El Gobierno dejó pasar de fase al País Vasco con más casos sospechosos que en Valencia

El Ministerio de Sanidad autorizó el cambio a la fase 1 de confinamiento al País Vasco con más casos sospechosos de coronavirus sin diagnosticar en atención primaria que en la Comunidad Valenciana, donde solo 10 de las 24 áreas de salud han abandonado las medidas más drásticas de control contra la pandemia y ninguna de las tres capitales ni sus áreas metropolitanas han podido aliviar su situación. El argumento de los casos sospechosos fue empleado el pasado domingo por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, quien a preguntas sobre las razones del frenazo valenciano aseguró: "Está relacionado con los riesgos no detectados. Hay un número no desdeñable de casos sospechosos a los que todavía no se les ha podido hacer un test diagnóstico".

Sin embargo, la comparativa de los documentos de propuesta de transición presentados por el Ejecutivo vasco (pinche para verlo) y el valenciano (pinche para verlo), que El Confidencial ha podido analizar, refleja que Euskadi logró presentarse como una autonomía que había hecho los deberes para bajar un escalón en el confinamiento pese a presentar peores cifras de sospechosos sin diagnosticar, mayor tasa de contagios confirmados con PCR y peores porcentajes de ocupación en camas hospitalarias. El Gobierno ha admitido que aceptó una propuesta del Ejecutivo que dirige el lendakari, Iñigo Urkullu, del Partido Nacionalista Vasco (PNV), para pasar de fase a sus tres provincias a la vez a cambio de introducir a nivel autonómico medidas restrictivas mayores, una suerte de "fase 0,9".

El pasado viernes 8 de mayo, cuando el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comunicó a la 'consellera' valenciana del ramo, Ana Barceló, que la Comunidad Valenciana no pasaría de fase, se produjo una tensa negociación de la que finalmente surgió la salida parcial de las áreas de salud menos pobladas. El propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se puso en contacto con la vicepresidenta Teresa Ribera para lograr un consenso que no llegó a producirse. El Gobierno negó la posibilidad, por ejemplo, del paso a la fase 1 con limitaciones de movilidad en las áreas metropolitanas más densamente pobladas, otro de los aspectos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez esgrimía como razonamiento.

Pero el contenido de las propuestas de desescalada revela que en la decisión gubernamental debió pesar bastante el componente político, porque la argumentación técnica queda muy desnuda cuando se analizan los datos de País Vasco y Comunidad Valenciana. El primero entregó el pasado 8 de mayo (el mismo día que la Comunidad de Madrid y al límite del plazo) un documento firmado por su consejera de Salud, Miren Nekane Murga, y difundido por el periódico 'Berria' que recogía 5.499 casos sospechosos de coronavirus sin diagnosticar en los servicios de atención primaria entre los días 27 de abril y 3 de mayo. La gráfica refleja una caída importante en el recuento entre el 1 y 3 de mayo, coincidiendo con el Puente de Mayo.

Las tablas de la Comunidad Valenciana reflejan bastantes menos casos: 2.969 entre el 28 de abril y el 4 de mayo. Es decir, el País Vasco no solamente tenía una tasa de contagios por 100.000 habitantes confirmados PCR (33,74) superior a la valenciana (11,89%), sino también muchos más casos sin diagnosticar, pese a tener un volumen de población inferior (la diferencia es de 3,8 millones de personas).

Diferencia en camas hospitalarias

No es la única diferencia en favor del sistema asistencial y de respuesta valenciano sobre el vasco. La ocupación de camas de agudos, por ejemplo, era del 52,9% el 3 de mayo pasado, frente al 67% de Euskadi. La incidencia de hospitalizados con virus sobre las camas disponibles era también más baja en la Comunidad Valenciana (4,8%) que en el País Vasco (12,6%). También era mayor allí la presencia de ingresados en UCI con coronavirus (28,1%) frente a las unidades de críticos valencianas (23,3%), aunque es cierto que la ocupación total de UCI incluyendo a todos los enfermos era mayor en la Comunidad Valenciana (87,9%) que en el País Vasco (62,4%). No obstante, el documento de la Generalitat recoge una capacidad de añadir otras 610 camas UCI en un margen de cuatro días si fuera necesario por un rebrote del virus, lo que, según explican en el Administración valenciana, sitúa la ocupación real en un 32%. También Euskadi sostiene que tiene capacidad para reforzar la atención a los críticos con 339 unidades adicionales en un plazo de entre 1 y 5 días.

El frenazo a la Comunidad Valenciana y la percepción de que el Gobierno de Sánchez ha usado distintas varas de medir a la hora de desescalar por autonomía han generado un tormenta entre los socialistas valencianos. Creen que se ha favorecido al PNV a cambio de sus votos en el Congreso para sacar adelante la prórroga del estado de alarma. El jefe de la Generalitat, Ximo Puig, no dudó en expresar su malestar en la conferencia de presidentes del domingo. Criticó la falta de justificación del Gobierno en sus decisiones y reprochó a Sánchez que los mecanismos de cogobernanza no estaban funcionado. Este lunes, Fernando Simón admitía que la decisión de cómo hacer la desescalada no es suya sino de Salvador Illa. "Nosotros entregamos los informes al ministerio, pero no nos corresponde a nosotros tomar la decisión". Esos informes no se han publicado.

"Euskadi estaba perfectamente habilitado para pasar a la fase 1. Tiene unas capacidades muy potentes, unos sistemas de vigilancia de detección precoz que estaban ya implementados a muy alto nivel y tenía una situación epidemiológica favorecedora, con unos niveles de transmisión realmente muy bajos", insistió Simón.