La Generalitat pagó 230.000 euros al perito del accidente del metro de Valencia

El 23 de febrero de 2007, el perito judicial Andrés María Cortabitarte terminó su informe sobre el accidente de metro de Valencia, una investigación que achacó la tragedia al exceso de velocidad y, por tanto, apuntaba al maquinista fallecido como único responsable. El documento se convirtió en una pieza clave para que las autoridades ferroviarias y políticas no fueran imputadas, permitiendo a su vez que el procedimiento se archivase el 15 de marzo de ese mismo año, 20 días después de la entrega del mismo. El coste de ese informe y los honorarios del peritaje nunca se hicieron públicos. Pero según ha podido saber El Confidencial, la Dirección General de Justicia, que depende de la Consellería de Justicia de la Generalitat Valenciana, fue la encargada de pagar 231.717 euros a Cortabitarte por su investigación, una cifra que algunas fuentes consultadas consideran excesiva y que el beneficiario asegura que estaba justificada.

El perito cobró esta cantidad en dos pagos distintos: el primero, de 114.563,11 euros, se produjo el 19 de noviembre de 2010, y en el documento al que ha tenido acceso este diario se explica como "honorarios por el informe del accidente del metro"; el segundo, de 158.862,95 euros y fechado el 26 de mayo de 2011, va acompañado de la misma frase. Ambos se corresponden con una factura única remitida en 2010. El 18% de este pago correspondería al IVA, 41.709,5 euros, y un 16% al IRPF, 43.757,44 euros. Se trata, por tanto, del dinero que Cortabitarte habría exigido por las pesquisas que llevó a cabo hasta febrero de 2008, fecha en la que la Audiencia Provincial ratificó el archivo del procedimiento.

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Más allá de la cantidad, cabe señalar la paradoja de que fuese la misma Administración a la que se cuestionaba por el accidente la que tuviese que pagar la investigación, y es que la Conselleria de Justicia es la encargada de abonar el coste de los informes periciales que solicitan los jueces de la Comunidad Valenciana. Por otro lado, el hecho de que Andrés Cortabitarte hubiese sido nombrado director de Seguridad de Adif en septiembre de 2006, poco después de que se produjera el accidente, tampoco fue visto con buenos ojos por parte de las víctimas. Preguntado por El Confidencial al respecto, Cortabitarte defiende su investigación y justifica los honorarios:

• Lo primero que insiste en explicar es que el pago no solo responde al primer informe, sino a todas las labores que le ha encomendado el Juzgado de Instrucción Número 21 de Valencia desde 2006. Según afirma, se trata del único dinero que ha cobrado hasta el día de hoy por su peritaje, "habiéndose realizado las correspondientes ratificaciones y aclaraciones complementarias en sala".
• Cortabitarte afirma además que buscó "valoraciones periciales de varios colegios profesionales", y que obtuvo el precio final a partir de una fórmula que contemplaba tanto el tiempo de trabajo como la complejidad del caso. Entre los valores que abordaba la misma, cabe señalar las 1.000 horas que habría empleado "tanto en los informes como en ratificaciones", así como la dificultad que conllevaba el peritaje, otro aspecto que subraya en su argumentación.

Pese a las explicaciones de Cortabitarte, fueron muchas las críticas que provocó su informe, destacando en este sentido las quejas de los familiares de los fallecidos. "Nosotros no entendíamos que solo tuviese en cuenta la velocidad y que no contemplase en ningún momento la falta de medidas de seguridad. Veíamos una responsabilidad que iba más allá del conductor, que iba hasta los directivos de FGV", señala a este diario Rosa Garrote, presidenta de la Asociación de Víctimas. "Una vez visto el informe, es cuando empezamos a dudar de su profesionalidad. Si no de su capacitación, por lo menos del informe en sí", añade. La presidenta considera "absurdo que el perito concluyese que no había ningún desperfecto en el vagón o en las vías que pudiese haber influido en el accidente", ya que "no acudió al túnel a inspeccionar los elementos hasta noviembre". Según explica, el 5 de julio, dos días después de la tragedia, la línea 1 del metro ya circulaba con normalidad, por lo que no entiende "qué pretendía encontrar cuatro meses después".

En junio de 2007, la propia magistrada del Juzgado de Instrucción Número 21 ordenó a Cortabitarte llevar a cabo una ampliación del informe en el que analizase las instalaciones de seguridad, pero una vez más sus conclusiones descartaron la imputación de persona alguna. El 17 diciembre de 2007, se archivaba el caso de nuevo, decisión que ratificó la Audiencia Provincial el 7 de febrero de 2008. Diez meses después, Cortabitarte entregaba la factura proforma de su peritaje a la Dirección General de Justicia y Menor, dependiente de la Consellería de Justicia. En 2010, llegó la factura definitiva y el primer cobro.

Como exdirector de Seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte acaba ser citado como investigado (imputado) por el juez que investiga el accidente del Alvia de Angrois que se produjo el 24 de julio de 2013 y que costó la vida a 80 personas. "Existen indicios suficientes para estimar que, por lo menos por parte de Adif, no se hizo todo lo posible para mitigar el riesgo que desembocó en el resultado finalmente producido", dice ahora el juez. En el auto judicial, el magistrado hace al perito del accidente del metro de Valencia presuntamente responsable a título de autor de los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave en dicha tragedia.