La Operación Campeón le estalla de lleno a la Generalitat catalana

No hace mucho, un entendido hombre de las finanzas de Barcelona comentaba que el negocio de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) es uno de los pocos sectores que sortean la crisis económica. Y debe de ser verdad, porque parece ser un pastel muy codiciado. Las detenciones de tres empresarios (Sergi Pastor, Sergi Alsina y Ricard Puignou) y de dos miembros de la Administración (el subdirector general de Seguridad Industrial, Isidre Mesalles, y el coordinador general de la Diputación, Josep Tous) practicadas ayer en Barcelona así lo apuntan. Además, la jueza encargada del caso ha citado a Margarida Gil, jefa de los servicios jurídicos del Gobierno catalán y esposa del diputado en Madrid, Jordi Jané.

Fuentes cercanas a algunos de los detenidos manifestaron a El Confidencial que la clave del tema está en el reparto de las concesiones de ITV que realizó el último Tripartito. Sergi Pastor y Ricard Puignou eran altos directivos de Applus. Pastor era el hombre de confianza del grupo Aguas de Barcelona en esa compañía hasta que cayó en desgracia y acabó saliendo del grupo industrial antes de que Applus pasase a manos de la americana Carlyle. Puignou era un hombre de su confianza y Alsina mantenía con ambos una buena relación.

Una vez que se hubo repartido el mapa de las ITV, Applus se quedó con el 60% del mercado, mientras que Certio (un grupo de empresarios desgajados de compañías participadas de Applus) se quedaba con el 20% y RVSA con otro 20%. Así, todos los grupos cumplían con el parámetro de no superar el porcentaje máximo de mercado que detallaba la Ley de Seguridad Industrial, para evitar un monopolio en las revisiones.

Pero tras ese reparto, un grupo de directivos impugnaron el concurso. Los jueces estimaron en parte la impugnación y aún mantienen cerradas dos estaciones de ITV hasta que se aclare totalmente el tema. Mientras tanto, según las fuentes consultadas, los empresarios ahora detenidos contactaron con políticos y con miembros de la Administración para intentar variar el reparto y sortear la impugnación. Según estas fuentes, Sergio Pastor había movido hilos para que la alemana Tüv Rheinland pudiese entrar en el mercado catalán. Y en ese grupo también entraría como socio el empresario gallego Jorge Dorribo, el detonante del ‘Caso Campeón’.

Entre las personas con las que contactaron, figuraban varios diputados (entre ellos el actual secretario general de CDC, Oriol Pujol, ya que era amigo personal de Alsina y conocía a Pastor) y con los miembros de la Administración que también fueron arrestados ayer. Las conversaciones que habían tenido giraban en torno a la posibilidad de anular las concesiones existentes hasta el momento, convocar otro concurso y que Tüv Rheinland entrase en el mercado. En otras palabras,lo que pretendían era variar el mapa empresarial del sector utilizando todas las herramientas a su alcance, entre ellas la propia Administración. En este sentido, el Gobierno podría haber iniciado incluso algún movimiento a través de sus servicios jurídicos, por lo que la directora de los mismos, Margarida Gil, también ha sido citada.

Margarida Gil, esposa del diputado convergente en el Congreso Jordi Jané, entró con mal pie en su cargo. El 11 de enero del año pasado, pocos días después de tomar posesión el nuevo Gobierno de Artur Mas, sustituyó a Jaume Galofré. Y su primera medida fue remitir, en seis días, un escrito al juzgado que investigaba el expolio del Palau de la Música pidiendo que no se imputase a los altos cargos de Convergència acusados en aquel escándalo. Prácticamente con ello, la institución renunciaba a recuperar el dinero que, por responsabilidad civil, le hubiera correspondido si tenían que devolver los fondos sustraídos con la ayuda de Fèlix Millet. Esta actuación provocó incluso un crítico auto del juez dando un tirón de orejas a los servicios jurídicos de la Generalitat.

Gil también había sido secretaria general de Trabajo durante el mandato de Jordi Pujol, etapa durante la cual se produjeron varios escándalos de malversación de fondos públicos que dieron lugar a un montón de condenas.

Tous, por su parte, había sido director general de Seguridad Industrial. El pasado 6 de marzo fue designado coordinador general de la Diputación de Barcelona en sustitución de Josep Maria Matas, destituido tras un escándalo financiero.

“Queríamos arreglar la situación”

Fuentes cercanas al Gobierno reconocieron a El Confidencial que “el sector de las ITV vive en estos momentos una crisis jurídica que es preciso resolver. Lo único que pretendía hacer la Generalitat era arreglar la situación, ya que como consecuencia de las impugnaciones, el juez mantiene desde hace años unas medidas cautelares que no permiten cerrar el mapa de estaciones de ITV”. Estas fuentes añaden que esta situación “crea un gran perjuicio a algunos empresarios, ya que ni siquiera pueden realizar las obras de las estaciones”. Respecto a la posibilidad de convocar un nuevo concurso, las fuentes aseguran que es una posibilidad. “Un nuevo concurso y un nuevo plano de las estaciones es una de las opciones”, reconocen. Pero añaden que “hasta el momento, la Generalitat no ha hecho nada, sólo hablar con gente”.

Reconocen también fuentes de CiU que “un grupo de empresarios estaba muy angustiado por la situación que vive el sector y por un pleito que se alarga en el tiempo sin que se vea cómo se ha de solucionar. Y por ello, hablaron con políticos y con miembros de la Administración, porque es lógico. ¿Con quién van a hablar? Lo que querían saber es cómo está el tema jurídicamente y si se puede zanjar de una vez”. No niegan estas fuentes que los empresarios pudieran haber hablado con Oriol Pujol (Alsina era su compañero de clase en el IESE), aunque matizan que las conversaciones fueron con más diputados. ”Pero por muchas conversaciones con políticos que haya, luego siempre se ha de acabar en un procedimiento administrativo y ahí los políticos no entran”, zanjan.

Lo que ha de determinar la justicia es de si los movimientos político-empresariales de la operación de anulación de las concesiones tenían alguna contrapartida a cambio, es decir, si las empresas dispuestas a entrar en el mercado catalán de las inspecciones técnicas pagaban comisiones para realizar estos cambios.