas del Derecho.

José María Barahona Moreno no ganó, quedandoen segundo lugar. Pero Gil Madrigal, "para lograr su propósito de contratarle", según el escrito del fiscal, "trató de anular dicha convocatoria contando con un informe jurídico de la secretaria general del GISA", también procesada.Esta primera treta no sirvió y la procesada "dictó resolución modificando las bases del anterior proceso de selección" para ampliar así los puestos de trabajo ofertados. El objetivo era ofrecer otra plazacon el mismo perfil pero con una característica muy peculiar: que "la contratación se realice con la lista de aspirantes que han superado la prueba de conocimientos", es decir, una plaza 'ad hoc' para el siguiente en la lista: José María Barahona.

Plaza sin dotación presupuestaria

Esta nueva plaza se ofertó, según el fiscal, conculcando los principios de libre concurrencia y transparencia, sin solicitar un perfil determinado, sin realizar una oferta genérica a la oficina de empleo, sin elaborar un procedimiento de contratación, sin avisar a los sindicatos y sin establecer el correspondiente órgano de selección, "contraviniendo así de manera consciente la ley". El fiscal asegura además que la acusada ofertó esta nueva plazaaunque no existía dotación presupuestaria para ella.

Aquí no acaban las irregularidades. Gil Madrigal propuso allegítimo ganador de la plaza que renunciara al puesto, algo que este no aceptó. Al final, José María Barahona fue contratado a pesar de que no cumplía los requisitos exigidos,ya que en la fecha de presentación de las solicitudes no era abogado en ejercicio. El 'enchufado' firmó el contratoel 18 de septiembre de 2014, aunque solo duró un mes, ya queel 14 de octubre se le rescindió el contrato porque no superó el mes de prueba.Por ese mes percibió una nómina de 1.298,92 euros y un finiquito de 588,97 euros.

El padre del 'enchufado' fue senador del PPentre marzo de 2000 y abril de 2004. Allí coincidió con Juan Soler. José María Barahona Hortelanotambién fue director técnico de la Agencia Laín Entralgo, dependiente de la Consejería de Sanidad bajo la presidenciade Esperanza Aguirre. Tuvo que dimitir en junio de 2005 porque ejercía de oftalmólogo privado pese a tener un contrato de alto cargo que le exigía total exclusividad.

Sospechas por las obras de un teatro

La Policía Nacional y el juzgado de instrucción número 4 de Getafeinvestigan a María Luisa Gil Madrigal porlos contratos para la redacción arquitectónica de un teatro, el Centro Europeo de Artes Visuales y Escénicas de Getafe, un proyecto que fue coordinado por elGISA. La denuncia del editorde 'El Bercial'detectabairregularidades en la adjudicación y en las tres empresas que se presentaron invitadas por el ayuntamiento, ya quetenían relación entre sí. Tras la denuncia, los investigadores averiguaronque esas mismas empresas ya se habían llevado otros contratos en el consistorio, entre ellos la reforma de la sede municipal. Los agentes registraronla sede consistorial a principios de marzo.