Teresa Ribera y Mazón rebajan la tensión por el Tajo-Segura y pactan un plan para la Albufera

Distensión en la batalla por el reparto del agua entre el Gobierno y la Generalitat valenciana. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente autonómico Carlos Mazón, acordaron este lunes crear un grupo de trabajo interdepartamental e interterritorial para consensuar las futuras reglas de explotación del travase Tajo-Segura, el que mayores diferencias genera entre los barones de las cuencas receptoras, la valenciana, Murcia y Almería, y la cedente en Castilla-La Mancha. Ribera y Mazón se citaron para hoy en la sede del ministerio hace dos semanas, después de que la primera llamase al barón popular para comunicarle los planes de envío de agua en barco a Barcelona a partir de junio desde la desaladora de Sagunto (Valencia). De aquella conversación surgió el compromiso de celebrar una reunión para abordar otro asuntos relativos a cuestiones ambientales y de distribución de recursos hídricos.

El encuentro evidenció la voluntad de ambas partes de rebajar las discrepancias y encontrar puntos de coincidencia en políticas hídricas, pese que ninguno ha renunciado a las posiciones de máximos. La responsable en asuntos de medio ambiente del Gobierno de Pedro Sánchez informó de que no hay cambios en los caudales ecológicos fijados para el Tajo de forma escalonada en los planes de cuenca aprobados vía legislativa el año pasado, pero se mostró abierta a compartir con los técnicos de las demarcaciones afectadas la toma de decisiones en cuanto al volumen de reparto de los recursos disponibles. De "fructífera y positiva" calificó Mazón la reunión. Se trata, dijo por su parte Ribera, de buscar "las mejores soluciones y el más alto nivel de consenso y, si hay discrepancia, avanzar", señaló en una comparecencia conjunta ante los medios de comunicación.

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"Toca revisión de las reglas de explotación y buscamos que la decisión no sea unilateral", señaló Mazón, que no escondió su desacuerdo con la forma de habilitar esos caudales mínimos, pero defendió la presencia de representantes de los gobiernos autonómicos implicados, incluida Castilla-La Mancha, la más reacia al trasvase, en la planificación del agua disponible. "Se trata de hablar de una nueva etapa desde el diálogo después de todo lo que nos hemos dicho", insistió el barón valenciano. Aunque la Generalitat mantiene los recursos judiciales contra los planes de cuenca y los caudales ecológicos, Mazón mostró la voluntad de abrir una nueva fase de negociación ante la evidencia de que no hay en el horizonte corrreciones legislativas por parte del Gobierno. Con todo, sí respondió a las acusaciones del ejecutivo de García-Page sobre un uso irresponsable de los recursos por parte de la Comunidad Valenciana. "No podemos estar de acuerdo cuando se nos acusa de malversar el agua, porque no es así", replicó el barón popular.

"Procuraremos escuchar a todos los territorios, que no siempre coinciden, en lo que entendemos que es el interés general, no de una parte. Es un ejercicio positivo que los territorios se escuchen entre sí y sepan cuáles son sus propuestas de solución", añadió Ribera. La ministra insistió en que no se ha hablado de modificar el Plan Hidrológico ni de cuestiones vinculadas al caudal ecológico. "Hablamos de que en función de cuál sea el volumen del agua en cabecera corresponde una cuantía u otra para poder trasvasar", detalló.

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Entre los acuerdos que han salido de la reunión está el compromiso por parte de Transición Ecológica de acordar un plan de emergencia para la Albufera de Valencia y liberar, a través de la Acequia Real del Júcar, otros 10 hectómetros cúbicos para garantizar los niveles en la laguna de agua dulce situada al sur de la ciudad de Valencia. "Me congratulo de la sensibilidad que siempre ha habido. Empezamos a trabajar en la calendarización de los 10hm3 que necesita la Albufera", dijo Mazón.

En un momento en el que el Ministerio de Hacienda ha iniciado la consultas para negociar los Prespuestos Generales del Estado, la ministra Ribera y Carlos Mazón acordaron también configurar grupos de trabajo técnicos para fijar las inversiones necesarias para mejorar la gestión del agua en los próximos años. Es un compromiso mutuo, por lo que se desprende de sus palabras, en el que la Generalitat también tiene que poner en marcha las infraestructuras de depuración y reutilización que le corresponden. En esta línea pusieron como ejemplo el caso del trasvase Júcar-Vinalopó, un aporte interior, pactado con las comunidades de regantes que implica la realización de obras primarias.

En la misma línea, Transición Ecológica y la Generalitat han acordado compartir información para identificar las actuaciones más urgentes en materia de costas y protección del litoral. "Hay obras pendientes y hay que priorizar un calendario de esas obras. Tenemos discrepancias en la Ley de Costas. Pero vamos a crear un grupo de trabajo conjunto para hablar de esas discrepancias y en materia de regeneración y ejecución de obras", dijo Mazón. Ribera admitió las dieferencias, que pasan básicamente por el enfoque en cómo abordar la regresión del litoral y su impacto en las edificaciones residenciales. Pero abogó por mantenr el diálogo para identificar las inversiones más urgentes y el orden de ejecución. Según explicó "buena parte de la actividad económica y turística" se produce en el litoral, razón por la que "requiere un seguimiento detallado". Ninguno de los dos habló del impacto de las ampliaciones del Puerto de Valencia en las playas del sur.