El plan de vivienda de Sánchez da oxígeno a Podemos en la batalla valenciana

El acuerdo de la ley de vivienda entre los socios del Gobierno de Pedro Sánchez, la liberación de los activos de la Sareb y los anuncios de inversión multimillonaria en vivienda de uso social han marcado el arranque de la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Está por ver el efecto real sobre el mercado del alquiler y residencial de la nueva norma, la velocidad con la que los pisos del llamado banco malo llegarán a los demandantes y el estado de los mismos o el nivel de ejecución de los 43.000 hogares anunciados por el jefe del Ejecutivo con una inversión de 4.000 millones. Pero en términos de mercadotecnia política, el paquete de medidas ha permitido a los socialistas tener la iniciativa política y dirigir el debate público desde la semana pasada.

Así ha sido en el conjunto de España, pero en la Comunidad Valenciana el debate sobre la vivienda también ha servido para ganar visibilidad al vicepresidente segundo y conseller del ramo, Héctor Illueca, que a su vez es el candidato de Unidas Podemos-Esquerra Unida a la Generalitat. Los morados valencianos, que se están jugando el listón del 5% que otorga representación en el Parlamento y la continuidad del Consell del Botànic, llevaban más de un año reclamando al Gobierno el traspaso de los activos de la Sareb a autonomías y ayuntamientos. La ofensiva institiucional arrancó después de que el Estado se convirtiese accionista mayoritario de la entidad creada para absorber los considerados activos tóxicos inmobiliarios dentro del plan de rescate a las cajas de ahorros y bancos quebrados por la crisis de las hipotecas subprime que estalló en el año 2008.

Illueca ha aprovechado la ventana a nivel nacional que ha abierto el debate sobre las medidas de vivienda para reivindicar como propia la iniciativa de poner el parque inmobiiario de la Sareb al servicio las políticas territoriales de vivienda social. Una medida que, segúna señalaba esta semana en sus cuentas sociales y en artículo publicado en Levante-EMV, reclamó "personalmente" en una carta a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, hace año y medio y que "Unides Podem no ha dejado de reclamar desde entonces, pese a la resistencia del PSOE".

Para presionar al equipo de Calviño, con el que llegó a mantener encuentros, Ilueca trató de armar un lobby con otras autonomías. Viajó a reunirse con sus homólogos en Navarra (José María Aierdi, Geroa Bai), País Vasco (Iñaki Arriola, PSE), Asturias (Melania Álvarez García, PSOE) o Cataluña (Violant Cervera, Junts) con el objetivo de buscar apoyos para exigir al Ejecutivo, preferentemente, el traspaso de la propiedad para que los activos pasen a engrosar el parque público de las autonomías. El plan recibió, además, el respaldo, de la 'conselleira' de Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, del Partido Popular.

Finalmente, y en plena precampaña (Sánchez hizo el anuncio de la Sareb en un acto electoral del PSOE en Valencia), el Gobierno se ha abierto a ceder los pisos, pero las administraciones que los quieren tendrán que pagarlos. La finalidad social de esos pisos "se conjugará con el objetivo de recuperar el valor económico de sus activos y procurar el menor coste para el contribuyente", señalaba el Ejecutivo. la Sareb todavía acumula una deuda de más de 30.000 millones de euros, avalada por el Tesoro.

Otra de las incógnitas es cuántos de los pisos están en condiciones de ser entregados a demandantes de alquiler asequible. En el caso de la Comunidad Valenciana, fuetes del departamento de Illueca consideran que, de entrada, solo unos 2.000 de los algo más de 9.000 inmuebles, se podrán ir gestionando este mismo año con cierta celeridad. "Más vale tarde que nunca. Pero en ese paquete hay viviendas en estado óptimo, otras que requieren pequeñas intervenciones o reformas integrales y otras que no se puede habitar ni con reforma, que están echadas a perder o en rieso de ruina", señalan.

En la Conselleria de Vivienda conocen algo la cartera porque están a punto de firma un acuerdo de traspaso de algo más de 300 pisos que venían negociando con la Sareb desde hace meses. "Tuvimos una reunión con el secretario de Estado del Tesoro y le pedimos el mapeo exacto, pero no lo han trasladado todavía. Lo que publica la web de la Sareb no es preciso. No conocemos ninguna catalogación exacta del estado de los inmuebles", insisten.