El Hércules y la empresa ‘fantasma’ de Enrique Ortiz: el último pufo del fútbol

Enrique Ortiz ha comprado un billete de lotería. Se llama Hércules Club de Fútbol. La Generalitat valenciana le ha vendido el 15% de las acciones y los derechos de un crédito de 15,4 millones moroso concedido en 2010 por el Consell del Partido Popular de Francisco Camps a través del Instituto Valenciano de Finanzas, destinado teóricamente a ‘salvar’ al club alicantino y cuya garantía es otro 72% del capital. El ‘banco autonómico’ apenas ha rascado medio millón más gastos. El club, que milita en Segunda División B, está en concurso de acreedores y arrastra deudas pendientes con la Agencia Tributaria. No daba para más. El único activo inmovilizado, el estadio José Rico Pérez, valorado en 12 millones, pasó a formar parte del patrimonio público tras una acción de recuperación contra una de las sociedades del polémico empresario, investigado por causas de corrupción ligadas al urbanismo de Alicante (Brugal) y procesado por financiar irregularmente al PP (Gürtel).

Si el TSJUE rechaza la suspensión cautelar solicitada por el Hércules, el Elche y y el Valencia CF contra la multa de Bruselas, tendrán que pagar

Con el estadio en manos de la Administración autonómica por una subasta anterior, deudas pendientes con Hacienda y una multa impagada impuesta por Bruselas de casi siete millones por recibir ayudas públicas ilegales de la Generalitat, solamente un aspirante pujó en la subasta completada antes de terminar el año: la mercantil denominada Zassh Tecnológica. Oficialmente, se trata de una sociedad vinculada al actual presidente del Hércules, Juan Carlos Ramírez, y a Javier Portillo, yerno de Enrique Ortiz. Los dos primeros aseguran haber liderado la compra, pero la sombra del empresario alicantino no puede desligarse de la operación. Todos los caminos conducen a él.

Fue Miguel Carratalá, familiar de Ortiz y apoderado de su ‘holding’ Grupo Cívica, quien el pasado 19 de diciembre acudió a la notaría de Alicante con el cheque bancario para firmar la adquisición. Zassh Tecnológica, que tiene como administrador único a Virgilio Ortiz, hermano de Enrique, fue creada en 2005 en la factoría de empresas dormidas de Ramón Cerdá, el abogado de Ontinyent condenado por fraude cuyas sociedades de estantería han aparecido en los casos de corrupción más mediáticos del país, desde Gürtel hasta Marsans, pasando por Nóos.

El Instituto Valenciano de Finanzas dejará en manos de la Agencia Tributaria la recuperación de la sanción a los clubes por recibir ayudas ilegales

Ortiz, Ramírez y Portillo han empleado para tomar el control del club una empresa instrumental. Un ‘fantasma’, en términos mercantiles. Al menos hasta ahora. El objeto social declarado por Zassh Tecnológica es el de la edición de publicaciones periódicas y audiovisuales, nada que ver con la gestión de sociedades deportivas. El año pasado no registró ninguna actividad ni negocio y no tiene ni una sola propiedad a su nombre, según ha podido comprobar El Confidencial en el Registro de la Propiedad. Su último depósito de cuentas, correspondiente al ejercicio de 2016, refleja un capital social de 3.006 euros, poco más de 160.000 euros en el activo y un patrimonio neto negativo.

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¿Por qué una mercantil vacía para hacerse con el control de un club con aspiraciones de subir a Segunda División y, quién sabe, regresar alguna vez a Primera? Porque el futuro del Hércules, como el de otros clubes valencianos, está en el alero. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea resolverá en breve si suspende de forma cautelar o no la multa millonaria que la Comisión de la Competencia impuso al Hércules (seis millones), el Elche (3,7 millones) y al Valencia CF (20 millones). Los tres clubes han recurrido la sanción por recibir préstamos ilegales de la Generalitat durante la presidencia de Francisco Camps y han solicitado al TSJUE que paralice su cobro hasta que resuelva los recursos.

Ganar tiempo, única salida de Ortiz

La esperanza de los dueños de las SAD es que prospere la solicitud de suspensión cautelar de la multa impuesta por Competencia. Para Ortiz significaría ganar un par de años en los que intentaría subir de categoría al club y tener recursos suficientes para afrontar los seis millones de multa y amarrar la propiedad del equipo de fútbol alicantino. Fuentes conocedoras del procedimiento señalan que el tribunal se pronunciará en breve. Y es muy probable que rechace esa suspensión, lo que abocará de forma irremediable al Instituto Valenciano de Finanzas a reclamar el dinero a las sociedades deportivas, comprometiendo seriamente su balance. Está en juego el patrimonio público.

Si esto ocurre, el más fuerte, el Valencia CF, es posible que sobreviva. Peter Lim tendrá que poner el dinero. Pero será complicado que tanto el Hércules como el Elche (también en fase de subasta) puedan salir adelante. La Generalitat tiene un convenio con la Agencia Tributaria para que ejecute las recuperaciones tributarias (en este caso una sanción). Si Ortiz y sus aliados no desembolsan la sanción de su propio bolsillo, el club alicantino no dispondrá de fondos para afrontar el pago y tendrá que enfrentarse a los 'hombres de negro' de Cristóbal Montoro. Es muy probable que termine en liquidación y las acciones regresen a manos de la Administración autonómica. Al contrario que el Elche, que conserva el estadio, en el Hércules no hay otro activo que liquidar que sus propios títulos de propiedad. Un viaje de ida y vuelta.