Puig arranca a Sánchez una quita de 350M de la Marina de Valencia a cambio del déficit

El Gobierno ha sacado adelante la nueva senda de estabilidad presupuestaria en el Consejo de Política Fiscal y Financiera gracias a sus propios votos y a los de las autonomías gobernadas por los socialistas, frente al portazo recibido por los territorios controlados por el Partido Popular. Sin embargo, no todas las comunidades en manos del PSOE han llegado al encuentro virtual del CPFF (la reunión ha sido por videoconferencia) dispuestos a respaldar la propuesta económica de Pedro Sánchez de forma gratuita. La Generalitat valenciana, que en la anterior reunión se abstuvo sobre el reparto del déficit a las autonomías, ha arrancado un paquete de mejoras económicas a cambio de modificar su posición.

La razón de esta resistencia era la posición crítica de Compromís, socio de gobierno del 'president' socialista Ximo Puig, que abogaba por rechazar en el Consejo de Política Fiscal la propuesta de Sánchez después de que este haya renunciado a modificar el sistema de reparto de la financiación autonómica en la actual legislatura. Junto con Podemos, la formación que lidera Mónica Oltra ya votó en el Congreso de los Diputados en contra del techo de gasto definido por el Ejecutivo para el año que viene y ha presionado a Puig y a su 'conseller' de Hacienda, Vicent Soler, para que la Comunidad Valenciana mostrase su malestar en el CPFF.

Bruselas investiga si el crédito del ICO que Sánchez va a condonar cumplía con la legislación de competencia cuando fue concedido

La solución de consenso fue la abstención en el primer intento del Gobierno del pasado mes de junio de sacar adelante el cuadro macroeconómico. El voto favorable valenciano en el CPFF se ha producido ahora gracias a que Puig ha arrancado a Sánchez un paquete de compromisos económicos entre los que se incluye una quita de 350 millones de euros sobre una deuda de más de 400 millones que el Instituto de Crédito Oficial tiene pendiente de cobro del Consorcio Valencia 2007, la entidad tripartita que fue responsable de la adecuación de las infraestructuras la dársena interior del Puerto de Valencia para la celebración de las regatas de la America's Cup.

El dinero sirvió para ejecutar las obras que han transformado la fachada marítima de Valencia, pero la deuda ha sido hasta ahora una losa financiera que hipoteca la capacidad de maniobra de la entidad que gestiona la Marina Real, uno los espacios urbanos más emblemáticos de la ciudad en plena fase de ocupación. La zona portuaria se ha ido ocupando de iniciativas privadas a través de un modelo de concesiones (Marina de Empresas promovida por Juan Roig, Bankia Fintech, licitación de la llamada Estación Marítima para albergar una base de 'startups' …). Pero la mochila de la deuda es demasiado grande y los ingresos insuficientes para atenderlos. El Consorcio acumula incluso embargos de acreedores como un fondo ligado al Banco de Santander (TCA Global) que tiene un crédito vencido de 54 millones de euros. La deuda global es de 425 millones.

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Fuentes de la Generalitat señalaron que el acuerdo entre administraciones contempla la asunción por parte del Gobierno del grueso del préstamo del ICO, una antigua reivindicación de las administraciones valencianas, que se consideran maltratadas por el respaldo que el Estado dio a fondo perdido a otros grandes eventos deportivos como los Juegos Olímpicos de Barcelona o la Expo de Sevilla. Serán 319 millones más otros 31 millones en concepto de intereses.

Bruselas pone la lupa en el préstamo del ICO

El acuerdo entre Sánchez y Ximo Puig se produce, sin embargo, en el contexto de una investigación abierta por la Comisión Europea por posibles ayudas públicas ilegales a la Marina valenciana. Puertos deportivos privados han llevado a Bruselas el respaldo financiero que recibió el Consorcio, que tiene entre sus activos en gestión varias láminas de amarres para yates y barcos de recreo que comercializa en el mercado. En concreto, la Dirección General de la Competencia investiga precisamente la concesión del crédito del Instituto de Crédito Oficial para financiar las obras, por lo que habrá que ver el impacto que la quita pactada por Sánchez y Puig tiene en el expediente abierto a España.

Tanto el Ayuntamiento de Valencia como la Generalitat han tratado de quitar hierro a la investigación comunitaria, pero la condonación del préstamos podría elevar las alertas de los 'policías' de la competencia de Bruselas y desembocar en una sanción o en la obligación del Consorcio Valencia 2007 de introducir cambios en el modelo de comercialización de los amarres.