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Del campo del Hércules a Panoramis: Enrique Ortiz, tras el ‘business’ de Alicante
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Del campo del Hércules a Panoramis: Enrique Ortiz, tras el ‘business’ de Alicante

Ramírez, empresario cercano al polémico constructor, puja por su centro comercial quebrado en el Puerto de Alicante. La Generalitat le cerró el paso al Rico Pérez por considerarlo su testaferro

Foto: Enrique Ortiz ha pasado de copar portadas en la prensa local a un segundo plano aparente. (EFE)
Enrique Ortiz ha pasado de copar portadas en la prensa local a un segundo plano aparente. (EFE)

Enrique Ortiz Selfa y Juan Carlos Ramírez Castro son amigos. No lo esconden. Se sientan juntos habitualmente en el palco del estadio del Hércules, el club que en 2014 descendió a Segunda B tras una nefasta temporada en lo deportivo y en lo económico. Allí se han dejado fotografiar, fumándose un puro mientras comentan los partidos de fútbol. El primero fue durante años el gran seductor de la política y la economía alicantina. Ahora se sabe que también era uno de sus grandes corruptores. Ha confesado que financió de forma irregular campañas del Partido Popular a través de trama Gürtel, ha sido procesado por amañar el PGOU de Alicante con apoyo de los exalcaldes Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, tiene causas pendientes por el caso Brugal y ha tenido que hacer desembolsos millonarios a Hacienda para sortear acusaciones de delito fiscal.

Pese a su cercanía al polémico promotor, Ramírez Castro tiene un curriculum menos atractivo para los criminólogos. Es empresario del negocio de los concesionarios de coches y de la construcción. El año pasado se ofreció para quedarse el Hércules y, hace apenas un mes, también su estadio, el Rico Pérez, que formaba parte del inmovilizado de Aligestión, una mercantil controlada por Enrique Ortiz, a su vez accionista de referencia del club desde 1999.

Ramírez, asociado con el yerno de Ortiz para el Hércules, ha presentado oferta por el centro comercial en liquidación del polémico empresario

Tanto el club como el campo de fútbol forman parte de las garantías de préstamos impagados y avalados por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) durante los gobiernos municipal y autonómico del PP que han costado ya casi treinta millones de euros a los contribuyentes. El pasado mes de febrero, el IVF ahora dirigido por Manuel Illueca se vio obligado a pujar en la subasta del Rico Pérez por orden judicial dentro del proceso de liquidación de Aligestión para cerrar el paso a Ramírez y evitar que el campo acabase en manos de “un testaferro” de Enrique Ortiz, como no han dudado en calificar a Ramírez Castro desde la Generalitat valenciana.

placeholder Juan Carlos Ramírez. (zonahercules.com)
Juan Carlos Ramírez. (zonahercules.com)

Ramírez pujó hasta algo más de 3 millones de euros por un activo tasado en 14 millones, lo que obligó a la Generalitat a sumarse a la subasta y ofertar 3,75 millones para quedárselo. Fue una intervención de ida y vuelta, pues como acreedor principal al dinero volverá a la caja pública a la espera de nuevos compradores que pongan más dinero encima de la mesa.

placeholder La deuda financiera de Panoramis, según el plan de liquidación.
La deuda financiera de Panoramis, según el plan de liquidación.

El del Hércules no es el único proceso concursal ligado a Enrique Ortiz en el que ha intervenido Ramírez. Acaba de ocurrir lo mismo con la venta de la unidad productiva de Panoramis Marina de Poniente, la concesionaria de un atractivo centro comercial y de ocio de 11.000 metros cuadrados ubicado en suelo de la Autoridad Portuaria de Alicante. Según ha podido confirmar en exclusiva El Confidencial, el empresario amigo del promotor ha presentado una de las dos ofertas por el centro comercial a través de la sociedad Medimotors Gestión, de la que es accionista mayoritario a través de otra mercantil denominada Kuntajara.

