Veinte años y cero empresas: el fiasco del mayor parque industrial de Galicia

Veinte años después de que tres administraciones acordasen impulsar el que iba a ser el mayor parque industrial de Galicia, ni una sola empresa se ha instalado en el dominado Puerto Seco de Vigo, una Plataforma Logística e Industrial a la que se han destinado de momento 150 millones de euros y que probablemente se disparará por encima de los 230 millones. Una conservera, una tecnológica y una gasolinera son los únicos clientes que han mostrado interés en un complejo de tres millones de metros cuadrados castigado por incontables reveses judiciales, que está consumiendo anualmente partidas millonarias de la Autoridad Portuaria, la Zona Franca y la Xunta.

Fueron esas tres instituciones las que, en septiembre de 2000, firmaron un protocolo de colaboración para crear una gran superficie industrial a caballo entre los ayuntamientos de Salvaterra y As Neves, a 35 kilómetros de Vigo. Uno de sus principales objetivos consistía en servir de plataforma de almacenaje de contenedores portuarios, pero los estudios previos, de existir, fallaron estrepitosamente, como asumió el Puerto de Vigo al renunciar a gestionar la denominada Plisan como puerto seco. La entidad que preside Enrique López Veiga es de hecho uno de los principales perjudicados del fracaso del proyecto, hasta el punto de que la Intervención General del Estado le ha ordenado provisionar fondos por los terrenos sin vender. De cerrar el ejercicio 2019 con 2,2 millones de beneficios pasará a pérdidas por medio millón de euros.

Las ofertas suman apenas siete hectáreas

Transcurridas dos décadas desde que se iniciaron los trámites, las administraciones involucradas aún no han conseguido concluir la segunda de las dos fases en que se dividió la ejecución de la Plisan, y la primera se cerró solo recientemente. Pese a los incentivos ofrecidos a las empresas, que incluyen precios de 50 euros el metro cuadrado o la posibilidad de construir antes de que finalice la urbanización, las ofertas presentadas suman apenas siete hectáreas. Gracias principalmente al interés de una única compañía, la conservera Albo —ahora en manos de la china Shangai Kaichuang—, que ha reservado 60.000 metros cuadrados. El resto se lo reparte la tecnológica Beta Implants y una sociedad unipersonal que gestionará una estación de servicio.

Mientras, el gasto en la Plataforma Logística e Industrial Salvaterra-As Neves sigue en aumento. Esta misma semana, la Xunta comunicaba la finalización de las obras de la estación depuradora de aguas residuales y la ejecución de las de la planta potabilizadora, que está previsto que concluyan este mismo año. La inversión en la depuradora supera los 4,31 millones de euros, mientras que la de la potabilizadora asciende a 7,23 millones. La Xunta estudia además abrir al tráfico la conexión en autopista del parque con la A-52, un tramo de 4,5 kilómetros concluido hace seis años cuyo coste ascendió a 28,5 millones de euros, que permanece sin inaugurar. Los vecinos de la zona lo utilizan para dar paseos.

El fracaso de la oferta de espacio para almacenar contenedores a 35 kilómetros de Vigo es solo una de las causas del fiasco de un proyecto lastrado por sucesivos tropiezos judiciales, que se iniciaron con una expropiación que calculó de forma defectuosa las fincas afectadas y no tuvo en cuenta que parte de la zona es de protección forestal, como constataría tiempo después el Tribunal Supremo. Como consecuencia de aquel error, el 25% de los terrenos –los que correspondían a Zona Franca— tuvieron que ser excluidos, lo que obligó a deshacer la segregación y reordenar la planificación al completo. Ahora está formulada con un 61% para el Puerto, un 21% para Zona Franca y un 19% del Instituto Galego de Vivenda e Solo de la Xunta.

También se sucedieron las reclamaciones de empresas de explotación minera de la zona y de las comunidades de montes y propietarios, un conflicto que los impulsores de la Plisan despreciaron inicialmente pero que se judicializaría. Aquel litigio acabaría frenando el interés de la japonesa Mitsubishi para instalar en la zona una fábrica de batería de litio para coches eléctricos, a finales de la pasada década.

Otra traba, esta administrativa, resultó de la ausencia de solicitud de permiso a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para las obras de la depuradora de la primera fase, pero el último y más importante de los contratiempos judiciales se produjo en diciembre de 2017, cuando el Tribunal Supremo vetó la venta de parcelas en toda su superficie. La sentencia, que califica como “dominio público” el ámbito que pertenece al puerto, obligó a idear una declaración de innecesaridad de los terrenos afectados, disolver el pro indiviso que el Puerto constituyó en 2015 con Xunta y Zona Franca y volver al modelo inicial, de condominio en propiedad compartida con el resto de instituciones. Para mayor escarnio, la resolución del TS se produjo al desestimar el TS un recurso de una empresa minera contra la Autoridad Portuaria.

Pese a que la Xunta consideró “desbloqueado” el proyecto en febrero de 2020, las reticencias de las industrias se mantienen

Pese a que la Xunta consideró “desbloqueado” el proyecto en febrero de 2020, las reticencias de las industrias se mantienen, y las tres empresas en cartera distan de las 400 que vaticinaba el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el año 2006, cuando estaba al frente de la Consellería de Política Territorial. Las administraciones implicadas tampoco aciertan con el presupuesto final previsto para el que se anunció como el segundo parque empresarial de España, que Zona Franca sitúa en 192 millones de euros, la Autoridad Portuaria en 201 millones y la Xunta en 231.

El margen para incentivar la comercialización del suelo es escaso. Según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado, la venta de las parcelas al precio oficial se sitúa 27 euros por debajo del valor real del metro cuadrado, lo que, solo en sus primeras 35 hectáreas, generaría pérdidas de dos millones de euros en Zona Franca y de 6,6 millones (de los que podrá restar 1,5 en subvenciones) en la Autoridad Portuaria.