Golpe a las plataformas con pisos ilegales: una sentencia obliga a HomeAway a retirarlos

El Juzgado de lo Contencioso número 2 de Valencia ha dado un duro golpe a la oferta de apartamentos irregulares comercializada a través de plataformas digitales. El tribunal ha desestimado un recurso de HomeAway contra una sanción impuesta por la Agencia Valenciana de Turismo por no obligar a sus usuarios a incorporar a los datos de sus pisos o viviendas el número de registro que debe identificarlas como oferta turística en alquiler.

Tras un primer recurso de alzada rechazado por la vía administrativa, HomeAway recurrió al juzgado para tratar de anular el expediente sancionador. Sustentaba el recurso judicial en que su labor era simplemente ofrecer un servicio de información en línea y de alojamiento de datos facilitados por sus usuarios y que, por tanto, según la legislacion relativa a la sociedad de la información, esto le exime de responsabilidad sobre los contenidos alojados. "Ello implica que la recurrente no sea responsable de los contenidos que publican sus usuarios, pues se limita a albergar dichos contenidos, sin entrar a valorarlos ni participar en la creación o selección, siendo un mero intermediario técnico", señala el recurso de HomeAway sobre la legalidad de su oferta de apartamentos y viviendas en su web.

Esta circunstancia y el hecho de no controlar que los usuarios de las viviendas incorporasen el número de inscripción en el Registro de Empresas, Establecimientos y Profesiones Turísticas (un mecanismo autonómico de control de la legalidad de la oferta) motivó precisamente la sanción de 30.000 euros de la Agencia Valenciana de Turismo contra Homeaway y otras plataformas como Airbnb o Rentalia. En total, el departamento dirigido por el socialista Francesc Colomer inició 16 expedientes de infracción contra este tipo de plataformas. Algunas empresas subsanaron las deficiencias detectadas por la Administración valenciana, otras abonaron la sanción y algunas decidieron usar la vía judicial para enfrentarse a la AVT. Homeaway ha perdido la batalla en primera instancia. En febrero debe celebrarse otro juicio sobre un recurso de Rentalia y Airbnb, tras ver rechazado su recurso de alzada, debe decidir si acude también al Contencioso.

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Sin embargo, el fallo sobre Homeaway no augura buenas noticias para la costumbre de estas plataformas de Internet de ponerse una venda en los ojos sobre la legalidad de sus contenidos. La sentencia del tribunal valenciano considera legítima la obligación impuesta por la Generalitat de incluir un campo obligatorio para que los usuarios introduzcan el número de inscripción. Además califica a la operadora como "intermediaria" de una actividad económica y, por tanto, un agente más en el servicio turístico que debe acogerse a la Ley de Turismo de la Comunidad Valenciana y a sus prerrogativas sobre control de la oferta ilegal.

De hecho, tal como señala la propia resolución, la ley "deja claro que el número de inscripción en el registro de Empresas, Establecimientos y Profesiones turísticas asignado a cada vivienda turística debería constar en toda publicidad que los anuncie", al tiempo que señala que "la actividad recurrente consiste en la puesta a disposición de un portal web de búsqueda de alojamientos turísticos mediante la publicidad de los mismos que permite la puesta en contacto entre clientes o usuarios interesados en ofrecer y demandar viviendas para uso turístico, realizando las reservas de alojamiento a través de su plataforma".

Ante esta sentencia, Colomer ha remarcado que "el juez es muy claro en sus argumentos y constata que la conducta sancionada consiste en no incluir en la publicidad de los alojamientos turísticos publicitados en su plataforma el numero de inscripción en el registro, y dicha obligación es de índole formal y perfectamente controlable por la recurrente, basta con incluirla como campo obligatorio a rellenar por los usuarios que pretendan publicitar sus alojamientos en su plataforma, que es exactamente lo que nosotros estamos demandando desde la administración".

Por todo ello, el secretario autonómico de Turismo apuntó que "es un día muy importante", al tiempo que señaló que "hay que darle valor a esta decisión y a lo que supone en nuestra lucha contra el intrusismo profesional y la competencia desleal". En este sentido, afirmó que "los gigantes globales, estas plataformas digitales que operan a través de Internet, no pueden quedarse al margen de la responsabilidad cuando somos todos conscientes de que existe un gran problema de economía sumergida".

De hecho, Colomer recordó que "no es un problema que únicamente afecte a esta comunidad, sino que se trata de un problema global", mientras insistió en que "nosotros no nos hemos puesto nunca de perfil sino que, como Gobierno, hemos abierto los expedientes que han sido necesarios para estar al lado del empresario reglado, de aquel que tributa, que crea riqueza y ocupación, así como del consumidor, que puede verse afectado por las malas prácticas de quien no es legal". Por eso, finalizó señalando que "el modelo legal es el único que tiene cabida en la Comunitat Valenciana".

Homeaway tendrá que recurrir al Tribunal Supremo para tratar de sentar jurisprudencia para modificar el fallo, para el que no cabe recurso en segunda instancia. La sentencia sienta un precedente en la pugna que Airbnb, HomeAway y otras intermediarias de apartamentos mantiene con distintas administraciones. Madrid o Barcelona también iniciaron expedientes sancionadores, aunque Airbnb ganó una primera batalla en el Contencioso contra la Generalitat de Cataluña, que la denunció por considerarla una web ilegal.