Luz verde de los gestores del Puerto de Alicante

Medimotors es la firma que explota los concesionarios de marcas como Lexus o Toyota que son la base del negocio de Ramírez Castro. La empresa ha obtenido a última hora la creditación que otorga la Autoridad Portuaria de Alicante, que exige un aval a primer requerimiento de 1,8 millones de euros, uno de los requisitos para poder pujar por la unidad productiva (no el único). La acreditación, tramitada desde la Secretaría General de la Autoridad Porturia de Alcante que dirige Josefa Meroño y la división de Dominio Público de Sergio Campos, se ha presentado fuera del plazo inicial (18 de marzo) previsto por la administración concursal para presentar sobres.

placeholder El centro comercial Panoramis se ubica junto a las láminas de agua del Puerto de Alicante. (Panoramis)
El centro comercial Panoramis se ubica junto a las láminas de agua del Puerto de Alicante. (Panoramis)

En previsión de subsanación de problemas burocráticos y con el objetivo de elevar la concurrencia y la competencia en favor del concurso, el juez debe decidir esta semana si amplía el plazo de presentación de ofertas hasta el 10 de abril, algo a lo que se ha opuesto Ramírez Castro, que aspira a cerrar la subasta para ser la única ofertante, pese a que hay otro aspirante, un grupo de hoteleros de Muro de Alcoi (Vilaplana Pérez Hermanos), en fase de tramitación de avales. Todavía podría aparecer además una tercera plica, según fuentes conocedoras del procedimiento.

Si Ortiz o Arias (Vectalia) tuviesen que pujar por la concursada de la que son socios tendrían que asumir toda la deuda que dejaron pendiente

Panoramis Marina de Poniente es una sociedad participada por Enrique Ortiz y el empresario del transporte Antonio Arias (Grupo Vectalia), entre otros, en el que han llegado a tener un porcentaje las familias Gómez-Trénor, Mora Figuerora o Sánchez de León. La mercantil acumula una deuda de 1,1 millones de euros con el Puerto de Alicante por incumplimientos en las obligaciones de la concesión y pasivos financieros de 3,4 millones con el Banco de Sabadell como principal banco acreedor (2,4 millones de euros impagados). También tiene cobros pendientes Ibercaja, Liberbank o EBN. La valoración de la unidad productiva (1,8 millones) está muy por debajo de esas cifras conjuntas, lo que ha hecho que el Sabadelll haya alegado en contra de la misma, aunque el juez ha desestimado su petición.

Foto: El empresario alicantino Enrique Ortiz a su llegada a los juzgados. (Efe)

El adjudicatario de Panoramis se quedará por tanto un centro comercial con una ubicación privilegiada en Alicante y, aunque tendrá que desembolsar 1,1 millones al Puerto como primer pago, dispondrá hasta 2040 para consolidar el negocio. Si Ortiz o Arias hubieran querido pujar directamente por la unidad productiva de la sociedad de la que son accionistas, y que llevaron voluntariamente a concurso de acreedores en 2012, tendrían que afrontar el grueso de la deuda, tal como marca el artículo 93 de la Ley Concursal. Sobre el papel, si Ramirez logra su objetivo, no tendrá que hacerlo porque Medimotors Gestión no presenta vínculos societarios ni de grupo empresarial con los actuales propietarios de Panoramis. Y eso que, para muchos en Alicante, Ortiz y Ramírez son como Isabel y Fernando: tanto monta, monta tanto. Hasta el punto de que el segundo ya ha anunciado que el yerno del primero, Javier Portillo, será su socio en su plan de asalto al Hércules: “Se incorpora conmigo a una sociedad que va a tirar del carro”, confesaba en declaraciones publicadas por el diario Información de Alicante.

Así se siguen haciendo los ‘business’ en Alicante.

Enrique Ortiz Selfa y Juan Carlos Ramírez Castro son amigos. No lo esconden. Se sientan juntos habitualmente en el palco del estadio del Hércules, el club que en 2014 descendió a Segunda B tras una nefasta temporada en lo deportivo y en lo económico. Allí se han dejado fotografiar, fumándose un puro mientras comentan los partidos de fútbol. El primero fue durante años el gran seductor de la política y la economía alicantina. Ahora se sabe que también era uno de sus grandes corruptores. Ha confesado que financió de forma irregular campañas del Partido Popular a través de trama Gürtel, ha sido procesado por amañar el PGOU de Alicante con apoyo de los exalcaldes Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, tiene causas pendientes por el caso Brugal y ha tenido que hacer desembolsos millonarios a Hacienda para sortear acusaciones de delito fiscal.

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