Eiffage, en la picota: colapso procesal por las llamas en la Ciudad de la Justicia de Valencia

Juan Carlos Mompó fue premiado la pasada primavera como el juez más eficiente de España por el Consejo General del Poder Judicial. Su juzgado, el de Instancia Número 1 de Valencia, puede presumir de ser uno de los que menos causas acumulan, gracias a una buena organización interna. Sin embargo, mantener sus ratios va ser tarea hercúlea este otoño. Este juzgado ha sido uno de los cuatro afectados por el misterioso incendio que este domingo ha devastado la segunda planta de la Ciudad de la Justicia, el edificio que alberga el grueso de las dependencias judiciales de la provincia y de la Comunidad Valenciana, y que ha tenido que ser desalojado y clausurado para la actividad como consecuencia del humo y los efectos de papel y plásticos calcinados.

Más graves que el bloqueo de vistas y plazos son los centenares de expedientes calcinados que habrá que reconstruir. La tarea puede durar meses

La Conselleria de Justicia y la Policía Científica investigan las posibles causas del incendio. Los primeros datos apuntan a un cortocircuito en el Juzgado de Primera Instancia Número 3, el más castigado. La llamas se extendieron a los juzgados 1, 2 y 4 sin que las alarmas localizadas fuesen suficientemente audibles. El estado de los sistemas eléctricos y las carencias de seguridad han llevado a la 'consellera' Gabriela Bravo a anunciar una investigación de la labor que realiza la contrata de mantenimiento, Eiffage Infraestructuras, la filial española de la multinacional francesa del mismo nombre. El edificio fue inaugurado hace 14 años. Eiffage asumió la labor de mantenimiento del inmueble el pasado 15 de mayo en virtud de una cesión de contrato por parte de Concentra Servicios y Mantenimiento. Esta compañía era la titular de la adjudicación, pero optó por traspasar el contrato a la compañía gala por problemas económicos que la han llevado a solicitar voluntariamente el concurso de acreedores. La cesión de contrato fue autorizada por Justicia. Aunque asumió obligaciones en mayo, el contrato se hizo efectivo el pasado 5 de septiembre.

También han llovido críticas a la Generalitat valenciana. El delegado de prevención de riesgos del Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Luis García, en representación de la mayoría de sindicatos de Justicia, ha advertido de que el último simulacro de incendios en las instalaciones tuvo lugar "hace más de una década, y la mayor parte del personal es nuevo desde entonces", al tiempo que ha recalcado que en la Ciudad de la Justicia trabajan entre semana 1.000 personas y recibe una afluencia diaria de 8.000 personas.

"Los planes de evacuación están obsoletos por completo desde hace más de 10 años. La gente no conoce el plan de evacuación, los puntos de encuentro o las salidas, que además están precintadas", ha lamentado en declaraciones a Europa Press, antes de añadir que dichos planes "están colgados en la intranet, pero no publicitados". Se trata del segundo siniestro con fuego en pocos meses. Este verano se produjo otro conato en una sala que alberga gases inflamables que obligó a desalojar el inmueble.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Pilar de la Oliva, se ha visto obligada a firmar una diligencia paralizando ‘sine die’ la actividad judicial y bloqueando, por tanto, todos los plazos procesales desde la noche de este domingo 10 de septiembre. A su vez, ha decretado la suspensión de todas las actuaciones, vistas y demás actos judiciales a celebrar en el edificio, a excepción de las relativas a los juzgados de Guardia y los de la Violencia contra la Mujer, “hasta que se normalice la situación y a la espera de los informes técnicos de organismos pertinentes”.

Este bloqueo va a contribuir a elevar la acumulación de causas en unas dependencias ya de por sí asfixiadas por la escasez de medios y la abundante litigiosidad que recibe. Solamente en cláusulas suelo, el Juzgado de Primera Instancia 25 bis de Valencia ha recibido más de 2.000 demandas desde que fue habilitado el pasado mes de junio como instructor especializado para este tipo de procedimientos.

La causas que ya estaban en marcha sufrirán aplazamientos. Fuentes judiciales señalan especialmente los casos de señalamientos de juicios de lo Social, pues cada día pueden celebrarse más de una decena. Ahora habrá que buscar nuevas fechas para poder convocarlos. Lo mismo ocurre con el resto de vistas previstas. También ha quedado cerrado al público el Registro Civil, por lo que los ciudadanos que tienen trámites pendientes tendrán que esperar para poder realizarlos.

En cualquier caso, diversas fuentes coinciden en señalar que lo más complicado y costoso en tiempo va a ser reconstruir los centenares de expedientes que han quedado totalmente calcinados o dañados por las llamas y el humo. Esa tarea puede llevar meses.

La investigación realizada por la Brigada de Policía Científica ha concluido que el incendio de la Ciudad de la Justicia de Valencia tuvo un origen "accidental" y ha descartado que tuviera nada que ver con fallos en el sistema eléctrico. El informe policial no atribuye ninguna responsabilidad ni a la empresa de mantenimiento (Eiffage Infraestructuras) ni a las contratas que trabajan para la Conselleria de Justicia. El contenido de la investigación fue divulgado el pasado 26 de septiembre por la 'consellera' Gabriela Bravo y en él se atribuye el incendio a una "incidencia eléctrica" en los aparatos electrónicos que había en las dependencias del Juzgado de Primera Instancia número 3, donde se originó el fuego. Las alarmas funcionaron y las puertas de seguridad se cerraron automáticamente, lo que evitó daños mayores. Lo que ha quedado en evidencia es que la reacción antiicendios fue tardía porque las alarmas resultaron inaudibles al tratarse de un día festivo y estar las dependencias vacías.