La Marina de Valencia, al borde de quedarse sin suministro eléctrico por su limbo jurídico

La Marina Real, la joya urbanística ganada a la actividad comercial del Puerto de Valencia para usos ciudadanos y de innovación tras la celebración de la America's Cup, ha estrenado el año al borde del apagón eléctrico como consecuencia del embrollo jurídico en el que se encuentra su modelo de gestión. La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) se vio forzada a convocar un consejo de administración in extremis el pasado 28 de diciembre para modificar al alza un contrato adjudicado apenas cinco meses antes a Endesa Energía, con el fin de introducir puntos de suministro eléctrico en espacios cedidos en su día al Consorcio Valencia 2007, la entidad encargada de organizar la regata participada por el Gobierno, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat y que ahora está en liquidación.

El Consorcio comunicó hace varias semanas al Consistorio que dirige la alcaldesa popular María José Catalá la finalización de sus contratos de electricidad con fecha 1 de enero y la situación de interinidad en la que se encontraba para poder licitar nuevos acuerdos de energía. El gobierno municipal comunicó esta circunstancia a la Autoridad Portuaria, señalando que asumiría el suministro de los terrenos que son de su titularidad, pero no de aquellos que formaban parte del dominio público portuario. Ante el riesgo de que todos esos espacios se quedasen sin alumbrado a partir del 1 de enero, el consejo del puerto aprobó tres días antes de acabar el año un modificado al alza del contrato con Endesa, que tiene en vigor desde el pasado 28 de julio para dotar de electricidad a las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Valencia.

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Se trata de un acuerdo con un periodo de ejecución de 48 meses que el organismo autónomo estatal adjudicó por procedimiento negociado sin publicidad tras descartar otras ofertas de Repsol o Iberdrola. El presupuesto límite del contrato era de 62,9 millones de euros (IVA incluido). El pliego de cláusulas permitía ampliar el importe siempre que la modificación no superase el 10% del volumen económico del contrato original, a partir de las propias tarifas ofertadas por el adjudicatario, según recoge la resolución firmada por la presidenta de la APV, Mar Chao, y la que en esos días era la secretaria del consejo, Alicia Paz Antolín.

El importe estimado de sobrecoste para la Autoridad Portuaria de Valencia con el modificado es de 125.000 euros al mes, incluyendo los puntos de suministro (CUPS) previsibles y los que pueda tener que asumir de emergencia en el caso de que el Consorcio Valencia 2007 cese su actividad. Muchos de estos CUPS están en fase de cambio de titularidad del Consorcio a la APV, pero los trámites requieren de la supervisión de la compañía distribuidora, la comercializadora y los servicios de Industria de la Generalitat, un proceso que no se había completado cuando el puerto aprobó la corrección del contrato con Endesa.

En total, el modificado eleva el precio del contrato con Endesa en 1,5 millones de euros sin IVA durante el primer año. Es decir, el presupuesto de explotación subirá de 13 millones de euros en 2024 a 14,5 millones con la revisión efectuada in extremis el pasado 28 de diciembre por parte del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.

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Los puntos de suministro incorporados al nuevo acuerdo incluyen el alumbrado de las antiguas bases de los equipos de la America's Cup, ahora ocupadas por empresas de emprendimiento, la zona de amarres, el varadero o el pantalán central de la Marina, donde atracan los yates de mayor tamaño que visitan Valencia. La APV acaba de licitar un concurso para la cesión de la gestión de los amarres de la zona náutico-deportiva y parte del espacio terrestre de dominio público, pero tiene pendiente de resolver con el Ayuntamiento de Valencia el modelo de gestión de otros espacios de la Marina, como los que ocupan las antiguas bases, ocupadas por firmas dedicadas la fomento del emprendimiento o la innovación como Innsomnia, Zeus o Angels Capital, el brazo inversor de Juan Roig en 'startups'. Lo mismo ocurre con la escuela de negocios EDEM o la aceleradora Lanzadera, ubicadas en el complejo Marina de Empresa, promovido por el dueño de Mercadona.

La incertidumbre jurídica generada por la Abogacía del Estado, que no considera de interés general esas actividades y propone que los terrenos que ocupan vuelvan al dominio público portuario y a la gestión de la APV, mantiene en un limbo el desarrollo de uno de los sectores urbanísticos más interesantes y atractivos de la ciudad de Valencia. Esto limita el desarrollo de nuevos proyectos en edificios ahora abandonados y sin uso como el de los antiguos 'docks' o parte de los antiguos tinglados. El propio Juan Roig se ha llevado fuera de la Marina la ampliación de Angels para evitar los escollos administrativos y burocráticos del limbo legal en el que se encuentran los espacios junto a la antigua dársena interior. El equipo municipal de la popular María José Catalá aspira a negociar con la Autoridad Portuaria un nuevo ente compartido de gestión que permita desatascar la situación, pero no hay plazos oficiales todavía para formalizar un posible acuerdo.