¿Más turistas o paz vecinal? La norma canaria para frenar la especulación inmobiliaria

Las autoridades canarias lanzan este mes de octubre para su debate público una norma para el alquiler vacacional. La norma va a endurecer los controles tras elaborar una ley en 2015 que vino asociada en 2017 a un incremento de inspectores, hasta un total de 14. La patronal canaria del alquiler vacacional (Ascav) insta a vigilar casos como los ocurridos en Las Palmas de Gran Canaria donde, denuncia, hay inversores comprando edificios para convertirlos íntegramente en viviendas turísticas en suelos residenciales.

Inspectores que al mismo tiempo vigilan las casas vacacionales deben atender reclamaciones varias. El caso es que, para que la regulación sea efectiva, Canarias va a tener que dedicar el 33% de sus esfuerzos profesionales en Turismo a la inspección. Eso conlleva procesos selectivos de personal que pueden alargarse, si la Hacienda canaria no lo impide antes, por lo menos 24 meses más, ya que subcontratar esa inspección a empresas públicas es absurdo a efectos de capacidad sancionadora.

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José L. Jiménez. Las Palmas de Gran Canaria

Antes del 30 de junio de 2024, el Gobierno de Canarias espera tener en vigor una norma que regulará la vivienda en Canarias. El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, afirma que la norma es necesaria y oportuna para defender el derecho a la vivienda, proteger la competitividad del sector y evitar guetos. En 2017, Canarias tenía 31.975 casas en régimen de alquiler vacacional, un 5,8% más que en 2016 y un total de 131.032 camas, un 1% más. De ellas, unas 6.600 casas eran autorizadas por los cabildos. Ya en 2023 representa nada menos que el 33% de la oferta alojativa en las islas, con más de 42.000 viviendas y 179.000 camas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Las Palmas hay casos donde Podemos ha regulado el suelo en los últimos 8 años. Se impide a las familias tener casas vacacionales en terreno residencial, pero sí pueden lanzarlos siempre que este suelo sea para uso turístico. La patronal del sector Ascav Canarias, que dirige Doris Borrego, que ha creado con la Universidad de La Laguna en Tenerife un monitor académico de seguimiento a este negocio para defender la buena praxis en esta actividad, sostiene que "la vivienda vacacional en Canarias están de toda la vida en las islas" pero que ha sido la entrada de operadores digitales los que han generado visibilidad e independencia. Cuando en 2013, con la Ley de Arrendamientos Turísticos se reguló el sector, en las islas afloraron 30.000 viviendas. Este octubre, Podemos ha pedido que se declare Las Palmas zona tensionada por la presión turística.

"Hay casos en que un fondo compra un edificio y echa gente de sus casas para convertirlas en casas vacacionales y eso no está regulado"

Para Susana Pérez, gerente de la patronal hotelera de Lanzarote, en la isla se han lanzado al turismo 7.000 viviendas vacacionales en los últimos 4 años. Estas viviendas han salido del mercado residencial para pasarse al alojamiento "y hablamos de viviendas turísticas en zonas turísticas que generan cierto desequilibrio cuando tienen mayor peso regulador que los hoteles y apartamentos". Según Ascav, hay casos donde promotores convierten casas residenciales en casas vacacionales y esto es lo que está pasando en barrios como el de Guanarteme en Las Palmas, donde los vecinos se están echando a la calle para protestar.

Con la norma en la mano, como denuncian desde Ascav, "hay casos en que un fondo compra un edificio y echa gente de sus hogares para convertirlos en casas vacacionales. Eso no está regulado". Borrego estima que las casas vacacionales gestionadas por particulares mueven 2.000 millones de euros cada año. A juicio de la patronal Ascav, dos terceras partes en el tejido local empresarial de esas casas.

Parque de viviendas

"El desarrollo transversal que se nutre de la vivienda vacacional es importante, estamos generando 60.000 puestos de trabajo directamente", afirma Doris Borrego, "y no podemos repetir mantras", advierte. En 30 años ha aumentado en un 180% la población de Lanzarote, que arrastra de déficit viviendas. Borrego afirma que la responsabilidad ha sido del sector privado que no habría arrancado de forma suficiente a las autoridades de cada isla que las licencias de negocios fuesen asociadas a la creación de un parque de viviendas sólido y capaz de dar respuesta a familias.