Punta Langosteira: Puertos del Estado no rescatará la obra de los 1.000 millones

La viabilidad futura de la Autoridad Portuaria de A Coruña está condicionada por una deuda de 310 millones de euros, fruto de su controvertido puerto exterior, en Punta Langosteira. Aquel proyecto que nació del Plan Galicia derivado del Prestige, con un gasto superior a 1.000 millones de euros, le ha provocado un agujero al que debe hacer frente con unos beneficios de apenas dos millones de euros anuales. La situación ha empeorado notablemente con la crisis del covid-19, que ha reducido sus ingresos en un 21,48% en el primer trimestre de 2020. La tabla de salvación pasaba por la condonación del préstamo de 200 millones de euros concedido por Puertos del Estado, pero su presidente, Francisco Toledo, ha enfriado las expectativas. No habrá perdón, por lo que en 2021 se activa un plan de pagos que pone la entidad portuaria muy cerca de la quiebra.

La condonación de la deuda es una petición, respaldada por el Ayuntamiento de A Coruña, el Parlamento gallego y la Xunta, que surgió tras la anulación de los 350 millones de déficit que generó la Copa América al Consorcio Valencia 2007. Para Toledo, son casos muy distintos. “Todos los puertos tienen deuda”, y muchos de ellos “muy elevada”, admitió, pero las condonaciones deben hacerse “a todos o a ninguno”. El presidente de Puertos del Estado hizo estas declaraciones en un foro en Valencia en el que alertó del “problema importante de sostenibilidad” de la entidad coruñesa, que consideró “coloquialmente intervenida”. Cada entidad ha de ser “responsable de lo que hace” y, cuando se realiza una inversión, tiene que “afrontar los efectos”, advirtió. La Autoridad Portuaria ha rehusado valorar el impacto económico de esta decisión en sus cuentas, pero la considera “un agravio comparativo con Valencia”.

La situación es muy asfixiante, porque en 2021 termina la moratoria que concedió el Ministerio de Fomento para hacer frente a su préstamo

La de Punta Langosteira es una empresa controvertida por su escasa utilidad, que contrasta con un presupuesto que se ha disparado hasta los 900 millones de euros, a los que hay que añadir otros 140 millones para infraestructuras de conexión. Al margen del escaso éxito de las nuevas instalaciones, en buena medida debido a la fuerza con que azota el mar en la ubicación elegida, el pinchazo de la burbuja urbanística al final de la pasada década asestó un golpe mortal al principal pilar financiero del proyecto: la recalificación urbanística de los terrenos que se liberarían en pleno centro de A Coruña, que se convertirían en residenciales.

La situación es cada vez más asfixiante, porque en 2021 concluye la moratoria de 10 años que concedió el Ministerio de Fomento para hacer frente a su préstamo. Durante este tiempo, el puerto viene abonando solo los intereses, hasta 3,5 millones de euros en 2018. El año próximo tendrá que añadirles dos millones de euros, más otros 3,5 millones de un crédito del Banco Europeo de Inversiones. En total, 5,5 millones, que subirán a 7,5 millones al año siguiente, a 10,5 millones en 2025 y a 18,5 millones —aproximadamente el 60% de sus ingresos totales— a partir de 2028, con vencimiento en 2051.

El de la deuda no es el único problema generado por Punta Langosteira en el puerto coruñés. El sobrecoste y otras presuntas irregularidades han sido denunciados por los tribunales de Cuentas español y europeo. El de la UE criticó en 2017 la inversión realizada en una infraestructura que apenas se usa al 10% de la capacidad con que fue concebida, en tanto que el organismo estatal de fiscalización alertó más recientemente de que las previsiones portuarias no se han cumplido, “ni en lo que respecta a la financiación ni a la capacidad de generar fondos mediante el aumento de tráficos”.

Una instructora designada por el Tribunal de Cuentas analiza si de algunos de los hechos relatados en su informe pueden deducirse responsabilidades contables. En concreto, la Fiscalía del tribunal se adhirió en noviembre a una demanda contra el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, y un alto cargo por la gestión de la obra. El órgano considera que deben ser condenados a pagar 544.000 euros más intereses por los pagos de 690.000 euros de manera presuntamente irregular a una contrata del puerto exterior. Losada considera “terriblemente injusto” que se le acuse por un contrato firmado con anterioridad a asumir la presidencia, aunque las cantidades continuaron facturándose durante su mandato.

Los fondos de la UE solo cubrieron el 53% de los trabajos, cuando en la planificación de la subvención se estimaba que sería un 71%

Fueron precisamente irregularidades en el proyecto, como contratos contrarios a la normativa europea y criterios de valoración de dudoso cumplimiento de las directivas comunitarias y de la legislación estatal, las que aconsejaron a la Unión Europea descartar una financiación adicional de 67,6 millones de euros. Los fondos de la UE solo cubrieron el 53% de los trabajos, cuando en la planificación de la subvención se estimaba que sería un 71% de su coste, lo que obligó a incrementar las operaciones financieras y los recursos propios.

El préstamo que Puertos del Estado se niega a condonar fue concedido inicialmente en julio de 2011 por 250 millones de euros, pero posteriormente se aminoró en 50 millones, hasta reducirlo a 199,81. Con esa cantidad, se debería “garantizar la plena operatividad” de las instalaciones de Punta Langosteira, pero el naufragio del proyecto ha sido total. No solo por el fracaso de la operación urbanística sino por el propio retorno de un puerto que carece del abrigo necesario para garantizar la seguridad en los días de temporal y por la espantada de diversas empresas, entre ellas, las inversiones millonarias que se anunciaron de la mexicana Pemex o la china Beijing 3E.

Fuentes de la Autoridad Portuaria señalaron en cambio que el puerto exterior “ya está cumpliendo los objetivos por los que se construyó”. “Más del 40% de los graneles sólidos del puerto ya se operan por Langosteira, Repsol está construyendo en Langosteira su pantalán para las descargas de petróleo y la inversión privada ejecutada y comprometida supera los 220 millones de euros”, señala un portavoz de la entidad.

Los que sí se han instalado en los nuevos muelles son los colectivos dedicados al percebe, después de que la Consellería de Mar y la Autoridad Portuaria autorizaran a las cofradías de pescadores de la zona a extraer de sus dominios el preciado crustáceo, que crece con generosidad en los enormes bloques de hormigón de la parte externa del dique principal. El futuro del proyecto se ve ensombrecido, mientras, por las previsiones de subida del nivel del mar. De acuerdo con una investigación realizada por Climate Central y publicada en 2019 en 'Nature Communications', cuando venzan los compromisos financieros de la Autoridad Portuaria coruñesa, en 2051, las instalaciones de Punta Langosteira estarán completamente sumergidas bajo las aguas del Atlántico.