La mayor investigación contra mafias de la prostitución se salda con solo cinco acusados

A finales de 2008 se desató en Lugo la Operación Carioca, que no tardaría en convertirse en la mayor investigación contra las mafias de la prostitución realizada en España. Fue un caso mediático, que hizo famosa a la titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, y del que derivaron otros tan sonados como el Campeón y el Pokémon, además de muchos otros menores que se tramitaron en piezas separadas. Una década después, las decenas de imputados en un sumario que investiga las supuestas relaciones entre agentes del orden y proxenetas han quedado reducidos a cinco, entre ellos dos agentes de la Guardia Civil.

El auto que cierra la instrucción de la pieza original y principal, la que investiga las relaciones del cabo de la Guardia Civil Armando Lorenzo con varios burdeles de Lugo, coincide con la resolución del Poder Judicial de imponer a la jueza una sanción de siete meses y un día de suspensión de funciones por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales. Al ser superior a los seis meses, la sanción implica la pérdida de destino, aunque la suspensión no será ejecutiva hasta que se agote la vía administrativa, que concede a la magistrada un mes de plazo para recurrir en alzada al pleno del Consejo General del Poder Judicial.

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El expediente abierto a De Lara se basó en la presunta “desatención o retrasos injustificados en la instrucción de causas penales” y por “adoptar decisiones que, con manifiesto abuso procesal, generan ficticios incrementos del volumen de trabajo”. Se trata en definitiva de dilaciones en los sumarios que el CGPJ considera infundados. En el caso de la Carioca, de Lara ha tardado más de 10 años en concluir la investigación. Lo ha hecho con un auto que hace recaer el grueso de las acusaciones sobre Armando Lorenzo, a quien imputa hasta 78 delitos, los principales por agresión y abuso sexual. La jueza también acusa en la misma pieza al que era su jefe directo cuando sucedieron los hechos, Julio Baquero, y a tres presuntos proxenetas: José Manuel García Adán, José Marcos Grandío Escariz y Jesús González Varela.

Queda visto para el informe de la fiscalía una macrocausa que ocupa 310 tomos y llegó a sumar 89 imputados y 377 testigos, aunque de ella se segregaron en torno a 50 casos de los que alrededor de 30 ya han sido archivados. En su auto, de 220 folios, la jueza describe las condiciones de explotación que sufrían las mujeres en los burdeles y la colaboración que atribuye a los agentes en el “sometimiento, miedo e intimidación” a las prostitutas impuesto por los proxenetas. Según el auto, los propietarios de los burdeles pagaban al Guardia Civil en efectivo y con copas y sexo gratis a cambio de su protección, no solo mediante chivatazos, sino también con ayuda para arreglar los papeles de las mujeres, en su gran mayoría extranjeras.

El auto, que deja en manos de la Fiscalía la especificación de los delitos y la petición de penas, dispone el inminente procesamiento de Lorenzo, Baquero y los tres supuestos proxenetas, de los que García Adán era dueño de los clubes Colina y Queen’s, este último situado en el epicentro de la trama. De Lara responsabiliza directamente a la Guardia Civil de los delitos supuestamente cometidos por los dos agentes implicados, por lo que solicita que la Administración, a través de la Dirección General de la Guardia Civil, sea condenada a pagar las indemnizaciones que correspondan a las víctimas, 24 mujeres que tendrán derecho a ayudas para personarse en calidad de víctimas de violencia de género. Explica la jueza que las actividades de los agentes eran “ampliamente conocidas por sus superiores jerárquicos”.

El auto detalla que Armando Lorenzo ejercía supuestamente su influencia en una docena de clubes de la provincia y llegó a cobrar dinero de unos siete. En algunos casos parecía uno más, “como si estuviera en nómina”, mientras se generalizaba la creencia de que tenía “capacidad para arreglar todo tipo de papeles y documentación relativa a la situación administrativa de extranjeros en España”. El imputado también se encargaba de derivar a los burdeles que regentaba el proxeneta García Adán a muchas trabajadoras de los clubes en los que había redadas, en vez de llevarlas a una casa de acogida o una ONG, sostiene De Lara.

De Lara responsabiliza directamente a la Guardia Civil de los delitos supuestamente cometidos por los dos agentes implicados en el caso

La jueza ordena en su auto el sobreseimiento de las acusaciones contra diez personas que estaban imputadas en esta pieza, entre ellas otro agente de la Guardia Civil de Lugo y un empresario lucense. Las otras ocho implicadas eran mujeres prostituidas a las que se investigaba por cohecho y tráfico de influencia. En cuanto a Lorenzo, sostiene que existen pruebas y testimonios para acusarlo de un delito de agresión sexual y 21 de cohecho o abuso de autoridad, nueve de ellos en concurso con delitos de abuso sexual y otro, con acoso. Además, aprecia otros ocho delitos de cohecho y seis de extorsión, en una larga lista que incluye colaboración con la prostitución, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsedad documental y obstrucción a la justicia, hasta completar los 78 señalados. La jueza considera que el agente es también responsable de casi 30 delitos adicionales, que archiva por falta pruebas o por haber prescrito.

La operación que conmocionó a Galicia a finales de la pasada década se desinfló poco a poco, pero dio un gran paso atrás cuando el pasado mes de diciembre la fiscalía descartó la acusación contra los tres policías locales relacionados con los clubes y el policía nacional que, según sospechaba el juzgado, permitió la entrada a través de Barajas de varias mujeres reclutadas en Brasil. Las dos fiscales encargadas del caso también dejaron sin castigo la prostitución de dos menores en otro club de la Carioca. El ministerio público considera que el hecho de que uno de los policías locales no pagase en el Queen’s no tenía que ver con su condición de agente, por lo que no habría cohecho impropio.

La Operación Carioca dio a conocer en toda España a Pilar de Lara, que se convertiría rápidamente en la jueza más mediática de Galicia, que ha impulsado desde su pequeño juzgado de Lugo macrocausas que han implicado a conocidos empresarios, alcaldes, conselleiros y hasta al presidente de la Xunta. La magistrada se enfrentaba a una sanción profesional de entre tres y siete meses de suspensión de empleo y sueldo por las supuestas dilaciones indebidas en el contexto de sus causas. Entre ellas la Carioca, pero también otras como la Pokémon y la Garañón en las que investiga supuestos casos de corrupción política. El CGPJ ha optado por la sanción máxima, que conllevaría de confirmarse el traslado forzoso de Lugo.

El nexo de unión de todas esas causas que han hecho famosa a De Lara y han motivado el expediente se encuentra en el Queen’s. Ese prostíbulo ubicado en un parque industrial de Lugo era el centro de operaciones de José Manuel García Adán, el lugar donde cultivó excelentes relaciones con policías, políticos y empresarios de Lugo. A Adán se le levantaban multas de tráfico, se le suministraba información sobre atestados policiales y se le resolvían problemas con las licencias municipales o con los papeles de las inmigrantes.

Las escuchas policiales ordenadas por De Lara en la Carioca dieron lugar a muchos otros sumarios, en los que fueron imputados políticos tan importantes como el entonces ministro portavoz del Gobierno, José Blanco. El presidente de la Audiencia Provincial de Lugo, José Antonio Antela Agrelo, fue otro de los investigados, como también lo fue el entonces alcalde socialista de Lugo, José López Orozco, o el que fuera líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, que tuvo que abandonar su carrera política. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo , se libró de ser imputado por decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

La primera gran causa, la derivada de la Operación Carioca, llega ahora a su fin con el auto que cierra la instrucción, justo en vísperas de que el Consejo General del Poder Judicial decida el futuro de la famosa jueza.