El político mejor pagado de Galicia no renuncia a su pensión

Cañete y Margallo no están solos. En Galicia, el político mejor pagado tampoco renuncia a su pensión como funcionario de las instituciones europeas. Se trata de Enrique López Veiga, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, una actividad que le supone cerca de 70.000 euros anuales. El 'exconselleiro' la compatibiliza con un retiro de otros 60.000 euros netos, lo que le reporta unos ingresos anuales que duplican por ejemplo los del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Miguel Arias Cañete ha podido cobrar 117.000 euros desde noviembre de 2014 gracias a una pensión de jubilación vitalicia financiada por el Parlamento Europeo, según Podemos, que compatibiliza con sus emolumentos como eurocomisario de Energía y Acción por el Clima, según desveló Eurobserver. Otro exministro, José Manuel García-Margallo, también combinaba su sueldo como miembro del Ejecutivo con la pensión de jubilación como eurodiputado. El caso de López Veiga es similar, con la diferencia de que su pensión no es como exdiputado, sino como funcionario para la Comisión Europea.

De los abultados ingresos del veterano político, protagonista en su día de un intento frustrado de suceder a Fraga, se tuvo conocimiento en 2012

De los abultados ingresos del veterano político, protagonista en su día de un intento frustrado de suceder a Manuel Fraga en el Partido Popular de Galicia, se tuvo conocimiento cuando inició su etapa como senador en 2012, al verse en la obligación de realizar la declaración de bienes e ingresos. Ahí dio cuenta de una pensión de jubilación como antiguo funcionario de las instituciones europeas que entonces ascendía a 59.652 euros netos al año. Sumaba a esa cantidad en torno a otros 72.800 brutos como senador, que incluían su salario base, dietas e indemnizaciones por haber sido elegido por una circunscripción distinta a la de Madrid y la presidencia de la comisión de Suplicatorios.

"Si es legal, es ético"

La primera polémica por sus sueldos, surgida en el incipiente descrédito de la clase política que aquellos años se acentuaba entre los ciudadanos, la zanjó López Veiga con una frase para el recuerdo: "Si es legal, es ético". "Es un derecho al que no voy a renunciar", añadía el político gallego, que también advertía que, de ser incompatibles sus ingresos, no hubiera aceptado ser senador. "Tengo la vida resuelta y ganaba más en el sector privado", agregó.

Alrededor de 130.000 euros es aproximadamente lo que según distintas fuentes cobra en la actualidad, aunque los sueldos de los presidentes de las Autoridades Portuarias no aparecen en el Portal de la Transparencia de España, y por lo tanto se desconoce la cantidad exacta que ingresa por su cargo en la de Vigo. La cantidad podría ser mayor, porque el último año del que existe constancia, el 2015 (López Veiga asumió el cargo a finales de ese año), la presidencia tuvo unas retribuciones fijas de 64.618 euros y variables de 18.453: un total de 82.761 euros.

Doctor en Biología, el presidente del puerto vigués se inició en el mundo laboral en el sector pesquero. También cursó estudios de Economía en Sudáfrica

Tampoco al tomar posesión de este cargo renunció a la pensión, aunque entonces cambió el discurso, para argumentar que esos emolumentos son irrenunciables. "No puedo hacer nada por eso. A las pensiones no se puede renunciar. Es algo a lo que se tiene derecho y punto", afirmó. Lo atribuyó a que Europa tiene "un régimen impositivo propio" y aseguró entender que a la gente "le puede gustar más o menos", pero insistió: "De no haber vuelto a la política, hubiese ganado muchísimo más". No hay noticia de que ninguna empresa privada le ofreciera semejantes cantidades, aunque es cierto que en su día López Veiga renunció a los 14.000 euros mensuales que cobraba de la Dirección General de Finanzas del Parlamento Europeo para ingresar 3.800 como 'conselleiro' de Pesca e Asuntos Marítimos en el Gobierno de Fraga. Era su segunda etapa al frente del mismo departamento, que ya había dirigido entre 1990 y 1993.

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Pablo López. Vigo

Tres años antes, en 1987, fue cuando López Veiga aprobó las oposiciones para la Comisión Europea, en la que ocupó diversos cargos en la Dirección General de Pesca y en la de Mercados y Recursos Externos, en la que alcanzó el puesto de jefe de división de Estructuras de Pesca. Doctor en Biología, el presidente del puerto vigués se inició en el mundo laboral en el sector pesquero y de la investigación. También cursó Economía en Sudáfrica, y fue nombrado secretario técnico de la Cooperativa de Armadores de Vigo, que más tarde dirigiría. Tras su primera etapa como 'conselleiro', López Veiga trabajó en la Dirección General de Política de Competencia de la Unión Europea, y fue jefe de gabinete del entonces presidente del Parlamento Europeo, José María Gil-Robles y Gil-Delgado, y director general de Finanzas del Europarlamento.

Sombras en su trayectoria

A López Veiga nadie le discute un amplísimo conocimiento sobre asuntos relacionados con el mar, y de hecho su mandato en la presidencia del Puerto de Vigo, un cargo tradicionalmente sometido a un fuerte desgaste político, se está caracterizando por una relativa tranquilidad institucional. Sin embargo, su trayectoria no está exenta de sombras, como la pérdida de importantes operadores del tráfico de contenedores, que se han trasladado a otros puertos de Galicia. En concreto, al de Marín-Pontevedra, lo que le valió un enfrentamiento con su presidente, José Benito Suárez, marido de la presidenta del Parlamento, Ana Pastor, e íntimo de Mariano Rajoy. Veiga lo acusó de competencia desleal por la distinta legislación laboral de ambas entidades y de presidir un puerto "ilegal", en referencia a la sentencia que anuló el relleno de 300.000 metros cuadrados en el que opera.

Durante sus etapas como 'conselleiro', también se le reprocha la aprobación de un Plan de Acuicultura que a punto estuvo de poner el cabo Touriñán, un espacio integrado en la Red Natura, a disposición de una macropiscifactoría de Pescanova. Otra sombra que pesa sobre su trayectoria es el indulto que concedió al alcalde de Sanxenxo y promotor inmobiliario, Telmo Martín, que impidió que la empresa de este tuviera que derribar un edificio que invadía la servidumbre de protección de costas en la playa de Silgar del citado ayuntamiento. El ahora presidente del puerto reclamó un informe alternativo y, ante la discrepancia en las mediciones, decretó el archivo del caso. Según constató el Tribunal Supremo, Veiga se extralimitó en sus funciones al anular un expediente sobre el que le correspondía responder al Consello de la Xunta.