Trasparencia expedienta a una empresa del hermano de Puig por no publicar ayudas

El Consejo de Trasparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana abrió esta semana un expediente a la empresa Comunicaciones dels Ports, propiedad de Francisco (Francis) Puig, hermano del 'president' valenciano Ximo Puig, por haber incumplido su obligación legal de dar trasparencia y publicidad a las ayudas públicas recibidas de la Generalitat entre los años 2016 y 2018. La resolución, firmada por Ricardo García Macho, presidente este organismo vinculado a la Conselleria de Trasparencia, en manos de Esquerra Unida, atiende una queja presentada por el grupo parlamentario del Partido Popular en las Cortes Valencianas, que denunció que esta empresa de medios de comunicación con sede en Castellón debió publicar en una web propia o en soportes de la Administración autonómica los más de 380.000 euros que recibió en tres años, la mayor parte en concepto de ayudas al fomento del valenciano.

La ley de trasparencia obliga a entidades y empresas que perciben subvenciones por encima de los 100.000 euros al año o cuyos ingresos proceden en un 40% de las ayudas a dar "publicad activa" a esas inyecciones. Esta circunstancia se da en 2016, 2017 y 2018 en Comunicacions dels Ports, que recibió esos años 125.267 euros, 115.787 euros y 141.090 euros, respectivamente. Se trata de una obligación de trasparencia que en la práctica no cumple casi ninguno de los beneficiados por la Administración. Las ayudas y sus beneficiarios se publican cuando se otorgan a través del Diario Oficial de la Generalitat o en los portales de trasparencia y el Ejecutivo autonómico no suele vigilar si los receptores de fondos hacen los propio.

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Tras recibir la denuncia de los populares, el Consejo de Trasparencia dio trámite de audiencia a la empresa, que se justificó explicando que no contaba con web corporativa propia pero que estaba predispuesta a montar una para cumplir con la normativa. En la resolución fechada el 10 de octubre y notificada el pasado 25 del mismo mes, el consejo señala que el desconocimiento no exime de cumplir con la norma e insta a Comunicacions dels Ports a atender sus obligaciones.

La decisión del Consejo, que todavía no ha decidido si sancionará a la empresa de Francisco Puig, fue desvelada este miércoles por la secretaria general del PP valenciano, Eva Ortiz, firmante de la querella por fraude en subvenciones, malversación y prevaricación que ha derivado en la citación del hermano del barón socialista como investigado. Francis Puig debe comparecer el próximo 10 de diciembre ante el juez de instruccion 4 de Valencia para explicar si, tal como denuncian los populares, sus empresas duplicaron y triplicaron facturas para justificar gastos derivados de ayudas recibidas de los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña.

El juez Pedro Antonio Casas dictó este miércoles un auto en el que declara la causa compleja y se da un plazo de 18 meses para realizar la instrucción de la misma.

La polémica sobre las diligencias abiertas contra Francis Puig están obligando a su hermano a tener que dar explicaciones ante los medios de comunicación. Este miércoles, el 'president' trató de desvincularse del caso al señalar que no puede hablar que asuntos que asegura desconocer. "La Justicia dirimirá. No tengo ninguna responsabilidad en esta cuestión ni he participado en las decisiones que se analizan en los juzgados. Es patético que el PP haga esta oposición para tapar sus vergüenzas», dijo tras mostrar su "confianza absoluta" tanto en los tribunales como en la tramitación que han hecho los funcionarios de los distintos expedientes de ayudas.