Más presión sobre Airbnb: Valencia quiere subir el IBI a dueños de viviendas turísticas
El consistorio valenciano no aplicará tasas que graven esta actividad (a diferencia de Madrid), pero sí explora vías para ajustar el IBI a pagar por los que se lucren con el uso turístico de su inmueble
¿Por qué un propietario de una vivienda destinada al uso residencial debe pagar los mismos impuestos que otro que hace negocio con ella? Es lo que plantea el alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), partidario de diferenciar estos dos supuestos y realizar los ajustes correspondientes en concepto de IBI. De esta manera, las personas que estén lucrándose con su inmueble vía Airbnb (entre otras plataformas) deberán pagar más cuando reciban la factura del impuesto sobre bienes inmuebles.
"Estamos estudiando cómo se podría hacer", explica el alcalde a este periódico tras descartar una tasa para las viviendas turísticas como la que está preparando el consistorio madrileño. La idea de Manuela Carmena es poner el foco en unos apartamentos que no pagan impuestos por su actividad —a diferencia de los hoteles— y conseguir que una parte del beneficio del arrendador revierta en el municipio. Ribó prefiere tener identificados a los que sacan rédito económico para aplicarles un tratamiento fiscal específico, pues "tiene sentido" que tribute más quien saca un beneficio económico.
[Cómo reclamar en Airbnb si eres dueño o huésped de la casa]
¿El problema? "La rigidez de la Ley de Financiación Local". El margen de maniobra de los ayuntamientos es muy limitado si hablamos de introducir cambios en el IBI, asiente Ribó. No está claro hasta qué punto sus pretensiones son compatibles con la citada regulación, aunque el consistorio valenciano ya está trabajando para explorar alternativas. Valencia se convertiría así en la primera ciudad de España que ajusta el impuesto sobre bienes inmuebles para las viviendas turísticas, si bien sus vecinas ya se han puesto manos a la obra para combatir los efectos de la turistificación.
Ada Colau inició la cruzada contra Airbnb en Barcelona, uno de los destinos más saturados, con sanciones de hasta 600.000 euros por anunciar pisos turísticos ilegales en su página web. Y lo hizo después de que la Generalitat traspasase el poder de inspección y control al propio consistorio. Si ponemos el foco en la capital, al 'tasazo' del ayuntamiento de Madrid se suma su intención de limitar el tiempo de alquiler de las viviendas ilegales.
"Queremos que los usuarios solo puedan alquilar la casa donde viven. Hay empresas inmobiliarias que han comprado 30, 40 o 50 pisos y los han metido en el circuito como si fuera economía colaborativa cuando en realidad es un negocio como la copa de un pino", señaló Luis Cueto en unas jornadas organizadas por Exceltur. El coordinador del consistorio de Madrid añade que a partir de ahora se denegarán los permisos para que viviendas residenciales se conviertan en inmuebles de uso hotelero, una medida con la que pretende "evitar que a los madrileños se les siga expulsando de la ciudad".
Por su parte, el consistorio valenciano viene reclamando cambios en la regulación estatal para homologar el tratamiento legislativo y fiscal de los apartamentos turísticos, pero a la vez está ultimando una batería de medidas para tratar de poner orden en una actividad en auge que, de momento, no alcanza niveles de problema social en Valencia como está ocurriendo en Barcelona. La Concejalía de Turismo, tutelada por la teniente de alcalde socialista Sandra Gómez, recibió ayer un estudio demoscópico sobre la percepción ciudadana de la afluencia de turistas que revela que el 80% de los residentes valencianos ve con buenos ojos la llegada de visitantes y no observa hasta ahora conflictos con sus rutinas ciudadanas.
Valencia recibió en 2016 casi dos millones de visitantes, que generaron 4,5 millones de pernoctaciones. “Una gran mayoría ve esto como un elemento generador de riqueza. Queremos convivir con el turismo y que la gente no lo vea como un enemigo. Pero también debemos aprender y anticiparnos a los errores y problemas que han sufrido o sufren otras ciudades”, señalan a El Confidencial desde el área de Gómez.
Londres o Ámsterdam, espejos donde mirarse
En este sentido, Turismo trabaja en un plan que prevé presentar en breve, quizás la semana que viene, y que tiene dos grandes líneas principales de actuación . La primera es de regulación. El consistorio que dirige Joan Ribó quiere aprovechar la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que tiene en marcha para introducir la figura del uso vacacional de las viviendas y controlar su densidad por barrios. O lo que es lo mismo: establecer límites por zonas de los pisos que pueden ser registrados como turísticos para evitar situaciones de expulsión de residentes tradicionales que ya se están produciendo en distritos como el de Ciutat Vella.
Valencia también quiere regular el uso turístico de las viviendas a través del PGOU para poder controlar la densidad de la oferta por barrios
Ahora hay bajos y primeros pisos dedicados a actividades económicas (comercios, peluquerías, bufetes de abogados, etc.) porque el PGOU permite usos terciarios. El uso turístico o vacacional está contemplado, pero para edificios enteros, por lo que en realidad los apartamentos en alquiler se mueven en un cierto limbo dentro de las ordenanzas municipales.
El departamento de Gómez trabaja en adecuar el Plan General a la nueva realidad y baraja añadir además mecanismos de control sobre la oferta de alquileres para evitar distorsiones en el mercado, como limitaciones al número de días que puede ofrecerse un inmueble en las plataformas digitales como Airbnb o Homeaway. Se trata de una iniciativa que funciona con relativo éxito en otras ciudades europeas como Londres o Ámsterdam.
La segunda línea de trabajo es la de control del cumplimiento de las futuras nuevas ordenanzas o regulaciones. La Concejalía de Turismo ha pedido a la autonómica Agencia Valenciana de Turismo que ceda competencias sancionadoras a los ayuntamientos, al igual que ocurre en Barcelona.
Sanciones más duras para Airbnb y HomeAway
El ‘president’ valenciano, Ximo Puig, presentó la semana pasada la Ley de Ocio, Hospitalidad y Turismo junto al director de la AVT, Francesc Colomer. El nuevo texto endurece el régimen de sanciones a quienes incumplan la norma, un cambio dirigido a ejercer mayor presión sobre las plataformas digitales de alquiler de inmuebles.
La Generalitat impuso el pasado mes de marzo la multa máxima a portales como Airbnb, HomeAway y Rentalia por mantener en su web viviendas irregulares, que no están registradas como turísticas y que, por tanto, no ofrecen garantías de cumplimiento de las obligaciones requeridas para este tipo de productos turísticos. Sin embargo, esa sanción máxima que ahora contempla la legislación autonómica es de apenas 30.000 euros, una cantidad muy asequible para las plataformas incumplidoras, más allá del daño reputacional que tiene sobre ellas el ser apercibidas públicamente.
Fuentes municipales sostienen que recibir la capacidad sancionadora permitiría al Ayuntamiento de Valencia ser mucho más eficiente en la exigencia del cumplimiento de las nuevas ordenanzas, pues podría poner multas e incluso ordenar el cierre de las viviendas turísticas irregulares.
¿Por qué un propietario de una vivienda destinada al uso residencial debe pagar los mismos impuestos que otro que hace negocio con ella? Es lo que plantea el alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), partidario de diferenciar estos dos supuestos y realizar los ajustes correspondientes en concepto de IBI. De esta manera, las personas que estén lucrándose con su inmueble vía Airbnb (entre otras plataformas) deberán pagar más cuando reciban la factura del impuesto sobre bienes inmuebles.
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